Telde, 26 de septiembre de 2011 | Amnistía Internacional | Gabinete de Prensa.
La protección de los defensores y defensoras de derechos humanos se ha convertido, hoy más que nunca, en una de las prioridades en el trabajo de Amnistía Internacional. Ante la realidad de estas personas, fundamentales en la defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional consideró esencial la creación de un Programa de apoyo a los Defensores de Derechos Humanos en peligro, con el que se apoya a que determinados defensores/as de derechos humanos amenazados puedan salir temporalmente del país.
Los objetivos de este Programa son:
• Proteger temporalmente a un reducido número de defensores/as del peligro inminente de violación y abuso contra sus derechos fundamentales.
• Promover a que los/las defensores/as de derechos humanos continúan su trabajo en favor de los derechos humanos, mediante actividades vinculadas a este fin, en un contexto de seguridad
• Ofrecer la oportunidad a el/la defensor/a en peligro de recuperarse de las intimidaciones o violaciones a las cuales ha sido sujeto.
• Concienciar a la sociedad sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos en otras partes del mundo, intercambiando experiencias y formación entre los/las defensores/as de derechos humanos y la comunidad del país que les recibe.
La Sección Española puso en marcha el Programa de Protección Temporal de Defensores de derechos humanos en 1998. Desde entonces, más de 40 defensores y defensoras con sus familias han llegado al Programa, siendo acogidos por los Grupos de la Sección Española. Los gastos de la estancia del defensor/a durante el Programa se asumen desde el Secretariado Estatal.
El tiempo máximo de participación en el Programa es de un año. En algunas ocasiones el defensor/a decide quedarse en España, porque sus condiciones de seguridad no han mejorado. Siempre, sea cual sea la opción tomada, es una decisión complicada. Si el defensor decide quedarse en España, AI apoya en las gestiones para la renovación de sus permisos de residencia por un año más. Pero finaliza cualquier otro tipo de apoyo.
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lunes, 26 de septiembre de 2011
Vladimir Angulo Yuviza Martínez. Colombianos.
Vladimir Angulo es miembro del PCN (Proceso de Comunidades Negras) coalición de más de 80 organizaciones de afrodescendientes que trabaja principalmente en los departamentos colombianos occidentales de la costa del Pacífico, como el del Valle del Cauca, la costa del mar Caribe y otras regiones. Se fundó en 1989 y se centra en conseguir el respeto por los derechos humanos de estas comunidades, la desaparición de actitudes racistas y de discriminación, y el reconocimiento de sus derechos a la tierra.
El trabajo de Vladimir y Yuviza dentro de la organización se ha centrado muy especialmente en los jóvenes, con los que se trata de evitar que se introduzcan en el tráfico y consumo de drogas, y que terminen, así, vinculados grupos armados. Con este objeto, se crean programas de estudio y acceso a la universidad.
A raíz de la publicación de unos informes sobre su labor, Vladimir sufre amenazas e intentos de secuestro y asesinato. Uno de sus hermanos murió asesinado. Poco menos de un año después de contraer matrimonio, a través de la intermediación de AI Canadá, Vladimir y Yuviza logran salir de Colombia mediante su integración en el Programa Defensores de AI España.
Mientras están fuera de su país por su situación de riesgo, tienen como objetivo conseguir apoyo para PCN y conseguir el reconocimiento de su organización a nivel internacional.
“La reivindicación de la comunidad negra va adquiriendo cada vez más peso. Nuestra Constitución contempla una serie de derechos inherentes también a la comunidad negra, pero lo cierto es que actualmente aún no se cumplen. Estas agrupaciones luchan para que la situación cambie”.
“PCN tiene como objetivo trabajar por la afirmación del ser, el territorio, el derecho a ser, el derecho a elegir un futuro y el mantenimiento de la solidaridad. Todo esto como principios innegables de vida, ancestralidad e identidad de las comunidades negras de Colombia”.
“Creo que el logro más grande del trabajo que desarrollábamos en las zonas rurales con los jóvenes es el hecho de haber conseguido despertar en éstos interés por la vida y los derechos humanos. Y que reconocieran su valía y entendieran que tenían el derecho a hacerse respetar y a su territorio, sin necesidad de formar parte de ningún grupo armado”.
LA GRAVE SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: DECLARACIÓN ESCRITA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL 13º PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU (1‐26 DE MARZO DE 2010)
Telde, 26 de septiembre de 2011 | Derechos Humanos | Gabinete de Prensa.
Amnistía Internacional ha presentado al 13º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
una declaración escrita con una breve descripción de los motivos de preocupación de la organización referidos a Colombia. La presente declaración aporta información adicional sobre la grave situación a la que se enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos en ese país.
Amnistía Internacional manifiesta en primer lugar su satisfacción por la invitación del gobierno a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret
Sekaggya, para visitar Colombia en el año 2009.
Amnistía Internacional comparte los muchos motivos de preocupación de la relatora especial con
respecto a la grave situación que viven en Colombia los defensores y defensoras de los derechos
humanos y otros activistas,1 y espera con interés la presentación de su informe sobre la visita al país a
este periodo de sesiones del Consejo. Las recomendaciones de la relatora especial podrán servir de
orientación básica para la adopción de medidas efectivas en los niveles legislativo, administrativo y
político para mejorar la situación.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Colombia a que actúe con prontitud sobre las
recomendaciones de la relatora especial, y a que proporcione información al Consejo de Derechos
Humanos en su 13º periodo de sesiones sobre el modo en que tiene previsto actuar sobre ellas y
sobre el momento en que informará de nuevo al Consejo sobre su implementación.
