EE.UU., 14 de septiembre de 2011 | Economía | Atilio Boron
La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2.5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16.4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia de los mercados”- superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América Latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.
“Socialismo” para los ricos, mercado para los pobres
El debate sobre el posible default de EEUU eclipsó por completo un escándalo financiero de inéditas proporciones: El 21 de Julio pasado se conoció el resultado de la auditoría integral realizada por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office, GAO por su sigla en inglés) en la Reserva Federal (Fed), el banco central de los Estados Unidos, la primera que se practica a dicha institución desde que fuera creada en 1913.[1] Los resultados son pasmosos: en un plazo de poco más de dos años y medio, entre el 1º de Diciembre del 2007 y el 21 de Julio de 2010, la Fed otorgó préstamos secretos a grandes corporaciones y empresas del sector financiero por valor de 16 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB de los Estados Unidos que en el año 2010 fue de 14.5 billones de dólares y más elevada que la suma de los presupuestos del gobierno federal durante los últimos cuatro años. No sólo esto: la auditoría reveló también que 659 millones de dólares fueron abonados a algunas de las instituciones financieras beneficiadas arbitrariamente por este programa para que administrasen el multimillonario salvataje de bancos y corporaciones dispuesto como mecanismo de “salida” de la nueva crisis general del capitalismo. De ese gigantesco total unos 3 billones fueron destinados a socorrer a grandes empresas y entidades financieras en Europa y Asia. El resto fue orientado al rescate de corporaciones estadounidenses, encabezadas por el Citibank, el Morgan Stanley, Merrill Lynch y el Bank of America, entre las más importantes. Todo esto mientras la crisis profundizaba hasta niveles desconocidos la desigualdad económica dentro de la población estadounidense a la vez que hundía a crecientes sectores sociales en la pobreza y la vulnerabilidad social. Por supuesto, esta información apenas si mereció un espacio completamente marginal en la prensa financiera, tanto la internacional como la norteamericana, o en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Son noticias que, como recuerda Noam Chomsky, no tienen por qué ser conocidas por el gran público.
Las asombrosas revelaciones de este informe deberían habilitar una discusión, sobre varios temas de gran importancia. Uno, la extremadamente desigual distribución de los esfuerzos requeridos para enfrentar la crisis. Hasta ahora aquellos han sido aportados por los trabajadores, mientras que las grandes fortunas personales o corporativas así como los fenomenales ingresos de los más ricos, se han beneficiado con las rebajas de impuestos y rescates multimillonarios dispuestos por George W. Bush y ratificados por Barack Obama en el reciente acuerdo. Dos, sobre los inexistentes -o sumamente débiles e ineficaces- mecanismos de auditoría y control democrático sobre las políticas y decisiones de una institución crucial para la economía norteamericana y el bienestar de su población como la Fed. Tres, sobre la dudosa compatibilidad existente entre un orden que se autoproclama democrático y el estatuto jurídico e institucional de la Fed como entidad autónoma que no tiene la obligación de rendir cuentas ante ninguna instancia de control democrático. En relación a esto último la Fed manifestó su predisposición a “considerar muy seriamente” las recomendaciones de la GAO, pero al no ser una institución gubernamental no puede ser forzada a aceptarlas. Pese a su carácter privado el Presidente (Chairman) de la Fed y los siete miembros de su directorio son designados por el Presidente de los Estados Unidos y sujetos a su posterior confirmación por el Senado. Pero contrariamente a lo que piensa la abrumadora mayoría de la población norteamericana la Fed no es una agencia del gobierno federal sino una corporación privada. En términos políticos es el partido del capital financiero. Su autonomía es tan grande que no se saldría un milímetro de la legalidad si sus autoridades decidieran desoír las recomendaciones de la GAO o rebelarse abiertamente contra ellas. No existe, para la Fed, la rendición democrática de cuentas ante la comunidad y por ser una entidad de derecho privado no tiene por qué acatar ni siquiera lo dispuesto en la Ley de Libertad de Información, cuya jurisdicción se extiende tan sólo a las instituciones públicas. Situación aberrante si las hay: una cifra equivalente al total de la deuda pública estadounidense que puso a EEUU al borde del default fue desembolsada en rescates fraudulentos, secretos y muy beneficiosos para los prestatarios y lesivos para el contribuyente, con cuyo dinero un banco central “independiente” como la Fed financió toda esta operación. Cabe preguntarse: ¿independiente de quién?
¿Conspiración de silencio?
El escándalo revelado por la auditoría tuvo casi ninguna repercusión en Estados Unidos. El “Chairman” de la Fed, Ben Bernanke, se hizo el desentendido y expresó que en momentos en que se temía un default de ese país lo importante era resguardar la credibilidad de la Fed y del sistema monetario estadounidense. Pese a que el GAO es un organismo de apoyo a las labores del Congreso las reacciones de representantes y senadores ante la divulgación del informe fueron del más absoluto e inmoral silencio. Hasta donde hemos podido indagar una de las poquísimas voces disonantes fue la del senador Bernie Sanders, del estado de Vermont. Sanders es una rara avis no sólo en el Congreso sino en la política estadounidense: es un político que se declara como socialista y que fue electo como candidato independiente en alianza con el partido demócrata, única manera de superar el asfixiante bipartidismo imperante en Estados Unidos. Elegido como senador en el 2007 con un 65 % de los votos, un aluvión electoral muy poco frecuente en la política de ese país, fue apoyado por diversos movimientos sociales y pequeñas organizaciones políticas de Vermont. Sanders reaccionó duramente cuando se conoció el informe.[2] Transcribimos a continuación algunos de los párrafos más destacados de la declaración emitida por su oficina de prensa, que prácticamente no fue levantada por ningún medio de los Estados Unidos, y que dice lo siguiente:
21 de Julio, 2011.
