· La Consejería de Industria lamenta sin embargo que Soria cargue el 40% del déficit eléctrico en los ciudadanos al tener que pagar doblemente como consumidores de electricidad y como contribuyentes
· Canarias entiende que la medida es un ajuste económico que recae sobre el que menos tiene y que carece de consenso y no contenta a nadie
Canarias (España), 14 de julio de 2013 / Emprendedores - Economía / Gabinete de Prensa.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, celebra que “por fin Canarias tenga una nueva tarifa para las renovables que haga atractiva la inversión a las empresas” y pone en valor que “se trata del fruto de un trabajo largo, riguroso y de consenso entre el Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Energía”.
La titular del área, Francisca Luengo, entiende que “después de varios meses de gestiones en el Ministerio de Industria con el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y tras el año de retraso que llevamos desde que se suspendió la prima a las renovables en Canarias, podemos asegurar que llegamos al final del capítulo de gestión y abrimos la primera página del de inversión, porque con este paso se da luz verde a la llegada de unos 600 millones en inversión en renovables y la creación de 3.500 empleos”.
Explica Luengo que “por cada 15 millones de euros que se inviertan en el sector de las renovables ahorramos al sistema 150, por tanto es indiscutible la necesidad de desarrollar estas energías en las Islas”.
Sin embargo, añade que “esta reforma que ha explicado el ministro carga el 40% del déficit eléctrico en los ciudadanos, que esta vez van a pagar por partida doble: como consumidores de luz y como contribuyentes”.
Se trata de “un ajuste económico tal y como le ha pedido la UE a Rajoy para recuperar el dinero prestado a España, y que está incluido en los 26.000 millones del Plan de Reformas que presentó Rajoy”.
Explica la consejera que “de los 4.500 millones de déficit, 2.700 recaen sobre las empresas –a las que se les garantiza por ley que tendrán beneficios- y 1.800 divididos en dos paquetes de 900 millones en los ciudadanos a través de dos vías: la directa en el recibo de la luz y la de los presupuestos del Estado vía impuestos, es decir, pagan por consumir luz y pagan con sus impuestos”.
Luengo asegura que “se trata de una medida que no contenta a nadie y que carece de consenso, y el recorte a las empresas provocará que la calidad del suministro se vea afectada al haber menos inversión”.
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