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia desempeñan desde hace
largo tiempo un papel fundamental en la denuncia de los abusos y en el apoyo a las víctimas, pero
siguen pagando un precio muy elevado por realizar su legítimo trabajo.
A causa de su trabajo, los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias siguen
siendo víctimas de homicidio, secuestro, desaparición forzada, amenazas, estigmatización,
hostigamiento, detención arbitraria, vigilancia, exilio o la irrupción en sus lugares de trabajo y el robo
de información sensible sobre casos. Otras personas asociadas con investigaciones criminales sobre
casos emblemáticos de derechos humanos, como testigos, fiscales, abogados y magistrados,
continúan también siendo víctimas de amenazas y homicidios.
Durante los últimos años se ha experimentado un preocupante incremento en el uso de las amenazas
de muerte contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esas amenazas se atribuyen
en su mayor parte a grupos paramilitares, pero también a instituciones del Estado. Son motivo de
grave preocupación para Amnistía Internacional los informes sobre la participación de entidades
estatales, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –el servicio civil de inteligencia
que actúa bajo autoridad directa del presidente– en casos de amenaza de muerte y hostigamiento de
defensores y defensoras de los derechos humanos. La cada vez más frecuente utilización de las
amenazas de muerte ha generado un creciente clima de miedo en la comunidad de derechos
humanos de Colombia. Entre quienes reciben amenazas figura una gran variedad de grupos de
derechos humanos y activistas individuales. También continúan siendo objeto de amenazas,
hostigamiento y homicidios las personas que realizan campañas para que se haga justicia –como las
madres de los más de una docena jóvenes de Soacha ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas
de seguridad en 2008– y quienes trabajan para que les sean devueltas las tierras que les robaron los
grupos paramilitares.2
A menudo, los activistas locales que trabajan defendiendo a sus comunidades en áreas rurales
remotas y con frecuencia inaccesibles corren incluso mayores riesgos que los que se encuentran en
las ciudades. Concretamente, todas las partes en el conflicto armado han matado a muchos
dirigentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Son los miembros de las comunidades locales
quienes eligen a las personas que forman esas juntas, habitualmente por su posición en la comunidad.
Son ellos quienes actúan como portavoces y dirigentes comunitarios, gestionan pequeñas cantidades
de fondos estatales para proyectos locales (que las distintas facciones desean a menudo controlar) y
son frecuentemente el primer punto de contacto para las víctimas de abusos de derechos humanos.
Su función de liderazgo en las comunidades que con frecuencia se encuentran en áreas bajo el
control de uno u otro grupo armado los hace especialmente vulnerables a las acusaciones de
colaboración con la otra parte.
El escándalo del DAS. En abril de 2009, los medios de comunicación revelaron que el DAS había
llevado a cabo durante mucho tiempo una operación masiva e ilegal de espionaje –incluidas
seguimientos e intervención de comunicaciones– contra defensores y defensoras, y otras personas,
como políticos de la oposición, jueces y periodistas. Miembros de la comunidad diplomática y de la
ONU y de organizaciones extranjeras de derechos humanos fueron también objeto de esas prácticas.
La operación se había llevado a cabo con la colaboración de paramilitares, que amenazaron y
mataron a algunas de las personas objeto de la actividad del DAS. La información de inteligencia
procedente de organismos militares y civiles de seguridad (entre ellos el DAS) se usa habitualmente y
de forma generalizada para fabricar procedimientos penales infundados contra defensores y
defensoras de los derechos humanos y otros activistas. Amnistía Internacional comparte con la
relatora especial la preocupación de que puedan estar continuando esas actividades de vigilancia e
intervención de comunicaciones.
Al menos tres de las ONG nacionales de derechos humanos que han estado de forma sistemática en
el punto de mira del DAS –la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)– han
participado activamente en llevar casos emblemáticos de derechos humanos ante los tribunales de
justicia colombianos y el sistema interamericano de derechos humanos. Durante años, numerosas
investigaciones criminales infundadas han tratado de vincular a miembros de Justicia y Paz con
grupos guerrilleros. En el caso de la CCAJAR, altas autoridades gubernamentales han buscado en
repetidas ocasiones relacionar a algunos de los miembros de su personal con grupos guerrilleros.
Esta estigmatización, junto con las prácticas de vigilancia que desde hace tiempo el DAS viene
llevando a cabo sobre estas organizaciones, ha puesto a muchas de las personas que forman sus
plantillas en grave peligro de ser atacados y ha socavado gravemente su labor para combatir la
impunidad.
Asimismo, siempre ha sido motivo de grave preocupación el hecho de que el DAS haya sido la
entidad responsable de proporcionar medidas de seguridad, como guardaespaldas, a defensores y
defensoras de los derechos humanos. La responsabilidad por la provisión de medidas de seguridad
ha sido ahora transferida a empresas de seguridad privadas. Sin embargo, para Amnistía
Internacional ha sido desde hace mucho motivo de preocupación la posible participación de
paramilitares en esas empresas.
