Madrid, 19 de enero de 2012 / Sindical / Gabinete de Prensa.
Hace unos días pudimos leer en los medios como una asociación de guardias civiles emitía un comunicado de prensa pidiendo que el nuevo Director General fuese del propio Cuerpo, del empleo correspondiente (Teniente General) y no un político.
Pocos días después hemos visto como se levantaba una campaña de desprestigio contra el Sr. Fernández de Mesa en cuanto a su currículum profesional.
La Unión de Oficiales (UO), asociación de mandos de la Guardia Civil, quiere mostrarle su apoyo y respeto a nuestro Director General, Sr. Fernández de Mesa.
Conocemos su trayectoria política, su dilatada experiencia, sabemos que se ha curtido en la Administración Local, Autonómica y en la política nacional como diputado en las Cortes Generales.
En la Guardia Civil existe un sector minoritario que defiende su formación como la única válida y habilitante para ejercer responsabilidades en la Guardia Civil, sin embargo para ser un buen guardia civil y un buen mando no son tan imprescindibles los doctorados o los títulos rimbombantes como sí lo son el sentido común y el de la responsabilidad.
Lo que la Guardia Civil necesita es un Director que tome el timón de una nave a la deriva, que ejerza el liderazgo con sentido común, con honradez, que sepa escuchar y defender el Cuerpo que dirige con la firmeza necesaria. Los guardias civiles siempre hemos sido los peor tratados entre los funcionarios, por eso demandamos un Director que sepa defender con el ímpetu necesario a sus guardias civiles. Para eso tiene sobrada experiencia. Eso es lo que queremos y demandamos de nuestro Director: honradez, respeto, capacidad de diálogo y sentido común en sus decisiones.
No necesita más para contar con nuestro apoyo y respeto.
UNIÓN DE OFICIALES GUARDA CIVIL PROFESIONAL
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jueves, 19 de enero de 2012
miércoles, 9 de febrero de 2011
EL DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL INTENTA MANIPULAR A LOS GUARDIAS CIVILES SESGANDO LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET CORPORATIVA
Madrid, 9 de febrero de 2011 | Sindical | JUNTA DIRECTIVA UNION DE OFICIALES.
La Dirección General de la Guardia Civil se dedica a censurar toda aquella información que favorece los derechos fundamentales de los guardias civiles.
El ejemplo más reciente lo vimos con ocasión de la convocatoria de manifestación realizada por las asociaciones profesionales el pasado 18 de septiembre de 2010. Entonces, la Dirección General colgó en la intranet OFICIAL la Resolución de la Subdelegación de Gobierno por la que se prohibía la misma.
Sin embargo, la sentencia posterior por la que el Tribunal autorizó la manifestación, no fue publicada pese a ser demandado en numerosas ocasiones por la Unión de Oficiales.
Otro ejemplo que ilustra a la perfección la manipulación informativa de la Dirección General es la sentencia del Tribunal Supremo en la que se defiende el derecho de los Guardias Civiles a quejarse e informar públicamente de sus condiciones laborales y que, obviamente, tampoco fue publicada pese a ser de evidente interés general.
Sin embargo, la sentencia posterior por la que el Tribunal autorizó la manifestación no fue publicada pese a ser demandado en numerosas ocasiones por la Unión de Oficiales.
Sin embargo, sí que se ha publicado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a un Guardia Civil por realizar manifestaciones contrarias a la disciplina y que, pese a ser de fecha anterior a la que afirma que los guardias civiles pueden quejarse de sus condiciones laborales, se ha reutilizado para intentar desvirtuar la legalidad de reclamar derechos por parte de los Guardias Civiles.
Lo paradójico del asunto no es el uso interesado de una página web OFICIAL y pública al servicio de la administración general del estado y, consecuentemente, de sus administrados sino que sólo tengan eco en dicha web corporativa aquellas sentencias de un marcado carácter restrictivo de los derechos y libertades que tanto han costado conseguir. Es decir, el propio gobierno que aprobó la ley de derechos y deberes de los guardias civiles parece más interesado en la prohibición y restricción de derechos y libertades que en su fomento.
