Durante la última etapa de gobierno del PSOE en la pasada legislatura, el PP no dio tregua a un partido socialista incapaz de aportar soluciones a la crisis y de hacer frente a la presión continua de la oposición, de las agencias de calificación, de Europa, de los medios de comunicación afines a la derecha... Una vez tras otra los distintos portavoces populares insistían ante los ciudadanos en denunciar la política de recortes sociales, las reformas laborales y las subidas de impuestos promovidas por el ejecutivo de Zapatero. Una y otra vez nos insistían en que disponían de alternativas para hacer frente a los recortes sociales y al incremento impositivo promoviendo reformas estructurales. En diferentes ocasiones María Dolores de Cospedal nos hizo llegar que en España “nunca se ha salido de una crisis económica subiendo los impuestos”. Esteban González Pons se manifestó en el mismo sentido otras veces: “Subir los impuestos es un hachazo en la médula espinal de la clase media española”. Cristóbal Montoro denunció que la subida del IVA por los socialistas significaba que “estaban en su salsa” y que era “la mayor subida de impuestos de la democracia, y eso va a traer más recesión y más paro”. Mariano Rajoy en su investidura como presidente de este país, llegó a decir en el Congreso de los Diputados: “la única cosa que subiré serán las pensiones” y reconocía que “subir los impuestos es darle una vuelta de tuerca a las maltrechas economías de los españoles”.
En fin, que no iba mal encaminado Voltaire cuando escribió en su día que la política, o al menos la política como la entienden determinadas organizaciones, “es el arte de mentir a propósito” si tenemos en cuenta que, apenas unos días después de tomar posesión el Gobierno de Mariano Rajoy, en su primer consejo de ministros aprueba un paquete de brutales recortes sociales y subidas de impuestos. Efectivamente, como no dudaron en calificar muchos medios de comunicación, esta vez estamos ante el mayor aumento de
impuestos de la democracia al subir el IRPF, los rendimientos del ahorro y el IBI, que castigan directamente a las rentas salariales y a las clases medias. Además no se cortó el Gobierno en encarecer el gas, los peajes y las hipotecas. No se cortó un ápice en congelar el salario mínimo por primera vez desde que se creó, en mejorar las pensiones en un triste 1% frente a un incremento superior del coste de la vida y en meterle un tijeretazo terrible a la televisión pública, la investigación, los funcionarios, los sindicatos y la inversión. Se
trata sin duda de un gravísimo incumplimiento de sus continuas promesas de favorecer la inversión y el empleo (la mayoría de los expertos coinciden en que estas medidas agravarán el pronóstico de recesión y seguirá aumentando el desempleo) y de plegarse otra vez a la banca al propiciar un nuevo aval del Estado al sistema bancario de 100.000 millones de euros. Además, mientras redacto este texto el Consejo de Ministros debate vaciar el Estado desmantelando organismos y empresas públicas… Podría seguir
escribiendo sobre esto y sobre el carácter paralizante de las medidas para la economía española, pero en esta ocasión prefiero centrarme en analizar las peligrosas consecuencias de las mentiras para la democracia. Como dice Adela Cortina es urgente crear empleo y mejorar la economía, “pero en ese mismo nivel de urgencia se sitúa la necesidad de decir la verdad, explicar las propuestas y debatirlas, de modo que los destinatarios de las leyes puedan ser de algún modo sus autores”.
Sin ningún pudor el PP y su líder Mariano Rajoy han mentido a la ciudadanía de este país, lo que deslegitima de raíz el proceso democrático electoral último y la esencia de nuestra democracia. Michael P. Lynch, en un libro que he citado en otras ocasiones (La importancia de la verdad, para una cultura pública decente. Ed. Paidós) defiende la veracidad en las propuestas políticas porque “sin esa sinceridad pública, el ciudadano de a pie no puede, por ejemplo, tomar una decisión acertada sobre el candidato que mejor representa sus intereses. Y en la medida en que no pueden tomarse esas decisiones, el proceso democrático resultará ilusorio y el poder del pueblo quedará reducido a un mero eslogan”.
Rajoy no ha dudado en seguir las tesis de Maquiavelo que consideraba que las mentiras son legítimas y las promesas se pueden incumplir si la verdad puede hacer daño al príncipe y también las de Henry Kissinger que justifica las mentiras del estadista porque dispone de una moral diferente que la del ciudadano.
Joaquín Estefanía (La paradoja del mentiroso) afirma que el grado de tolerancia con respecto a la mentira es un indicador barométrico de la calidad de la democracia, y cita a Paolo Flores D’ Arcais que asegura que la aniquilación de la verdad y la aniquilación de la democracia caminan al mismo ritmo, constituyen dos indicadores recíprocos y convergentes: las libertades públicas y las mentiras políticas circulan de forma
inversamente proporcional.
El sacerdote y teólogo Hans Kung (¿Está justificada la mentira en política?) nos dice que en la Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas en su artículo 12 se habla sobre la veracidad, y señala que “nadie, por importante o poderoso que sea, debe mentir”, pero eso parece importarle muy poco a unos políticos irresponsables que permiten con sus acciones que la ciudadanía española los considere la tercera preocupación en la última encuesta del CIS. Desgraciadamente, como sostiene Hannah Arendt, hoy la mentira se ejerce sin ningún tipo de tapujos y la denomina “conspiración a plena luz”. Como hemos podido comprobar el Gobierno nos ha mentido desde la irresponsabilidad más absoluta, desde el mayor de los descaros y el desprecio a la ciudadanía: “a plena luz”.
La peligrosa conjunción del poder de los mercados con la mentira no hace sino profundizar en el desafecto a la democracia, en la hostilidad de la ciudadanía, en la aparición de derivas populistas y liberticidas y hoy un peligroso escalofrío recorre la piel del Viejo Continente. Lo de Grecia, Italia, Portugal, España…, no es una anécdota.
Estamos ante una auténtica involución de las ideas, los derechos sociales, laborales y ciudadanistas, la economía, el bienestar, el medio ambiente, la justicia, las libertades públicas y la democracia. Y si buscamos en el diccionario la palabra austeridad desde luego no significa exactamente la situación que estamos viviendo.
El poeta español Antonio Gamoneda escribió: “De la verdad no ha quedado más que una fetidez de notarios (…)/ y la liturgia de la traición (…)/ ¿Qué lugar es este, qué lugar es este?” Donde el poeta pone notarios lean, por favor, “registrador de la propiedad” y entonces estaremos dando en el clavo.
(*) Alcalde de Agüimes
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