En 2009, el gobierno anunció que iba a disolver el DAS. En marzo de 2009, el Congreso aprobó la Ley
de Inteligencia y Contrainteligencia, que prohíbe la recopilación de información de inteligencia sobre
personas motivada por su filiación política o pertenencia a sindicatos u organizaciones sociales o de
derechos humanos. En septiembre de 2009, el decreto de implementación de la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia ordenó la revisión de los archivos de inteligencia compilados sobre esos motivos
por todas las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional insta al gobierno a garantizar que esa
revisión será más efectiva que otras realizadas previamente.
El programa gubernamental de protección de defensores de los derechos humanos. Los sucesivos
gobiernos de Colombia han reaccionado a la presión internacional tratando de mejorar la seguridad
de los defensores y defensoras de los derechos humanos con la adopción de diversas medidas
coordinadas por el Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
del Ministerio del Interior y de Justicia. Entre las medidas adoptadas figuran la provisión de
guardaespaldas, vehículos blindados y teléfonos móviles.
Amnistía Internacional acoge positivamente todas las medidas que se adopten para la protección de
los defensores y defensoras de los derechos humanos, siempre que se ajusten a lo que quienes están
amenazados consideren apropiado. Sin embargo, la relatora especial de la ONU sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos ha indicado que este programa presenta deficiencias y ha
formulado varias recomendaciones en el contexto del proceso de reforma de ese programa.
Amnistía Internacional ha señalado ya que en ocasiones se han retirado o restringido de forma
arbitraria las medidas de protección, incluso en momentos en que las personas afectadas
atravesaban circunstancias de elevado riesgo para su seguridad. Las autoridades con frecuencia
utilizan las limitaciones presupuestarias para justificar esas restricciones. Amnistía Internacional
considera que no pueden utilizarse los argumentos de escasez presupuestaria para justificar la
retirada de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos u otras personas
amenazadas.
Amnistía Internacional desea también subrayar que las medidas de protección física no son por sí
solas suficientes. Por ejemplo, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos,4 no sólo pide que se tomen medidas prácticas de protección, sino
también medidas integrales orientadas a prevenir las violaciones y atajar de raíz las causas de esas
violaciones, como la impunidad.
Clima de hostilidad para el trabajo en defensa de los derechos humanos. La grave situación que
enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos se ve exacerbada por el clima de
considerable hostilidad que se transmite desde algunos sectores del Estado colombiano.
Esa hostilidad ha sido fomentada por el gobierno, que percibe los derechos humanos y la seguridad
como elementos mutuamente excluyentes. Altas autoridades gubernamentales y estatales con
frecuencia buscan equiparar la labor de defensa de los derechos humanos con el apoyo a la guerrilla o
al terrorismo. A su vez, esa estigmatización sistemática, pública y de alto nivel, ha proporcionado un
poderoso incentivo a quienes desean amenazar y dañar físicamente a los defensores y defensoras de
los derechos humanos.
Ha sido motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional una campaña en los medios de
comunicación colombianos, pero también internacionales, para desacreditar a ONG de derechos
humanos de Colombia e internacionales, y a las comunidades con las que trabajan y a las que prestan
su apoyo, afirmando falsamente que están vinculadas con grupos guerrilleros. Entre las
organizaciones afectadas figuran Justicia y Paz y las comunidades afrodescendientes de las cuencas
de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, con las que trabaja y a las que apoya Justicia y Paz; la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las personas asociadas con ella; y la ONG internacional
Brigadas Internacionales de Paz, que presta servicio de acompañamiento físico a algunas de estas
comunidades.
Amnistía Internacional ha presentado al 13º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
una declaración escrita con una breve descripción de los motivos de preocupación de la organización referidos a Colombia. La presente declaración aporta información adicional sobre la grave situación a la que se enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos en ese país.
Amnistía Internacional manifiesta en primer lugar su satisfacción por la invitación del gobierno a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret
Sekaggya, para visitar Colombia en el año 2009.
Amnistía Internacional comparte los muchos motivos de preocupación de la relatora especial con
respecto a la grave situación que viven en Colombia los defensores y defensoras de los derechos
humanos y otros activistas,1 y espera con interés la presentación de su informe sobre la visita al país a
este periodo de sesiones del Consejo. Las recomendaciones de la relatora especial podrán servir de
orientación básica para la adopción de medidas efectivas en los niveles legislativo, administrativo y
político para mejorar la situación.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Colombia a que actúe con prontitud sobre las
recomendaciones de la relatora especial, y a que proporcione información al Consejo de Derechos
Humanos en su 13º periodo de sesiones sobre el modo en que tiene previsto actuar sobre ellas y
sobre el momento en que informará de nuevo al Consejo sobre su implementación.
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia desempeñan desde hace
largo tiempo un papel fundamental en la denuncia de los abusos y en el apoyo a las víctimas, pero
siguen pagando un precio muy elevado por realizar su legítimo trabajo.
A causa de su trabajo, los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias siguen
siendo víctimas de homicidio, secuestro, desaparición forzada, amenazas, estigmatización,
hostigamiento, detención arbitraria, vigilancia, exilio o la irrupción en sus lugares de trabajo y el robo
de información sensible sobre casos. Otras personas asociadas con investigaciones criminales sobre
casos emblemáticos de derechos humanos, como testigos, fiscales, abogados y magistrados,
continúan también siendo víctimas de amenazas y homicidios.