La Unión de Oficiales considera que la intranet oficial del cuerpo es una herramienta de comunicación institucional donde debe venir recogida toda aquella información que, por su interés y utilidad, deba ser difundida de forma general a todos los miembros de la Guardia Civil y no convertirse en una web propagandística de las “victorias” de la Dirección General en el recorte de derechos y libertades a los guardias civiles.
La publicación selectiva y la interpretación sesgada de sentencias y resoluciones son utilizadas por la Dirección General para amedrentar a aquellos que pretendan reclamar derechos y condiciones de trabajo dignas.
No tenemos más que echar la vista atrás a lo largo de la historia para ver qué regímenes, y con que finalidad, han utilizado la misma censura y manipulación que la aplicada, en pleno siglo XXI, por la Dirección General de la Guardia Civil.
Madrid, 8 de febrero de 2011
JUNTA DIRECTIVA UNION DE OFICIALES
La Dirección General de la Guardia Civil se dedica a censurar toda aquella información que favorece los derechos fundamentales de los guardias civiles.
El ejemplo más reciente lo vimos con ocasión de la convocatoria de manifestación realizada por las asociaciones profesionales el pasado 18 de septiembre de 2010. Entonces, la Dirección General colgó en la intranet OFICIAL la Resolución de la Subdelegación de Gobierno por la que se prohibía la misma.
Sin embargo, la sentencia posterior por la que el Tribunal autorizó la manifestación, no fue publicada pese a ser demandado en numerosas ocasiones por la Unión de Oficiales.
Otro ejemplo que ilustra a la perfección la manipulación informativa de la Dirección General es la sentencia del Tribunal Supremo en la que se defiende el derecho de los Guardias Civiles a quejarse e informar públicamente de sus condiciones laborales y que, obviamente, tampoco fue publicada pese a ser de evidente interés general.
Sin embargo, la sentencia posterior por la que el Tribunal autorizó la manifestación no fue publicada pese a ser demandado en numerosas ocasiones por la Unión de Oficiales.
Sin embargo, sí que se ha publicado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a un Guardia Civil por realizar manifestaciones contrarias a la disciplina y que, pese a ser de fecha anterior a la que afirma que los guardias civiles pueden quejarse de sus condiciones laborales, se ha reutilizado para intentar desvirtuar la legalidad de reclamar derechos por parte de los Guardias Civiles.
Lo paradójico del asunto no es el uso interesado de una página web OFICIAL y pública al servicio de la administración general del estado y, consecuentemente, de sus administrados sino que sólo tengan eco en dicha web corporativa aquellas sentencias de un marcado carácter restrictivo de los derechos y libertades que tanto han costado conseguir. Es decir, el propio gobierno que aprobó la ley de derechos y deberes de los guardias civiles parece más interesado en la prohibición y restricción de derechos y libertades que en su fomento.
La Unión de Oficiales considera que la intranet oficial del cuerpo es una herramienta de comunicación institucional donde debe venir recogida toda aquella información que, por su interés y utilidad, deba ser difundida de forma general a todos los miembros de la Guardia Civil y no convertirse en una web propagandística de las “victorias” de la Dirección General en el recorte de derechos y libertades a los guardias civiles.
La publicación selectiva y la interpretación sesgada de sentencias y resoluciones son utilizadas por la Dirección General para amedrentar a aquellos que pretendan reclamar derechos y condiciones de trabajo dignas.
No tenemos más que echar la vista atrás a lo largo de la historia para ver qué regímenes, y con que finalidad, han utilizado la misma censura y manipulación que la aplicada, en pleno siglo XXI, por la Dirección General de la Guardia Civil.
