El fiscal acusa a los dueños del despacho Díez y Romeo de falsificar de manera continuada la documentación
lAS pALMAS DE gC (Canarias), 21 de noviembre de 2013 / Tribunales - Estafas /M. Reyes LA PROVINCIA
Fernando Ríos, actual comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, presidió el tribunal del concurso de radio
El fiscal Miguel Pallarés ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que abra juicio oral contra los responsables del despacho madrileño de abogados Díez y Romeo SL. El representante del ministerio público reclama tres años de cárcel para Paula R. G. y Jaime R. D. por la supuesta falsificación de un sello de Correos con la finalidad presentar "fuera de plazo" 41 solicitudes de empresas que querían participar en el concurso público celebrado en junio de 2011 por el Gobierno de Canarias para adjudicar 156 frecuencias de radio.
El fiscal acusa a los letrados de un delito de falsificación continuada en un documento oficial, pues abrieron unas oficinas en la calle León y Castillo de la capital grancanaria para captar clientes que optaran al concurso, pero dejaron pasar el plazo para registrar las solicitudes de esas pequeñas empresas y optaron por falsear la documentación presentada, según las conclusiones provisionales de la acusación pública, que también interesa una multa 7.200 euros para cada imputado (12 meses a razón de 20 euros diarios).
El fiscal añade que los abogados "pretendían" acreditar "mendazmente" un "hecho no veraz": la presentación "en tiempo y forma" de esas solicitudes. El plazo finalizó el 30 de septiembre de 2010, pero los acusados registraron la documentación el día 8 de octubre en la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas.
El escrito en representación de las 41 empresas iba encabezado por un sello de la oficina de correos de Arucas, en Gran Canaria, el cual había sido manipulado con fecha 30 de septiembre de 2010, precisamente el último día habilitado para cumplimentar los requisitos del concurso.
El fiscal añade que el sello "no era auténtico", sino que fue "elaborado" directamente por los imputados o por "encargo a terceras personas". Para ello "transportaron" la imagen del sello al documento mediante el sistema de fotocomposición, es decir, con la ayuda de una simple fotocopiadora o impresión láser. Luego se incorporó una firme "ilegible" que "se supone atribuida" al funcionario o empleado público de dicha oficina de Correos.
Los letrados repitieron el procedimiento tres días después, esta vez en el registro de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Fue entonces cuando Martín Marrero, viceconsejero de Comunicación y de Relaciones con los Medios, entre otros cargos, se percató del engaño y lo puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que abrió diligencias previas de investigación, remitió la denuncia al juzgado de guardia y ahora ha reclamado el inicio del juicio tras formular escrito de acusación. El asunto ha recaído en el Juzgado de lo Penal número 3, que deberá señalar el comienzo de la vista oral.
Los abogados "pretendían" que la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno canario "admitiera" las 41 solicitudes bajo la apariencia de que éstas, junto con la documentación descrita, fueron presentadas en la oficina de Correos de Arucas en "tiempo y forma", concretamente antes del 30 de septiembre de 2010.
Los letrados alegaron que no podían justificar la hora de presentación por problemas de coordinación de la sucursal de correos, pues no pudo mandar los faxes para acreditar la hora de entrada de la documentación por "problemas de coordinación", cuando las bases del concurso público especifican que esas notificaciones con las horas sólo podían remitirse directamente al Gobierno regional. De ahí la sospecha que llevó al viceconsejero a denunciar los hechos.
Esas 41 ofertas quedaron fuera del concurso de licitación por causas ajenas a los solicitantes. De ahí que si se demuestra la acusación del fiscal y recae una condena sobre los imputados, la adjudicación de esas 156 licencias podría verse afectada, incluso la Comunidad Autónoma podría verse obligada a anularlo, según fuentes judiciales.
Se trata del mayor concurso de licencias radiofónicas licitadas por el Gobierno canario. El anterior se celebró en 1989, y desde entonces el sector se encontraba en situación de precariedad legal.