Durante los últimos años se ha experimentado un preocupante incremento en el uso de las amenazas
de muerte contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esas amenazas se atribuyen
en su mayor parte a grupos paramilitares, pero también a instituciones del Estado. Son motivo de
grave preocupación para Amnistía Internacional los informes sobre la participación de entidades
estatales, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –el servicio civil de inteligencia
que actúa bajo autoridad directa del presidente– en casos de amenaza de muerte y hostigamiento de
defensores y defensoras de los derechos humanos. La cada vez más frecuente utilización de las
amenazas de muerte ha generado un creciente clima de miedo en la comunidad de derechos
humanos de Colombia. Entre quienes reciben amenazas figura una gran variedad de grupos de
derechos humanos y activistas individuales. También continúan siendo objeto de amenazas,
hostigamiento y homicidios las personas que realizan campañas para que se haga justicia –como las
madres de los más de una docena jóvenes de Soacha ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas
de seguridad en 2008– y quienes trabajan para que les sean devueltas las tierras que les robaron los
grupos paramilitares.2
A menudo, los activistas locales que trabajan defendiendo a sus comunidades en áreas rurales
remotas y con frecuencia inaccesibles corren incluso mayores riesgos que los que se encuentran en
las ciudades. Concretamente, todas las partes en el conflicto armado han matado a muchos
dirigentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Son los miembros de las comunidades locales
quienes eligen a las personas que forman esas juntas, habitualmente por su posición en la comunidad.
Son ellos quienes actúan como portavoces y dirigentes comunitarios, gestionan pequeñas cantidades
de fondos estatales para proyectos locales (que las distintas facciones desean a menudo controlar) y
son frecuentemente el primer punto de contacto para las víctimas de abusos de derechos humanos.
Su función de liderazgo en las comunidades que con frecuencia se encuentran en áreas bajo el
control de uno u otro grupo armado los hace especialmente vulnerables a las acusaciones de
colaboración con la otra parte.
El escándalo del DAS. En abril de 2009, los medios de comunicación revelaron que el DAS había
llevado a cabo durante mucho tiempo una operación masiva e ilegal de espionaje –incluidas
seguimientos e intervención de comunicaciones– contra defensores y defensoras, y otras personas,
como políticos de la oposición, jueces y periodistas. Miembros de la comunidad diplomática y de la
ONU y de organizaciones extranjeras de derechos humanos fueron también objeto de esas prácticas.
La operación se había llevado a cabo con la colaboración de paramilitares, que amenazaron y
mataron a algunas de las personas objeto de la actividad del DAS. La información de inteligencia
procedente de organismos militares y civiles de seguridad (entre ellos el DAS) se usa habitualmente y
de forma generalizada para fabricar procedimientos penales infundados contra defensores y
defensoras de los derechos humanos y otros activistas. Amnistía Internacional comparte con la
relatora especial la preocupación de que puedan estar continuando esas actividades de vigilancia e
intervención de comunicaciones.
Al menos tres de las ONG nacionales de derechos humanos que han estado de forma sistemática en
el punto de mira del DAS –la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)– han
participado activamente en llevar casos emblemáticos de derechos humanos ante los tribunales de
justicia colombianos y el sistema interamericano de derechos humanos. Durante años, numerosas
investigaciones criminales infundadas han tratado de vincular a miembros de Justicia y Paz con
grupos guerrilleros. En el caso de la CCAJAR, altas autoridades gubernamentales han buscado en
repetidas ocasiones relacionar a algunos de los miembros de su personal con grupos guerrilleros.
Esta estigmatización, junto con las prácticas de vigilancia que desde hace tiempo el DAS viene
llevando a cabo sobre estas organizaciones, ha puesto a muchas de las personas que forman sus
plantillas en grave peligro de ser atacados y ha socavado gravemente su labor para combatir la
impunidad.
Asimismo, siempre ha sido motivo de grave preocupación el hecho de que el DAS haya sido la
entidad responsable de proporcionar medidas de seguridad, como guardaespaldas, a defensores y
defensoras de los derechos humanos. La responsabilidad por la provisión de medidas de seguridad
ha sido ahora transferida a empresas de seguridad privadas. Sin embargo, para Amnistía
Internacional ha sido desde hace mucho motivo de preocupación la posible participación de
paramilitares en esas empresas.
En 2009, el gobierno anunció que iba a disolver el DAS. En marzo de 2009, el Congreso aprobó la Ley
de Inteligencia y Contrainteligencia, que prohíbe la recopilación de información de inteligencia sobre
personas motivada por su filiación política o pertenencia a sindicatos u organizaciones sociales o de
derechos humanos. En septiembre de 2009, el decreto de implementación de la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia ordenó la revisión de los archivos de inteligencia compilados sobre esos motivos
por todas las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional insta al gobierno a garantizar que esa
revisión será más efectiva que otras realizadas previamente.
El programa gubernamental de protección de defensores de los derechos humanos. Los sucesivos
gobiernos de Colombia han reaccionado a la presión internacional tratando de mejorar la seguridad
de los defensores y defensoras de los derechos humanos con la adopción de diversas medidas
coordinadas por el Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
del Ministerio del Interior y de Justicia. Entre las medidas adoptadas figuran la provisión de
guardaespaldas, vehículos blindados y teléfonos móviles.