Madrid, 8 de febrero de 2011
JUNTA DIRECTIVA UNION DE OFICIALES
jueves, 16 de septiembre de 2010
EL MINISTERIO DEL INTERIOR INSISTE EN ANIQUILAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DENTRO DE LA GUARDIA CIVIL.
• El Director General de la Guardia Civil ha cumplido su amenaza y ha comunicado a los máximos responsa-bles de AUGC y UO, Alberto Moya y Francisco García, sendos expedientes disciplinarios por falta muy grave.
• Los expedientes son consecuencia de la rueda de prensa que ambos líderes asociativos ofrecieron el pasado viernes, en la que denunciaron la actitud de Delegación de Gobierno de Madrid al prohibirles la manifesta-ción del 18 de septiembre.
• AUGC y UO, las dos organizaciones mayoritarias en la Guardia Civil, denuncian la persecución que el mi-nistro del Interior y el Director General de la Guardia Civil están ejerciendo sobre los representantes legales de los guardias para impedirles ejercer su derecho representativo, en lo que supone el mayor ataque al mo-vimiento asociativo desde la época del sindicalismo clandestino.
Madrid, 16 de septiembre de 2010 | Sindical | Gabinete de Prensa - Redacción.
Esta mañana el Director General de la Policía y de la Guardia Civil ha cumplido su amenaza y a comunicado a los máximos responsables de AUGC y UO, Alberto Moya y Francisco García, el expediente por falta muy grave que le ha incoado el Ministerio del Interior.
Para las dos asociaciones representativas de los guardias civiles estos dos expedientes suponen un claro atropello al movimiento asociativo dentro de la Benemérita, movimiento que el propio Gobierno aprobó y apoyó con su Ley de Derechos y Deberes.
AUGC y UO denuncian la insistencia de los máximos responsables de la Guardia Civil por aniquilar el derecho de libertad de expresión de los representantes legales de los trabajadores de la Benemérita.
A pesar de este pulso que el ministro y el director general echan a los guardias, con amenazas y expedientes, estos están dispuestos a acudir el próximo sábado al auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, para celebrar que más pronto que tarde los aires democráticos, las libertades cívicas acabaran triunfando en la Guardia Civil. Las dos aso-ciaciones mayoritarias quieren dejar muy claro ante la sociedad que los GUARDIAS CIVILES Y SUS LEGALES REPRESENTATES HEMOS SIDO, SOMOS Y SEREMOS SIEMPRE RESPETUOSOS CON LA LEY.
AUGC y UO animan a todos sus compañeros a participar en esta fiesta asociativa. El 18 de septiembre todos en RIVAS VACIAMADRID.
• Los expedientes son consecuencia de la rueda de prensa que ambos líderes asociativos ofrecieron el pasado viernes, en la que denunciaron la actitud de Delegación de Gobierno de Madrid al prohibirles la manifesta-ción del 18 de septiembre.
• AUGC y UO, las dos organizaciones mayoritarias en la Guardia Civil, denuncian la persecución que el mi-nistro del Interior y el Director General de la Guardia Civil están ejerciendo sobre los representantes legales de los guardias para impedirles ejercer su derecho representativo, en lo que supone el mayor ataque al mo-vimiento asociativo desde la época del sindicalismo clandestino.
Madrid, 16 de septiembre de 2010 | Sindical | Gabinete de Prensa - Redacción.
Esta mañana el Director General de la Policía y de la Guardia Civil ha cumplido su amenaza y a comunicado a los máximos responsables de AUGC y UO, Alberto Moya y Francisco García, el expediente por falta muy grave que le ha incoado el Ministerio del Interior.
Para las dos asociaciones representativas de los guardias civiles estos dos expedientes suponen un claro atropello al movimiento asociativo dentro de la Benemérita, movimiento que el propio Gobierno aprobó y apoyó con su Ley de Derechos y Deberes.
