El departamento autonómico difunde en el BOC la resolución al respecto
• El permiso se concede por un periodo máximo de ocho años
Canarias, 16 de junio de 2010 | Medio Ambiente |Gabinete de Prensa.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado hoy, 16 de junio de 2010, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo autónomo, mediante la cual se otorga Autorización Ambiental Integrada (AAI) a un proyecto para una instalación de una fábrica de papel en el polígono industrial de El Goro del término municipal de Telde (Gran Canaria), promovido por la entidad Manufacturas Papeleras Canarias (MAPACASA).
Esta autorización, que se otorga por un periodo máximo de ocho años, queda condicionada a límites y condicionantes técnicos y de funcionamiento, y viene a integrar en un único acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales existentes en materia de producción y gestión de residuos, vertidos desde tierra al mar, así como las determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación atmosférica.
La zona potencialmente afectable por la actuación está formada por terrenos, que se pueden clasificar como terrenos de rocas estratificadas, situados en una zona industrial del municipio de Telde donde se ubica la instalación básicamente de empresas dedicadas a servicios como distribución, comercio, muebles, cristalería y algunas industrias como cartoneras, plásticos, etc.
La AAI es una autorización que deben tener aquellas empresas que realizan actividades industriales contaminantes y que aglutina y sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta la puesta en marcha de esta herramienta de control ambiental.
Esta autorización es el principal instrumento recogido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. El objetivo de esta normativa es reducir la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, con el propósito de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto.
Este instrumento administrativo sustituye a determinados permisos ambientales, como son el de producción y gestión de residuos, incluida la incineración, el de vertidos desde tierra al mar y las autorizaciones e informes vinculantes en materia de contaminación atmosférica.
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