Amnistía Internacional acoge positivamente todas las medidas que se adopten para la protección de
los defensores y defensoras de los derechos humanos, siempre que se ajusten a lo que quienes están
amenazados consideren apropiado. Sin embargo, la relatora especial de la ONU sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos ha indicado que este programa presenta deficiencias y ha
formulado varias recomendaciones en el contexto del proceso de reforma de ese programa.
Amnistía Internacional ha señalado ya que en ocasiones se han retirado o restringido de forma
arbitraria las medidas de protección, incluso en momentos en que las personas afectadas
atravesaban circunstancias de elevado riesgo para su seguridad. Las autoridades con frecuencia
utilizan las limitaciones presupuestarias para justificar esas restricciones. Amnistía Internacional
considera que no pueden utilizarse los argumentos de escasez presupuestaria para justificar la
retirada de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos u otras personas
amenazadas.
Amnistía Internacional desea también subrayar que las medidas de protección física no son por sí
solas suficientes. Por ejemplo, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos,4 no sólo pide que se tomen medidas prácticas de protección, sino
también medidas integrales orientadas a prevenir las violaciones y atajar de raíz las causas de esas
violaciones, como la impunidad.
Clima de hostilidad para el trabajo en defensa de los derechos humanos. La grave situación que
enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos se ve exacerbada por el clima de
considerable hostilidad que se transmite desde algunos sectores del Estado colombiano.
Esa hostilidad ha sido fomentada por el gobierno, que percibe los derechos humanos y la seguridad
como elementos mutuamente excluyentes. Altas autoridades gubernamentales y estatales con
frecuencia buscan equiparar la labor de defensa de los derechos humanos con el apoyo a la guerrilla o
al terrorismo. A su vez, esa estigmatización sistemática, pública y de alto nivel, ha proporcionado un
poderoso incentivo a quienes desean amenazar y dañar físicamente a los defensores y defensoras de
los derechos humanos.
Ha sido motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional una campaña en los medios de
comunicación colombianos, pero también internacionales, para desacreditar a ONG de derechos
humanos de Colombia e internacionales, y a las comunidades con las que trabajan y a las que prestan
su apoyo, afirmando falsamente que están vinculadas con grupos guerrilleros. Entre las
organizaciones afectadas figuran Justicia y Paz y las comunidades afrodescendientes de las cuencas
de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, con las que trabaja y a las que apoya Justicia y Paz; la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las personas asociadas con ella; y la ONG internacional
Brigadas Internacionales de Paz, que presta servicio de acompañamiento físico a algunas de estas
comunidades.
lunes, 12 de septiembre de 2011
AMNISTÍA INTERNACIONAL ESTUVO PRESENTE EN EL FESTIVAL EÓLICA, EN POZO IZQUIERDO
Pozo Izquierdo(Santa Lucía), 12 de septiembre de 2011 |Festival de Los Molinos | Gabinete de Prensa.
Las Palmas de Gran Canaria: El grupo local de Amnistía Internacional participó en el Festival Internacional de Energías Renovables, Eólica, que se celebró el sábado, 10 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en Pozo Izquierdo. El evento, conocido como el “Festival de los Molinos”, se concibe como una gran celebración colectiva y multiartística que tiene el objetivo de fomentar la participación desde la conciencia. Con este propósito, entre otras actividades, se desarrollaron diversos talleres, exposiciones, teatro, danza y conciertos.
En este marco, la organización estuvo presente con un stand informativo desde las doce del mediodía. Durante todo el día cientos de personas quisieron apoyar con su firma las distintas acciones que lleva a cabo. A pesar de las adversidades climatológicas, ya que las fuertes rachas de viento superaron las previsiones, el festival congregó a una gran cantidad de público que se interesó por la labor que desarrolla de Amnistía Internacional.
viernes, 22 de julio de 2011
AMNISTÍA INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL FESTIVAL DEL SUR PARA CONMEMORAR SU 50 ANIVERSARIO
Se realizará una performance que explicará al público cómo se originó Amnistía Internacional.
Agüimes (Gran Canaria), 22 de julio de 2011 | Colaboración | Gabinete de Prensa.
Amnistía Internacional sigue celebrando su 50 Aniversario y participa en la edición número XXIV del Festival del Sur en Agüimes, Gran Canaria.
Durante medio siglo, Amnistía Internacional ha sido testigo de abusos y atrocidades contra las personas, ha sido la voz de los sin voz, y se ha mantenido siempre en guardia contra el abuso de poder y la impunidad. La organización ha evolucionado para hacer frente a los desafíos de un mundo cambiante, desde la defensa de la libertad de expresión y conciencia en sus inicios, hasta trabajar por todo el espectro de derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la actualidad
El viernes 22 de julio a las 21.30 el grupo de Amnistía Internacional en Gran Canaria ha preparado una performance relacionada con la fundación de la organización, donde se interactuará con el público y las velas, símbolo de la organización, cobrarán especial protagonismo en la Plaza de Agüimes. Estaremos a su disposición para cualquier información relacionada con este acto y con la celebración del 50 Aniversario de Amnistía Internacional.
| Acto: | Performance 50 Aniversario |
| Lugar: | Agüimes |
| Fecha: | 22 de julio de 2011 |
| Hora: | 21.30h. |
jueves, 26 de mayo de 2011
Informe 2011: EN SU 50 ANIVERSARIO, AMNISTÍA INTERNACIONAL AFIRMA QUE EL CAMBIO HISTÓRICO PENDE DE UN HILO
Las Palmas de G.C., 26 de mayo de 2011 | Informes | Gabinete de Prensa.