AUGC y UO denuncian la insistencia de los máximos responsables de la Guardia Civil por aniquilar el derecho de libertad de expresión de los representantes legales de los trabajadores de la Benemérita.
A pesar de este pulso que el ministro y el director general echan a los guardias, con amenazas y expedientes, estos están dispuestos a acudir el próximo sábado al auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, para celebrar que más pronto que tarde los aires democráticos, las libertades cívicas acabaran triunfando en la Guardia Civil. Las dos aso-ciaciones mayoritarias quieren dejar muy claro ante la sociedad que los GUARDIAS CIVILES Y SUS LEGALES REPRESENTATES HEMOS SIDO, SOMOS Y SEREMOS SIEMPRE RESPETUOSOS CON LA LEY.
AUGC y UO animan a todos sus compañeros a participar en esta fiesta asociativa. El 18 de septiembre todos en RIVAS VACIAMADRID.
viernes, 10 de septiembre de 2010
AUGC y UNION DE OFICIALES RESPONDEN AL GOBIERNO ANTE LA PROHIBICION DE LA
Madrid, 10 de septiembre de 2010 | Sindical | Gabinete de Prensa - Redacción.
Ante la prohibición gubernativa de la manifestación convocada en Madrid el próximo día 18 de septiembre, AUGC y UO quieren hacer público el siguiente comunicado:
1-La decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid es un gravísimo retroceso en los derechos y libertades civiles en nuestro país. Un representante del Gobierno no puede ni debe prohibir el ejercicio de un derecho fundamental de todos los españoles-ello corresponde a los tribunales en un estado de derecho- utilizando torticeramente la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles.
AUGG y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil convocaron una manifestación para reclamar cuestiones laborales tales como una jornada laboral digna y homologada a la que realizan el CNP y una unificación de las escalas de mando en la Guardia Civil. Además del cumplimiento de la resolución del Parlamento en cuanto al reingreso de los guardias civiles expulsados por su actividad asociativa hoy reconocida legalmente. Todas estas demandas forman parte del ideario de nuestras asociaciones y han sido defendidas en el marco del Consejo de la Guardia Civil. Nada tienen que ver con actividades sindicales prohibidas a los guardias civiles pues forman parte de la actividad de promoción laboral y profesional del colectivo que nos tiene asignada la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles.
Por ello hemos recurrido esta resolución en los tribunales pertinentes.
2-La decisión de la Delegación de Gobierno es un tremendo error político de este Gobierno. Cuando hace unos días se autoriza una concentración por los mismos objetivos que los pretendidos para el 18-S y ahora se prohíben, estamos de forma evidente ante una decisión política del Ministerio de Interior de prohibir la manifestación de miles de guardias civiles e impedir de este modo que los errores y la mala gestión del Ministerio frente a las demandas profesionales del colectivo quedaran patentes. Pero el conflicto interno en la Guardia Civil no desaparece. Es mas, si se pretende hurtar a los guardias civiles derechos constitucionales como el de manifestación, el conflicto se agrava.
AUGC y UO reclama al Gobierno de España sentido común y responsabilidad. Que reanude la negociaciones y el dialogo para alcanzar acuerdos negociados con el asociacionismo en la Guardia Civil que permitan avanzar de verdad en la mejora de las condiciones de trabajo de todos los guardias civiles.
3- Ante la convocatoria por la Asociación de Automovilistas Europeos de una concentración frente a la Dirección General de la Guardia Civil (calle General Fernández Ibero) el próximo día 18 de septiembre a las doce del mediodía, bajo el lema TODOS CON LOS GUARDIAS CIVILES, AUGC y la Unión de Oficiales han decidido llamar a sus militantes y afiliados y afiliadas, a familiares y amigos, a participar como ciudadanos y ciudadanas en dicha concentración. Sin pancartas ni anagramas. Por todo ello AUGC y UO mantiene todo el operativo de autobuses en marcha. Seguiremos informando.
