Bruselas, 23 de marzo de 2011 | Economía | Gabinete de Prensa.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha iniciado las negociaciones con la Unión Europea para situar a Canarias en buena posición de cara al próximo marco presupuestario (2014-2020) y la renovación de las Directrices de Ayudas de Estado. Rodríguez se trasladó a Bruselas con el viceconsejero de Economía y Asuntos Europeos, Ildefonso Socorro, para mantener tres reuniones en distintos departamentos de la Comisión Europea con el objetivo de intensificar los trabajos que se están realizando para posicionar a Canarias en buen lugar para el próximo reparto de fondos y sobre la inminente revisión de las Directrices de Ayudas Regionales. “Las negociaciones en Bruselas no pueden bajar su intensidad por la coyuntura política autonómica o estatal”, explicó Rodríguez, quien ha incluido el impulso a los asuntos canarios en Europa entre las prioridades de la Consejería hasta el fin de la presente Legislatura.
Entre los asuntos de mayor relevancia que ya están en movimiento y que afectan de forma determinante al futuro de Canarias está la definición del nuevo marco presupuestario para el septenio 2014-2020, cuya primera propuesta se espera para finales del mes de junio. Para este periodo, Canarias aspira a mantener un nivel de intensidad en la distribución de fondos europeos similar al reconocido para el periodo 2007-2013. “Es un objetivo difícil porque hemos avanzado mucho en los niveles de desarrollo, pero los problemas estructurales que afectan a nuestra economía siguen persistiendo y justifican el mantenimiento de políticas de cohesión e instrumentos específicos”, indicó el consejero quien trasladó este mensaje al director general de Política Regional de la Comisión Europea, Dirk Ahner, y con la jefa de la Unidad RUP, Ana-Paula Laissy.
De igual modo, Canarias espera mantener la línea de cooperación transnacional específica con Azores y Madeira (MAC) y la inclusión en el programa de Vecindad con Marruecos. “Se trata de proyectos en los que el archipiélago se relaciona con su entorno más próximo, potenciando los aspectos que nos unen y compartiendo experiencias que permiten aprender unos de otros para avanzar más y mejor”, indicó. Además, el archipiélago aspira a que se mantenga el programa de Gran Vecindad con Senegal, Mauritania y Cabo Verde, “promoviendo mejoras en su aplicación para aumentar su eficacia”, explicó el consejero.
Otra de las principales metas del Gobierno canario de cara al próximo marco presupuestario es el mantenimiento del Fondo RUP pero con unas reglas más flexibles para su mejor aprovechamiento. “Podemos sacarle mayor rendimiento a estas partidas europeas, especialmente en momentos de crisis como el que estamos viviendo”, afirmó Rodríguez, para quien resultaría muy interesante que la UE se plantease flexibilizar el reparto entre gastos de inversión y funcionamiento provenientes del Fondo RUP. De este modo, podría utilizarse este fondo para financiar sobrecostes sanitarios o necesidades de inversión para el lanzamiento de líneas de transportes con terceros países, entre otros usos de interés estratégico para Canarias.
AYUDAS REGIONALES
La inminente revisión de las Directrices de Ayudas Regionales es otro de los bloques que actualmente centra la atención del Gobierno de Canarias en el marco europeo. “Dependiendo de la calidad del trabajo que se realice ahora, se contará con un escenario más o menos propicio para renegociar con la UE las principales herramientas e incentivos autorizados por las instituciones comunitarias para su aplicación específica en Canarias”. Estos mecanismos particulares, entre los que se encuentra el Régimen Económico y Fiscal y entre otros, contribuyen de forma vital a mejorar la capacidad competitiva de Canarias respecto a las empresas radicadas en territorio continental.
“La próxima legislatura será decisiva, pero si no trabajamos desde ahora en estas materias, será mucho más difícil llevar a buen término las negociaciones”, explicó Rodríguez quien apreció la buena recepción que las legítimas reivindicaciones canarias tienen en el seno de la Comisión Europea, tras su encuentro con el responsable de las Ayudas de Estado de la Dirección General de la Competencia, Gert-Jan Koopman.
En esta reunión, el consejero también conversó sobre la situación específica de dos expedientes: prórroga hasta el año 2013 del Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, y la modificación de la Zona Económica de Canarias (ZEC) para aumentar la efectividad de este incentivo que pretende atraer al archipiélago inversión productiva y vinculada directamente a la generación de empleo.
Rodríguez también aprovechó sus reuniones en la Comisión Europea para interesarse por expedientes importantes como la renovación de las suspensiones arancelarias, “que avanza a buen ritmo y de forma favorable para los intereses de Canarias”, explicó el consejero tras su encuentro con el director de Política Aduanera, Legislación y Arancel Aduanero de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, Miroslaw Zielinski. Este mecanismo permite a las empresas canarias importar una serie concreta y limitada de productos desde países no integrados en la UE sin pagar a la entrada en el territorio comunitario el Arancel Aduanero Común, lo que mejora las posibilidades competitivas de las empresas radicadas en las islas al ver compensado parte del sobrecoste que la importación de materias primas supone en un territorio alejado del continente y fragmentado como es Canarias.
Contamos con un marco normativo en el Tratado de Lisboa que reconoce la necesidad de atender de forma diferenciada la realidad de las regiones ultraperiféricas, indicó Rodríguez. “La UE exige constancia y Canarias está sometida a continuos exámenes por parte de las instituciones europeas en los que debemos demostrar que los mecanismos que han puesto a nuestra disposición son útiles y cumplen con el propósito para el que fueron creados”, afirmó. Todos estos instrumentos tienen como principal misión ayudar a compensar parte de los sobrecostes que la situación y condiciones geográficas de este archipiélago generan en la economía canaria. Según el último análisis de la Fundación Tomillo, actualmente asciende a 6.000 millones de euros anuales.
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