Amnistía Internacional convoca a los medios de comunicación para la presentación del Informe 2011 y de su 50 aniversario en una rueda de prensa el próximo viernes 27 de mayo a las 10.30h.
Las crecientes demandas de libertad y justicia en Oriente Próximo y el Norte de África y el auge de los medios sociales brindan una oportunidad sin precedentes para lograr un cambio en los derechos humanos, pero este cambio pende de un hilo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera de su 50 aniversario, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Se está librando una batalla fundamental por el control del acceso a la información, los medios de comunicación y la tecnología de redes, mientras las redes de medios sociales alimentan un nuevo activismo que los gobiernos luchan por controlar. Tal como se ha presenciado en Túnez y Egipto, los intentos de los gobiernos por bloquear el acceso a Internet o cortar las redes de telefonía móvil pueden fracasar, pero los gobiernos están peleando por recuperar la iniciativa o por utilizar esta tecnología contra los activistas.
Las protestas que se han propagado por Oriente Próximo y el Norte de África a medida que la población exige el fin de la represión y la corrupción ponen de manifiesto el profundo deseo de vivir sin temor ni miseria, y dan voz a quienes no la tienen.
El éxito de Túnez y Egipto en el derrocamiento de los dictadores fascinó al mundo. Ahora se escuchan rumores de descontento desde Azerbaiyán hasta Zimbabue.
Sin embargo, pese a la nueva determinación de enfrentarse a la tiranía, y pese a que el escenario de la lucha por los derechos humanos ha alcanzado una nueva frontera digital, la libertad de expresión –un derecho fundamental en sí mismo y para reclamar los derechos de otras personas– se encuentra amenazada en todo el mundo.
Los gobiernos de Libia, Siria, Bahréin y Yemen se han mostrado dispuestos a golpear, mutilar o matar a manifestantes pacíficos para permanecer en el poder. Incluso en el caso de los dictadores que han caído, es preciso desmantelar las instituciones que los respaldaban, por lo que el trabajo de los activistas dista de haber concluido. Gobiernos represivos como los de Azerbaiyán, China e Irán están tratando de prevenir revoluciones similares en sus países.
El Informe 2011 de Amnistía Internacional documenta restricciones específicas a la libertad de expresión en al menos 89 países, destaca casos de presos de conciencia en al menos 48, documenta tortura y otros malos tratos en al menos 98, e informa de juicios injustos en al menos 54.
Algunos de los momentos emblemáticos de 2010 son la liberación de Daw Aung San Suu Kyi en Myanmar y la concesión del Premio Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo pese a los intentos de su gobierno por sabotear la ceremonia.
Lejos de los titulares internacionales, miles de defensores y defensoras de los derechos humanos fueron amenazados, encarcelados, torturados y asesinados en lugares como Afganistán, Angola, Brasil, China, México, Rusia, Myanmar, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabue.
Estos activistas denunciaban a menudo cuestiones de derechos humanos tales como la pobreza, la marginación de comunidades enteras, los derechos de las mujeres, la corrupción, la brutalidad y la opresión. Los sucesos ocurridos en todas las regiones han puesto de manifiesto la labor crucial de estas personas, y la necesidad de brindarles solidaridad global.
El informe anual de Amnistía Internacional destaca también:
• el deterioro de la situación en algunos países, como la sombría imagen que se presenta para los activistas en Ucrania, Bielorrusia y Kirguistán, la espiral de violencia en Nigeria, y la creciente crisis que plantea la insurgencia armada maoísta en el centro y el nordeste de India;
• las tendencias regionales, que incluyen una amenaza cada vez mayor para los pueblos indígenas en América, el deterioro de la situación legal para las mujeres que eligen vestir un velo que cubre todo el rostro en Europa, y la creciente disposición de los Estados europeos a enviar a gente de vuelta a lugares donde corre peligro de sufrir persecución;
• los conflictos que han asolado Chad, Colombia, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, el Cáucaso Norte en Rusia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Sudán y Somalia, en los que grupos armados y fuerzas gubernamentales han atacado con frecuencia a la población civil.
• las señales de progreso, como por ejemplo la firme disminución de la pena de muerte, algunas mejoras en la atención a la salud materna en lugares como Indonesia o Sierra Leona, y el procesamiento de algunos de los responsables de delitos contra los derechos humanos cometidos durante los gobiernos militares que, en el pasado, ocuparon el poder en Latinoamérica.
Salil Shetty ha declarado que los gobiernos poderosos, que han subestimado el ardiente deseo de libertad y justicia albergado por gente de todo el mundo, deben ahora respaldar las reformas, en lugar de limitarse a prestar un cínico apoyo político a la represión. La auténtica prueba de la integridad de estos gobiernos será el apoyo a la reconstrucción de Estados que promuevan los derechos humanos pero puedan no ser aliados, y su voluntad –como en el caso de Libia– de remitir a la Corte Penal Internacional a los autores de los delitos más graves cuando todas las demás vías judiciales fracasen.
La necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una política constante de tolerancia cero para los crímenes contra la humanidad se ha visto subrayada por la brutal represión de Siria, que ha causado cientos de muertes desde marzo, y por la ausencia de una acción concertada en respuesta a la represión de las manifestaciones pacíficas en Yemen y Bahréin.
