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miércoles, 9 de diciembre de 2015

La Policía Nacional detiene a 101 personas por un fraude a las arcas públicas de más de 1.105.500 euros

En el marco general de colaboración entre la Inspección Técnica de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Entre los arrestados se encuentra el considerado como máximo responsable y titular de una asesoría, además de  dos empresarios

El principal investigado confeccionaba y tramitaba contratos de trabajo fraudulentos orientados a conseguir prestaciones y subsidios de desempleo o regularizaciones administrativas de ciudadanos extranjeros en España

Málaga (Andalucía), 09 de diciembre de 2015 / Sucesos - fraude a la Administración Pública / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Málaga a 101 personas por un fraude a la Administración Pública de más de 1.105.500 euros. Entre los arrestados se encuentra el considerado como máximo responsable y titular de una asesoría, además de  dos empresarios. El principal investigado confeccionaba y tramitaba contratos de trabajo fraudulentos orientados presuntamente a conseguir prestaciones y subsidios de desempleo o regularizaciones administrativas de ciudadanos extranjeros en España.

Las pesquisas se han centrado en nueve empresas, tanto ficticias, como legalmente establecidas. Entre los implicados se encuentran el titular de una asesoría -autorizado RED de las empresas investigadas-, empresarios, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación administrativa en España.

Las investigaciones comenzaron hace nueve meses, al ser detectadas varias empresas sospechosas en Málaga. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se pudo determinar el carácter fraudulento de las nueve empresas investigadas. 

Falsos trabajadores

Según las investigaciones, que aún continúan abiertas, el titular de la gestoría -autorizado RED de las mercantiles investigadas- se aprovechaba de sus conocimientos en el ámbito laboral para, en connivencia con los empresarios investigados, tramitar contratos laborales a través de empresas ficticias –sin actividad real- o de sociedades cuyo número de trabajadores difería de la realidad. 

Así, los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Igualmente, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban la obtención o renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Fraude de 1.105.500 euros a la Administración Pública

Las empresas investigadas habían generado una deuda con el Organismo de Régimen General de la Seguridad Social de más de 569.000 euros. Y las prestaciones fraudulentas obtenidas por subsidio o desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SAPE) son de 534.613. Ascendiendo el total del fraude a más de 1.105.500 euros.

viernes, 12 de septiembre de 2014

La Policía Nacional detiene a 47 personas e imputa a otras 79 por un fraude a las arcas públicas de más de 557.000 euros

En una investigación desarrollada en Almería

Ha sido investigada una empresa ficticia a través de la cual se habrían producido 119 altas fraudulentas en la Seguridad Social

Los máximos responsables vendían contratos de trabajo fraudulentos para cobrar prestaciones y subsidios de desempleo o para la obtención y renovación de permisos de residencia

Roquetas de Mar (Almería),12 de septiembre de 2014 / Sucesos -  fraude a la Administración Pública / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 47 personas e imputado a otras 79 por un fraude a la Administración Pública que supera los 557.000 euros. Mediante la creación de una empresa ficticia en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), habrían logrado producir 119 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia.

La investigación se inició en el mes de mayo, cuando se reciben informaciones por parte de la Unidad de Control contra el Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social de la existencia de una empresa ficticia, dedicada en teoría a la construcción y ubicada en Roquetas de Mar (Almería). Esta supuesta empresa se estaría usando para dar de alta a ciudadanos extranjeros, hasta 119 personas, para que, de forma fraudulenta, pudieran cobrar prestaciones o subsidios por desempleo u obtener permisos de residencia. 

Contratos de trabajo a cambio de 1.200 euros

Los dos máximos responsables de la trama eran dos hermanos de origen rumano, que contaban con la colaboración de la pareja sentimental de uno de ellos y por cuatro personas más, encargados de captar en bares y en lugares de concentración de inmigrantes a los falsos trabajadores. Les ofrecían contratos de trabajo a cambio del pago de unas cantidades de dinero que oscilaban entre los 150 y 1.200 euros.

En esta operación se ha detenido a 47 personas e imputado a otras 79 en El Ejido (Almería), Palma de Mallorca, Coslada (Madrid) y Albacete.

Esta empresa ficticia habría generado una deuda a la Seguridad Social de 169.245 euros por seguros sociales impagados, de 358.395 euros al Servicio Estatal de Empleo Público en prestaciones y subsidios por desempleo, y de 29.663 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social en pagos por baja maternal y por incapacidad temporal. A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, falsedad documental y estafa.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Ejido (Almería), en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Palma de Mallorca, La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Albacete, La Brigada de Extranjería y Fronteras de Coslada (Madrid), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería, la Unidad de Control contra el Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.