Fegainca alerta de la situación agonizante de la Ganadería y exige un reparto más justo del Posei

LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL CANARIO

SE REÚNEN CON CARLOS CABANAS, DIRECTOR GENERAL DE PRODUCTOS Y MERCADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

-      La Federación de Ganaderos e Industriales de Canarias ve “totalmente necesario” que se realice una profunda revisión que se ajuste a los valores de producción reales del agro

-      El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, aún no ha accedido a mantener un encuentro con la entidad, a pesar de que se ha solicitado hace más de un año

Madrid (España), 23 de abril de 2014 / Ganadería / Gabinete de Prensa.

La Federación de Ganaderos e Industriales de Canarias, Fegainca, mantuvo hoy una reunión con el Director General de Productos y Mercados Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, a quien reclamaron que estudie y proponga una profunda revisión del Posei, de manera que se articule un nuevo reparto ajustado a los valores de producción reales de la agricultura y la ganadería de las islas.

Fegainca ve “totalmente necesario” que se opere una modificación del reparto del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de Canarias, de forma que se ajuste a los fines para los que fue concebido. Habría de ser el Ministerio, como titular jurídico de la relación con la Unión Europea, el que valore una redistribución de los fondos comunitarios, estudiando, si fuera necesario, algún otro criterio que pueda resultar aplicable atendiendo a la condición de Ultraperificidad de Canarias.

Los asistentes a la reunión expusieron la dramática y dificilísima situación estructural y económica del sector ganadero en Canarias  y la imperiosa necesidad de tomar decisiones de una forma definitiva; sin perjuicio de acudir a otras instancias en defensa de una reivindicación legítima y justa, lo que incluiría trasladar sus preocupaciones directamente a Bruselas.

Ante la desigualdad que genera el plazo de pago de las ayudas con todas sus consecuencias financieras y económicas, Fegainca solicita que se articule un mecanismo supervisado por el Ministerio donde se garantice la justa y necesaria igualdad entre subsectores en el momento del pago de las ayudas.

Además, reclaman que el Ministerio intervenga ante la Comunidad Autónoma para que el pago de las ayudas a los productores se realice de forma diligente y en las primeras fechas del plazo legal establecido por la UE, y no como ocurre hasta ahora que se abonan el último día del plazo establecido.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que el Gobierno regional mantiene una deuda multimillonaria con los ganaderos canarios derivada de los múltiples impagos de las ayudas de Estado aprobadas por la Comisión Europea desde el año 2009. La asociación solicitó, por ello, que se tomen las medidas necesarias para un inmediato pago de las cantidades pendientes, y recordó que el presidente del Ejecutivo regional no les ha recibido pese a haberlo pedido por carta desde hace más de un año.

Fuerte endeudamiento

Por parte de Fegainca acudieron al encuentro Samuel Marrero, en representación del Grupo CAPISA; Valentín Elvira, presidente de la Asociación AHOF, de Lanzarote; Gonzalo Cedrés, ganadero de caprino de Lanzarote; Antonio Pérez, vicepresidente y secretario del Consejo Regulador D. O. Majorero; Mario González, Administrador de “Quesería Reyes”, de Fuerteventura; Cidalia Castillo, ganadera de caprino de Fuerteventura; Alfredo Alberto, Presidente de AGAMA, Asociación de Ganaderos Majoreros y Matilde Hernández, en representación de Quesería El Faro, de Lanzarote.

En la reunión, que contó con la presencia de la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, el sector expuso la situación agonizante del sector del caprino en Lanzarote y Fuerteventura, y llamaron la atención sobre la situación extrema de explotaciones en las que las cabezas de ganado mueren por falta de insumos.

Muchos de los titulares, indicaron, han perdido sus empresas al ampliar los créditos hipotecarios de sus viviendas para alimentar el ganado, y aún así han quedado fuertemente endeudados tanto con las entidades de crédito, como con sus proveedores de piensos.

Los inmigrantes 'sin papeles' pierden desde hoy su derecho a tener tarjeta sanitaria

SANIDAD INSISTE EN QUE NO QUEDARÁN DESPROTEGIDOS

Foto: EUROPA PRESS

MADRID (ESPAÑA), 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 / SEGURIDAD SOCIAL /  EUROPA PRESS

Hoy 1 de septiembre entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.

La medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por el departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una "cuestión de ajuste económico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.

Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma y seguirán atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.

UN ASEGURADO, UNA TARJETA SANITARIA

El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.

De este modo, quedan fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que están en situación irregular o 'sin papeles', unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hasta ahora sólo necesitaban estar empadronados en algún municipio español para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.

A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y que la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países".

En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".

No obstante, las mismas fuentes reconocen que esto son sólo unos "mínimos" que las comunidades pueden ampliar como estimen oportuno siempre que no les den una tarjeta sanitaria del SNS, "ya que no tienen derecho a tenerla". "Si quieren darle una cobertura especial, están en su derecho, pero con tarjetas alternativas".

Pese a ello, algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán, pero crearán una tarjeta 'alternativa' para este colectivo que podrán adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.

ALGUNAS COMUNIDADES DEL PP SE RESISTEN A COBRARLES

Pero algunas comunidades gobernadas por el PP también han suavizado el impacto de la norma impulsada por Mato, caso de Galicia, que ha puesto en marcha un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria de este colectivo en los centros de salud.

En cambio, otras como Castilla y León intentarán cobrar la factura de la asistencia a los países de origen (en caso de que España tenga algún convenio de colaboración bilateral) antes de "en último término" facturar el coste a los propios 'sin papeles'; algo que hará sin dilaciones o al menos "intentará" La Rioja, bien después de la consulta o a través de un seguro.

No obstante, el Ministerio garantiza que "en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que haya convenio de colaboración bilateral con España.

LOS IRREGULARES QUE NO PAGUEN QUEDARÁN REGISTRADOS

De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.

Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".

Por otro lado, el departamento de Ana Mato también da la posibilidad a  las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, que tendrán un coste de 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene más de 65 años.

No obstante, fuentes del Ministerio reconocen a Europa Press que dichas pólizas no están pensadas para los 'sin papeles' sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en España para ser atendidos por el SNS, lo que se conoce como el turismo sanitario.

OPOSICIÓN EN BLOQUE DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

 La medida ha sido rechazada por la mayoría de los profesionales sanitarios ya que, como ha asegurado el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos.

Además, este experto ha reconocido que se trata de una medida que va en contra de su "deber deontológico" de atender "a cualquier ciudadano", algo que también ha defendido la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ha abierto una página web para que los profesionales sanitarios declaren su intención de recurrir a la objeción de conciencia para atender a los 'sin papeles'. De hecho, hasta la entrada en vigor de la norma ya ha conseguido más de 1.700 adhesiones.

En cambio, el Consejo General de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España.

De hecho, ha recordado que puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.

El Presidente y el Ministro de Fomento visitan las obras de Taliarte

Mañana martes, 1 de febrero, a las 16.00, en Taliarte


Estarán acompañados por el Vicepresidente y Consejero del área

Las Palmas de GC, 31 de enero de 2011 | Obras Públicas | Gabinete de Prensa.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, y el ministro de Fomento, José Blanco, visitarán mañana martes, 1 de febrero, a las 16.00, las obras del proyecto “Urbanización y mejora de servicios en el Puerto de Taliarte” para la mejora y ordenación de la zona de agua y tierra. Estarán acompañados por el vicepresidente del Cabildo y consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes, Román Rodríguez.