Los gobiernos de Oriente Próximo y el Norte de África deben tener el valor de permitir reformas en un panorama de derechos humanos que cambia rápidamente. Deben proteger y defender el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y deben garantizar la igualdad para todas las personas, en particular eliminando los obstáculos a la plena participación de las mujeres en la sociedad. Hay que refrenar a la policía secreta y las fuerzas de seguridad, poner fin a la brutalidad y los homicidios y garantizar la rendición completa de cuentas por los abusos, para que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que durante tanto tiempo se les han negado.
Las empresas que proporcionan acceso a Internet, telefonía móvil y sitios de redes sociales, y las que respaldan a los medios y comunicaciones digitales, deben respetar los derechos humanos. No deben convertirse en marionetas o cómplices de gobiernos represivos que desean sofocar la libertad de expresión y espiar a su pueblo.
Amnistía Internacional convoca a los medios de comunicación para la presentación del Informe 2011 y de su 50 aniversario en una rueda de prensa el próximo viernes 27 de mayo a las 10.30h.
Las crecientes demandas de libertad y justicia en Oriente Próximo y el Norte de África y el auge de los medios sociales brindan una oportunidad sin precedentes para lograr un cambio en los derechos humanos, pero este cambio pende de un hilo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera de su 50 aniversario, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Se está librando una batalla fundamental por el control del acceso a la información, los medios de comunicación y la tecnología de redes, mientras las redes de medios sociales alimentan un nuevo activismo que los gobiernos luchan por controlar. Tal como se ha presenciado en Túnez y Egipto, los intentos de los gobiernos por bloquear el acceso a Internet o cortar las redes de telefonía móvil pueden fracasar, pero los gobiernos están peleando por recuperar la iniciativa o por utilizar esta tecnología contra los activistas.
Las protestas que se han propagado por Oriente Próximo y el Norte de África a medida que la población exige el fin de la represión y la corrupción ponen de manifiesto el profundo deseo de vivir sin temor ni miseria, y dan voz a quienes no la tienen.
El éxito de Túnez y Egipto en el derrocamiento de los dictadores fascinó al mundo. Ahora se escuchan rumores de descontento desde Azerbaiyán hasta Zimbabue.
Sin embargo, pese a la nueva determinación de enfrentarse a la tiranía, y pese a que el escenario de la lucha por los derechos humanos ha alcanzado una nueva frontera digital, la libertad de expresión –un derecho fundamental en sí mismo y para reclamar los derechos de otras personas– se encuentra amenazada en todo el mundo.
Los gobiernos de Libia, Siria, Bahréin y Yemen se han mostrado dispuestos a golpear, mutilar o matar a manifestantes pacíficos para permanecer en el poder. Incluso en el caso de los dictadores que han caído, es preciso desmantelar las instituciones que los respaldaban, por lo que el trabajo de los activistas dista de haber concluido. Gobiernos represivos como los de Azerbaiyán, China e Irán están tratando de prevenir revoluciones similares en sus países.
El Informe 2011 de Amnistía Internacional documenta restricciones específicas a la libertad de expresión en al menos 89 países, destaca casos de presos de conciencia en al menos 48, documenta tortura y otros malos tratos en al menos 98, e informa de juicios injustos en al menos 54.
Algunos de los momentos emblemáticos de 2010 son la liberación de Daw Aung San Suu Kyi en Myanmar y la concesión del Premio Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo pese a los intentos de su gobierno por sabotear la ceremonia.
Lejos de los titulares internacionales, miles de defensores y defensoras de los derechos humanos fueron amenazados, encarcelados, torturados y asesinados en lugares como Afganistán, Angola, Brasil, China, México, Rusia, Myanmar, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabue.
Estos activistas denunciaban a menudo cuestiones de derechos humanos tales como la pobreza, la marginación de comunidades enteras, los derechos de las mujeres, la corrupción, la brutalidad y la opresión. Los sucesos ocurridos en todas las regiones han puesto de manifiesto la labor crucial de estas personas, y la necesidad de brindarles solidaridad global.
El informe anual de Amnistía Internacional destaca también:
• el deterioro de la situación en algunos países, como la sombría imagen que se presenta para los activistas en Ucrania, Bielorrusia y Kirguistán, la espiral de violencia en Nigeria, y la creciente crisis que plantea la insurgencia armada maoísta en el centro y el nordeste de India;
• las tendencias regionales, que incluyen una amenaza cada vez mayor para los pueblos indígenas en América, el deterioro de la situación legal para las mujeres que eligen vestir un velo que cubre todo el rostro en Europa, y la creciente disposición de los Estados europeos a enviar a gente de vuelta a lugares donde corre peligro de sufrir persecución;
• los conflictos que han asolado Chad, Colombia, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, el Cáucaso Norte en Rusia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Sudán y Somalia, en los que grupos armados y fuerzas gubernamentales han atacado con frecuencia a la población civil.
• las señales de progreso, como por ejemplo la firme disminución de la pena de muerte, algunas mejoras en la atención a la salud materna en lugares como Indonesia o Sierra Leona, y el procesamiento de algunos de los responsables de delitos contra los derechos humanos cometidos durante los gobiernos militares que, en el pasado, ocuparon el poder en Latinoamérica.
