Santa Cruz de La Palma (Canarias), 16 de septiembre de 2017 / Información del Diputado del Común / Gabinete de Prensa.
La jurista Isabel Aguilar, quien reconociera su situación de salud públicamente Tras haber atravesado tiempo atrás anorexia nerviosa, se ha visto obligada a solicitar amparo ante distintas administraciones e instituciones. Todo ello por posible vulneración a la intimidad respecto al tratamiento de su Historia Clínica (HC) por parte del Servicio Canario de Salud (SCS). “Me he quedado sin palabras cuando el pasado mes de junio de repente, aparecí sin médico asignado y tuve que acreditar que era residente en España. Mis datos aparecieron de forma errónea a cómo se habían aportado en un primer momento. Aparecían de una forma muy confusa y llegándose a mezclar con datos de los que yo no era titular y que jamás había ofrecido ni aparecían originariamente en el fichero informático”.
Aseguró además que, “el tratamiento de mi HC en el HUC, considero que no ha sido el óptimo. Y por el hecho de trabajar y ser conocida en el sector, siempre fue algo que vigilaba, ya que esto unido a sufrir una situación de salud mental, no me ofrecían las mayores garantías”, manifestó. Dijo además, que no quiere por el momento, ofrecer más indicadores acerca de este asunto, “quiero y necesito plantearme de forma serena si tiene relevancia penal a fin de acudir a sede judicial”. Hay que recordar que el simple acceso a la HC, sin autorización pudiera tener contenido penal.
Por si esto fuera poco, como muchos usuarios de la Sanidad en Canarias, “muchas veces la recuperación, para casos como mi situación, requiere de pruebas y tratamiento especializado donde el factor tiempo es esencial. Por tanto, lo que no se puede permitir es que te pongan en una lista de espera cerca de medio año”, aseguró. “Me he visto obligada a recurrir a la Sanidad privada, ya que era posible que para cuando llegara final de año el especialista al que me habían derivado, aseguraban los profesionales, no hubiera podido pautar tratamiento porque tal vez ya no hubiera tenido sentido y hubiera podido tener consecuencias negativas”. Dijo que “afortunadamente, el esfuerzo del médico de familia con el sistema privado han traído buenos resultados, pero no es una situación resuelta, ya que no se puede estar vigilando un tratamiento cada tres o seis meses en la vía privada”.
Debido a sendas situaciones “decidí exigir explicaciones ante distintas instancias. He acudido directamente a la gerencia del HUC y a la Consejería de Sanidad. Y, también he solicitado la intervención del Diputado Del Común, que está abordando ambos asuntos y que ya ha pedido informes a Sanidad”.
Insistió, además, en no entender el comportamiento de la responsable máxima del HUC, pues, “Si manifiestas poniendo en valor el Servicio que te atendió, la gerencia te envía una misiva de agradecimiento, pero si persistes en tus reclamaciones por vulneración de derechos, tardan medio año en contestar en el mejor de los casos”. En la misma línea, indicó que, “me pregunto si es este el sistema que realmente queremos y si quiénes no permanecemos impasibles, nos merecemos esto”.
Subrayó, asimismo, que “quienes hemos sufrido situaciones vinculadas a la Salud Mental, ya no somos los excluidos de la sociedad, tenemos firme capacidad de decisión y con nuestras denuncias contribuimos a la mejora del Sistema”, aseguró. “No pretendo ninguna complacencia ni paternalismos por parte de nadie. Sólo el reconocimiento de unos derechos y que situaciones tan irresponsables desde la gerencia del HUC, no se den”, refiriéndose a la tardanza en contestar. “Y tal vez a un posible silencio a fin de que desistas. Lo que se traduce a mi entender en una clara opacidad, que no deberíamos permitir”, concluía.