4-AUGC y Unión de Oficiales vamos a seguir defendiendo los intereses laborales y profesionales de los guardias civiles y nuestros derechos civiles y democráticos. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad.
Ante la prohibición gubernativa de la manifestación convocada en Madrid el próximo día 18 de septiembre, AUGC y UO quieren hacer público el siguiente comunicado:
1-La decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid es un gravísimo retroceso en los derechos y libertades civiles en nuestro país. Un representante del Gobierno no puede ni debe prohibir el ejercicio de un derecho fundamental de todos los españoles-ello corresponde a los tribunales en un estado de derecho- utilizando torticeramente la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles.
AUGG y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil convocaron una manifestación para reclamar cuestiones laborales tales como una jornada laboral digna y homologada a la que realizan el CNP y una unificación de las escalas de mando en la Guardia Civil. Además del cumplimiento de la resolución del Parlamento en cuanto al reingreso de los guardias civiles expulsados por su actividad asociativa hoy reconocida legalmente. Todas estas demandas forman parte del ideario de nuestras asociaciones y han sido defendidas en el marco del Consejo de la Guardia Civil. Nada tienen que ver con actividades sindicales prohibidas a los guardias civiles pues forman parte de la actividad de promoción laboral y profesional del colectivo que nos tiene asignada la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles.
Por ello hemos recurrido esta resolución en los tribunales pertinentes.
2-La decisión de la Delegación de Gobierno es un tremendo error político de este Gobierno. Cuando hace unos días se autoriza una concentración por los mismos objetivos que los pretendidos para el 18-S y ahora se prohíben, estamos de forma evidente ante una decisión política del Ministerio de Interior de prohibir la manifestación de miles de guardias civiles e impedir de este modo que los errores y la mala gestión del Ministerio frente a las demandas profesionales del colectivo quedaran patentes. Pero el conflicto interno en la Guardia Civil no desaparece. Es mas, si se pretende hurtar a los guardias civiles derechos constitucionales como el de manifestación, el conflicto se agrava.
AUGC y UO reclama al Gobierno de España sentido común y responsabilidad. Que reanude la negociaciones y el dialogo para alcanzar acuerdos negociados con el asociacionismo en la Guardia Civil que permitan avanzar de verdad en la mejora de las condiciones de trabajo de todos los guardias civiles.
3- Ante la convocatoria por la Asociación de Automovilistas Europeos de una concentración frente a la Dirección General de la Guardia Civil (calle General Fernández Ibero) el próximo día 18 de septiembre a las doce del mediodía, bajo el lema TODOS CON LOS GUARDIAS CIVILES, AUGC y la Unión de Oficiales han decidido llamar a sus militantes y afiliados y afiliadas, a familiares y amigos, a participar como ciudadanos y ciudadanas en dicha concentración. Sin pancartas ni anagramas. Por todo ello AUGC y UO mantiene todo el operativo de autobuses en marcha. Seguiremos informando.
4-AUGC y Unión de Oficiales vamos a seguir defendiendo los intereses laborales y profesionales de los guardias civiles y nuestros derechos civiles y democráticos. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad.
jueves, 2 de septiembre de 2010
BALEARES, PARAÍSO DE NARCOTRAFICANTES
Madrid 31 de agosto de 2010 |Sindical | UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL
Desde el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Illes Balears no se instruye expediente alguno por consumo o tenencia de drogas o sustancias estupefacientes en aplicación de la Ley Orgánica 1/92 Sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
La Asociación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha trasladado su preocupación por la no tramitación por parte de la Delegación del Gobierno de Illes Balears de los expedientes resultantes de las incautaciones de drogas efectuados en el archipiélago desde finales del 2006. Desde la mencionada Delegación del Gobierno se está haciendo caso omiso a la referida Ley Orgánica, la cual, en su artículo 25,1, establece que constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares,
vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada
al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya
infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Baleares han cumplido con este mandato, si bien su labor ha sido totalmente inútil al no haberse instruido ningún expediente.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil resalta, no sólo la falta de aplicación de una Ley Orgánica por parte de las Autoridades, sino la preocupante imagen que se traslada a los supuestos infractores, los cuales, al ver que la droga incautada no conlleva infracción alguna, podrían concluir que su actitud no les genera sanción alguna -creando un sentimiento de impunidad-, y que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se apropian indebidamente de la droga. A su vez, reseñar el desprecio hacia la labor de los agentes, los cuales han empleado gran parte de su tiempo y esfuerzo en realizar un arduo trabajo, con el riesgo que esto supone, para que finalmente no sirva para nada.