Salil Shetty ha declarado que los gobiernos poderosos, que han subestimado el ardiente deseo de libertad y justicia albergado por gente de todo el mundo, deben ahora respaldar las reformas, en lugar de limitarse a prestar un cínico apoyo político a la represión. La auténtica prueba de la integridad de estos gobiernos será el apoyo a la reconstrucción de Estados que promuevan los derechos humanos pero puedan no ser aliados, y su voluntad –como en el caso de Libia– de remitir a la Corte Penal Internacional a los autores de los delitos más graves cuando todas las demás vías judiciales fracasen.
La necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una política constante de tolerancia cero para los crímenes contra la humanidad se ha visto subrayada por la brutal represión de Siria, que ha causado cientos de muertes desde marzo, y por la ausencia de una acción concertada en respuesta a la represión de las manifestaciones pacíficas en Yemen y Bahréin.
Los gobiernos de Oriente Próximo y el Norte de África deben tener el valor de permitir reformas en un panorama de derechos humanos que cambia rápidamente. Deben proteger y defender el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y deben garantizar la igualdad para todas las personas, en particular eliminando los obstáculos a la plena participación de las mujeres en la sociedad. Hay que refrenar a la policía secreta y las fuerzas de seguridad, poner fin a la brutalidad y los homicidios y garantizar la rendición completa de cuentas por los abusos, para que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que durante tanto tiempo se les han negado.
Las empresas que proporcionan acceso a Internet, telefonía móvil y sitios de redes sociales, y las que respaldan a los medios y comunicaciones digitales, deben respetar los derechos humanos. No deben convertirse en marionetas o cómplices de gobiernos represivos que desean sofocar la libertad de expresión y espiar a su pueblo.
Acto: Presentación del Informe Anual 2011 de Amnistía Internacional u 50 aniversario
Lugar: Sede de Amnistía Internacional Gran Canaria: C/ Travieso 32, 2ªA
Fecha: 27 de mayo de 2010
Hora: 10.30h
Intevienen:
• Delia Padrón, coordinadora de Amnistía Internacional Gran Canaria.
• Teresa Sánchez, responsable de Campaña Exige Dignidad.
martes, 22 de marzo de 2011
En el Club Prensa Canarias (La Provincia), Conferencia Padre Solalinde
El día 28 de marzo el Padre Solalinde da una charla en el Club La Provincia.
Es una persona que lucha por los derechos humanos.
Las Palmas de GC, 22 de marzo de 2011 | Charla | ASSOPRESS.
Alejandro Solalinde Guerra, 64 años
Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director de un refugio para migrantes en Ciudad Ixtepec (Oaxaca), creado para ofrecer asistencia humanitaria a las personas migrantes en situación irregular que cruzan el estado mexicano desde Centroamérica para alcanzar su meta en EEUU. El Padre Solalinde ha condenado públicamente el trato que las autoridades mexicanas dan a estas personas en tránsito por su país, así como la violencia (violaciones, secuestro, extorsión) de que son objeto por parte de bandas de delincuentes locales. Por esta razón, ha sufrido hostigamiento y ataques por parte de miembros xenófobos de distintas comunidades de la zona, en su mayor parte alentados por las propias bandas y con la anuencia de las autoridades, las cuales apenas han hecho nada para protegerle ni para investigar las amenazas que ha recibido. Su vida corre peligro.
Al objeto de ofrecerle protección y de favorecer la difusión de sus denuncias, Amnistía Internacional ha incluido al padre Solalinde en su programa DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, lo cual le permitirá recorrer, a lo largo de un año, diferentes ciudades españolas, ofreciendo conferencias y encuentros dirigidos a grupos y personas individuales sensibilizadas con el tema de los migrantes en México.
El próximo día 28 DE MARZO, a las 19:00 HORAS, en el CLUB DE PRENSA CANARIA de nuestra localidad, celebraremos una de sus conferencias.
El Grupo Local de AI de Las Palmas estará encantado de contar con su presencia, así como con la de otros miembros de su organización o colectivo profesional.
El mayor desafío que tengo que superar es el de la intimidación, el acoso y la falta de respeto constantes de personas que no quieren que lleve a cabo mi labor de ayuda a los migrantes. Muchas autoridades locales, bandas de delincuentes y traficantes de droga quieren librarse de los defensores de los derechos humanos; piensan que somos un obstáculo, porque no tienen valores firmes ni entienden la fe y los derechos humanos. A pesar de todos sus esfuerzos para impedirnos llevar a cabo nuestro trabajo, debemos continuar." (Declaración del padre Solalinde a Amnistía Internacional)
Es una persona que lucha por los derechos humanos.
Las Palmas de GC, 22 de marzo de 2011 | Charla | ASSOPRESS.
Alejandro Solalinde Guerra, 64 años
Al objeto de ofrecerle protección y de favorecer la difusión de sus denuncias, Amnistía Internacional ha incluido al padre Solalinde en su programa DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, lo cual le permitirá recorrer, a lo largo de un año, diferentes ciudades españolas, ofreciendo conferencias y encuentros dirigidos a grupos y personas individuales sensibilizadas con el tema de los migrantes en México.
El próximo día 28 DE MARZO, a las 19:00 HORAS, en el CLUB DE PRENSA CANARIA de nuestra localidad, celebraremos una de sus conferencias.
El Grupo Local de AI de Las Palmas estará encantado de contar con su presencia, así como con la de otros miembros de su organización o colectivo profesional.
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