Las Palmas de GC, 9 de agosto de 2010 | Opinión | Juan Jesús Bermúdez.
Dentro del paquete de medidas socioeconómicas, con hondo calado ideológico, que sustentan la actual política de recortes para los sectores más desprotegidos, anda desperdigado, por parte de un sector de la grada, el cuestionamiento del sindicalismo en el devenir de la crisis de empleo que estamos sufriendo.
Esa parte ruidosa del estadio considera infumable que una organización de representantes de los trabajadores/as reciba dinero público, o acaso horas para ejercer la labor sindical. Probablemente, aunque no está en el guión expresarlo ahora, también consideren deleznable que se informe a los trabajadores/as sobre sus derechos, existan comités de empresa con capacidad para presentar reivindicaciones, la evaluación de la prevención de riesgos laborales, o asambleas de trabajadores para discutir sobre sus condiciones de trabajo, acciones todas ellas que requieren, hoy por hoy, de un imprescindible apoyo económico y organizativo para poder afrontarlas, al cumplir una evidente función social de integración y compensación de desigualdades. Se puede decir bien alto, porque la mayor parte de las mejoras en los centros de trabajo no han caído del cielo (y existe mucho de amnesia interesada en este olvido), sino que han venido de la mano de trabajadores/as organizados que se han movilizado para mejorar el desempeño del trabajo en las empresas, siguiendo una estela casi intemporal pero que, sin embargo, aún hoy tiene un enorme recorrido por ejecutar, con reconocimiento expreso en nuestro marco normativo fundamental, y desde el convencimiento de que una economía no tiene futuro si empeora la situación de lo que algunos denominan sus “recursos humanos”.
Si tiráramos un poco más del hilo de los ultrasur del campo de batalla, nos encontraríamos con el mensaje cualificado de técnicos de grada que consideran que la negociación de convenios colectivos – que nuestro ordenamiento jurídico dota de la categoría de ley – debe pasar a ser historia, y que lo que aquí importa es el “tú a tú” del empresario y el trabajador, tirando por la borda códigos enteros de derecho del trabajo y su misma justificación histórica, una justificación que parte de la manifiesta desigualdad existente entre empleador y empleado, lo que ha provocado necesariamente la creación de un ordenamiento que tutele el derecho constitucional a acceder al trabajo.
Ocurre, sin embargo, que del otro lado del campo nos encontramos con un silente público que, probablemente, precise encontrar fáciles chivos expiatorios a la lamentable situación sociolaboral que vivimos. También quizás se haya olvidado, tras la marea de crecimiento de la última década, que el mantenimiento de las condiciones de trabajo, y su mejora, pasa, entre otras cuestiones, por la organización activa de los asalariados/as, tanto en los centros de trabajo como en el ámbito nacional e internacional, y el correspondiente reconocimiento de su papel socioeconómico por parte de las instituciones.
La necesaria y mejorable gestión sindical vendrá de la mano de los que eligen a sus representantes, si consideran que es necesario organizarse para defender derechos que se mantienen, y sólo si hay movimiento para su defensa, porque de otro lado también cabe la inopia, languidez y resignación ante cambios que parecen inevitables a la luz de los reclamos especulativos y financieros de turno. La cantidad y calidad del empleo, así como la aspiración a una sociedad mejor, y la imprescindible presencia de la organización de los trabajadores y trabajadoras dependerá del grado de compromiso de una sociedad con la garantía de derechos a acceder a un puesto de trabajo, y que éste tenga condiciones dignas.
A contrapie ha cogido a esta sociedad la dimensión de la ola “contrarreformista” que se está fraguando. Probablemente andamos adormilados, sin entender muy bien en qué consiste esta algarabía que algunos quieren montar, pensando más en las tarifas del móvil que en la probabilidad de que el entuerto vaya con nosotros, instalados en un impasse que algunos (cosas de la falta de memoria histórica) creen imperturbable. Pero trae esta campaña una carga de profundidad demasiado seria para ignorarla y demasiado irresponsable sería, aunque fuera por la memoria de los trabajadores/as que han caído a lo largo de los años, abandonarnos al nihilismo, cuando probablemente tengamos una cita histórica hoy con el futuro del trabajo digno, que algunos se empeñan en estos días, y en aras de los sacrosantos mercados, en cuestionar.
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