El problema radica, al parecer, en el Área de Sanidad, donde no se han llevado a cabo los análisis de las sustancias aprehendidas, sin haber, en principio, causa que lo justifique.
Durante los años 2.007, 2008 y 2.009 se realizaron en Baleares 12.721, 14.364 y 10.260 incautaciones de drogas respectivamente, sin que ninguna de estas sustancias (salvo las inmersas en procedimientos judiciales) haya sido analizada para posteriormente tramitar el correspondiente expediente administrativo sancionador.
El Delegado no puede achacar el problema a la falta de personal, ya que en el 2006, año en el que sí se analizaban las sustancias, había destinados en la Delegación de Sanidad: un Jefe de Laboratorio, más dos Técnicos Especialistas de Laboratorio y tres Administrativos. En cambio en el año 2.009, donde no se realizó ningún expediente sancionador, los funcionarios destinados eran más: cuatro Farmacéuticos, un
Técnico de Laboratorio, un A.T.S y tres Administrativos.
En la exposición de motivos de la referida Ley de Seguridad Ciudadana se menciona como fin de la misma y en relación a la incautación para posterior sanción, la resocialización y no el carácter exclusivamente retributivo. Está claro, que ni una ni otra función se está logrando en esta Comunidad Autónoma, debido a la pasividad de nuestra Administración. Tampoco se lucha para no facilitar el consumo de sustancias estupefacientes ni se recauda, dejando de ingresar las arcas públicas un mínimo de 15 millones de euros, dinero éste que podría ser empleado en la lucha contra el tráfico de drogas o la deshabituación de personas drogodependientes.
El motivo o las circunstancias que han llevado al responsable de nuestra Delegación del Gobierno a permitir todo lo expuesto se desconocen. Pero sí se tiene conocimiento fehaciente de que NO se puede alegar ignorancia por la misma, ya que por un lado, en escrito interno del Secretario General de la Unión de Oficiales
Delegación del Gobierno, de fecha 31 de Julio de 2.008, se dan instrucciones a los funcionarios esponsables de que, ante las continuas prescripciones de las infracciones por falta de análisis de las sustancias estupefacientes, se proceda a la destrucción de las mismas, sin llevar acabo trámite alguno y por otro lado, en el mes de abril de este mismo año el Delegado fue informado directamente del problema que existía con la droga incautada por la Delegación de la U.O. en Baleares, sin que ni antes ni ahora se haya hecho nada al respecto.
Las consecuencias de la actitud de la Delegación del Gobierno de Illes Balears bajo la dirección del Señor Ramón Socias, ha sido provocar el desánimo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reflejado en una considerable y significativa disminución de las aprehensiones, pasando de más de 10.000 de media anual en los tres años indicados, a 1.800 en lo que llevamos del 2010. Dicha circunstancia está provocando asimismo la permisividad del consumo de drogas y el descrédito de todas nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no sólo de la Guardia Civil.
