Madrid, 2 de junio de 2011 | Sociedad | Gabinete de Prensa.
El Anteproyecto de Ley sobre Derechos de la persona ante el proceso final de la vida recoge derechos que en parte ya lo estaban en la Ley de Autonomía del Paciente, pero que entendemos es positivo se vuelvan a reforzar sobre todo porque es un tema que, en virtud de interferencias ideológicas y políticas, se encontraba en una difícil situación a la hora de su aplicación practica, especialmente en algunas CCAA.
El Anteproyecto regula, entendemos que adecuadamente las definiciones de situación terminal y agonía, así como los derechos de los ciudadanos y la actuación de los profesionales sanitarios.
Existen tres problemas en el Anteproyecto:
1) El articulo 13.1 establece el derecho al uso de una habitación individual, lo que, si quiere hacerse efectivo es sumamente complicado, porque como es bien conocido, España es el país de la Unión Europea (de 27 países) con un menor numero de camas /1.000 habitantes, lo que hace que existan serios problemas de ocupación y disponibilidad de camas en los momentos de mayor presión de la demanda asistencial. Parece pues sumamente complicado que pueda garantizarse esta habitación individual si no se amplia de una manera significativa el numero de camas hospitalarias o se arbitran centros específicos al efecto.
2) La Disposición adicional tercera habla de la “adopción de instrumentos y mecanismos de cooperación y coordinación con las CCAA para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en la Ley”. Estos términos son lo suficientemente vagos e imprecisos para significar en la practica que cada Comunidad Autónoma hará lo que estime mas conveniente al respecto, es decir que la garantía de la aplicación de esta ley en el conjunto de las CCAA es básicamente nula.
3) En la Memoria del Anteproyecto, en el apartado III (Análisis de Impacto) se especifican unas necesidades de unidades de cuidados paliativos, equipos de soporte hospitalario y equipos de soporte domiciliario (en total 1.050) cuyos costes no es establecen y que correrían a cargo de las CCAA, que en el escenario de contención de gasto actual, parece difícil que vaya a implementarse, salvo que al aprobarse la ley se establezca una financiación especifica al respecto.
Este Anteproyecto escenifica de manera patente lo que ha sido la actuación del Ministerio de Sanidad en estos últimos tiempos, medidas positivas pero centradas en la imagen, con escasas garantías de asegurar su cumplimiento por las CCAA, y sin audiencia a los sectores profesionales y sociales, por lo que aunque nos parece un avance sobre la situación actual, esta claro que es insuficiente para abordar la respuesta sanitaria a un tema tan importante como la atención en el proceso final de la vida.
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