“La primera auditoría integral de la Reserva Federal descubrió nuevos asombrosos detalles acerca de cómo los Estados Unidos suministraron la friolera de 16 billones de dólares (16.000.000 de millones) en préstamos secretos para rescatar bancos y empresas estadounidenses y extranjeras durante la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Una enmienda propuesta por el Senador Bernie Sanders a la ley de reforma de Wall Street -aprobada hace exactamente un año atrás esta semana- había ordenado a la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office) llevar a cabo ese examen. “Como resultado de esta auditoría ahora sabemos que la Reserva Federal suministró más de 16 billones de dólares en asistencia financiera total a algunas de las más grandes corporaciones e instituciones financieras en los Estados Unidos y el resto del mundo”, dijo Sanders. “Esto es un clarísimo caso de socialismo para los ricos y descarnado individualismo tipo ‘sálvate como puedas’ para los demás.”
Aclaración: la Government Accountability Office (GAO) es una agencia independiente y no partidaria que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos. La misión de la GAO es investigar la forma en que el gobierno federal dispone de los dólares de los contribuyentes. El jefe de la GAO es el Contralor General de los Estados Unidos, y es designado por un período de 15 años por el Presidente a partir de una lista de candidatos elaborada por el Congreso. El jefe actual de la GAO es Gene L. Dodaro, quien había sido nominado por el Presidente Barack Obama en Septiembre de 2010 y confirmado en su cargo en Diciembre de ese mismo año al ser confirmado en su puesto por el Senado. (Nota de A. Boron)
Entre otras cosas la auditoría estableció que la Reserva Federal“carece de un sistema suficientemente exhaustivo para tratar casos de conflictos de interés, a pesar de que existen serios riesgos de abusos en este sentido. De hecho, según esta auditoría la Reserva Federal emitió dispensas de conflicto de interés a favor de empleados y contratistas privados a fin de que pudieran mantener sus inversiones en las mismas corporaciones e instituciones financieras que recibían préstamos de emergencia.”
“Por ejemplo, el CEO de JP Morgan Chase cumplía funciones en el Directorio de la Reserva Federal de Nueva York mientras su banco recibía más de 390.000 millones de dólares en ayuda financiera por parte de la Reserva Federal. Además, JP Morgan Chase actuaba como uno de los bancos de compensación para los programas de préstamos de emergencia de la Fed.”
“Otro hallazgo perturbador de la GAO es el que refiere que el 19 de Septiembre del 2008 el señor William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, recibió una dispensa para permitirle conservar sus inversiones en AIG (American International Group, un líder mundial en el campo de los seguros) y GE (General Electric) mientras estas compañías recibían fondos de rescate.. Una razón por la cual la FED no obligó a Dudley a vender sus acciones, según la auditoría, fue porque tal acción podría haber creado la apariencia de un conflicto de intereses.”
“La investigación también reveló que la Fed tercerizaba a contratistas privados como JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo la mayoría de sus programas de préstamos de emergencia. Estas mismas firmas también recibían billones de dólares de la Fed por préstamos concedidos a tasas de interés cercanas al cero.”
Los principales beneficiarios de estos préstamos –concedidos entre el 1º de Diciembre de 2007 y el 21 de Julio de 2010- son los siguientes:
Citigroup: $2.5 billones ($2,500,000,000,000)
Morgan Stanley: $2.04 billones ($2,040,000,000,000)
Merrill Lynch: $1.949 billones ($1,949,000,000,000)
Bank of America: $1.344 billones ($1,344,000,000,000)
Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones ($868,000,000,000)
Bear Sterns: $853 mil millones ($853,000,000,000)
Goldman Sachs: $814 mil millones ($814,000,000,000)
Royal Bank of Scotland (UK): $541 mil millones ($541,000,000,000)
JP Morgan Chase: $391 mil millones ($391,000,000,000)
Deutsche Bank (Germany): $354 mil millones ($354,000,000,000)
UBS (Switzerland): $287 mil millones ($287,000,000,000)
Credit Suisse (Switzerland): $262 mil millones ($262,000,000,000)
Lehman Brothers: $183 mil millones ($183,000,000,000)
Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones ($181,000,000,000)
BNP Paribas (France): $175 mil millones ($175,000,000,000)
Wells Fargo & Co. $159 mil millones ($159,000,000,000)
Dexia SA (Belgium) ) $159 mil millones ($159,000,000,000)
Wachovia Corporation $142 mil millones ($142,000,000,000)
Dresdner Bank AG (Germany) $135 mil millones ($135,000,000,000)
Societe Generale SA (France) $124 mil millones ($124,000,000,000)
Todos los demás $2,6 billones ($ 2,639,000,000,000)
Total $16.115 billones ($ 16.115.000.000.000)