Desde el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Illes Balears no se instruye expediente alguno por consumo o tenencia de drogas o sustancias estupefacientes en aplicación de la Ley Orgánica 1/92 Sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
La Asociación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha trasladado su preocupación por la no tramitación por parte de la Delegación del Gobierno de Illes Balears de los expedientes resultantes de las incautaciones de drogas efectuados en el archipiélago desde finales del 2006. Desde la mencionada Delegación del Gobierno se está haciendo caso omiso a la referida Ley Orgánica, la cual, en su artículo 25,1, establece que constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares,
vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada
al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya
infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Baleares han cumplido con este mandato, si bien su labor ha sido totalmente inútil al no haberse instruido ningún expediente.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil resalta, no sólo la falta de aplicación de una Ley Orgánica por parte de las Autoridades, sino la preocupante imagen que se traslada a los supuestos infractores, los cuales, al ver que la droga incautada no conlleva infracción alguna, podrían concluir que su actitud no les genera sanción alguna -creando un sentimiento de impunidad-, y que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se apropian indebidamente de la droga. A su vez, reseñar el desprecio hacia la labor de los agentes, los cuales han empleado gran parte de su tiempo y esfuerzo en realizar un arduo trabajo, con el riesgo que esto supone, para que finalmente no sirva para nada.
El problema radica, al parecer, en el Área de Sanidad, donde no se han llevado a cabo los análisis de las sustancias aprehendidas, sin haber, en principio, causa que lo justifique.
Durante los años 2.007, 2008 y 2.009 se realizaron en Baleares 12.721, 14.364 y 10.260 incautaciones de drogas respectivamente, sin que ninguna de estas sustancias (salvo las inmersas en procedimientos judiciales) haya sido analizada para posteriormente tramitar el correspondiente expediente administrativo sancionador.
El Delegado no puede achacar el problema a la falta de personal, ya que en el 2006, año en el que sí se analizaban las sustancias, había destinados en la Delegación de Sanidad: un Jefe de Laboratorio, más dos Técnicos Especialistas de Laboratorio y tres Administrativos. En cambio en el año 2.009, donde no se realizó ningún expediente sancionador, los funcionarios destinados eran más: cuatro Farmacéuticos, un
Técnico de Laboratorio, un A.T.S y tres Administrativos.
En la exposición de motivos de la referida Ley de Seguridad Ciudadana se menciona como fin de la misma y en relación a la incautación para posterior sanción, la resocialización y no el carácter exclusivamente retributivo. Está claro, que ni una ni otra función se está logrando en esta Comunidad Autónoma, debido a la pasividad de nuestra Administración. Tampoco se lucha para no facilitar el consumo de sustancias estupefacientes ni se recauda, dejando de ingresar las arcas públicas un mínimo de 15 millones de euros, dinero éste que podría ser empleado en la lucha contra el tráfico de drogas o la deshabituación de personas drogodependientes.
El motivo o las circunstancias que han llevado al responsable de nuestra Delegación del Gobierno a permitir todo lo expuesto se desconocen. Pero sí se tiene conocimiento fehaciente de que NO se puede alegar ignorancia por la misma, ya que por un lado, en escrito interno del Secretario General de la Unión de Oficiales
Delegación del Gobierno, de fecha 31 de Julio de 2.008, se dan instrucciones a los funcionarios esponsables de que, ante las continuas prescripciones de las infracciones por falta de análisis de las sustancias estupefacientes, se proceda a la destrucción de las mismas, sin llevar acabo trámite alguno y por otro lado, en el mes de abril de este mismo año el Delegado fue informado directamente del problema que existía con la droga incautada por la Delegación de la U.O. en Baleares, sin que ni antes ni ahora se haya hecho nada al respecto.
Las consecuencias de la actitud de la Delegación del Gobierno de Illes Balears bajo la dirección del Señor Ramón Socias, ha sido provocar el desánimo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reflejado en una considerable y significativa disminución de las aprehensiones, pasando de más de 10.000 de media anual en los tres años indicados, a 1.800 en lo que llevamos del 2010. Dicha circunstancia está provocando asimismo la permisividad del consumo de drogas y el descrédito de todas nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no sólo de la Guardia Civil.
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