Los populares santaluceños aseguran que el grupo de gobierno les veta en los medios de comunicación públicos del municipio porque no le interesa que los ciudadanos conozcan otras opciones políticas y otra forma de hacer las cosas.
Santa Lucía (Gran Canaria), 29 de abril de 2013 / Política - PP / Gabinete de Prensa.
Marcos Rufo, concejal y portavoz del Partido Popular de Santa Lucía defendió en el pasado pleno, celebrado el 25 de abril, una propuesta presentada por el Partido Popular de Santa Lucía para que todos los concejales del Ayuntamiento, tanto del grupo de gobierno como de la oposición, puedan participar en los distintos medios de comunicación de carácter municipal, tanto en la televisión ESTE Canal, como en la emisora municipal, Radio Tagoror y en la publicación mensual, Santa Lucía Informa.
Sin embargo, el grupo de gobierno con su mayoría y exhibiendo una vez más su talante antidemocrático, votó en contra de la propuesta impidiendo con ello que “los que no pensamos igual que el alcalde podamos expresar libremente nuestra discrepancia y proponer alternativas a su forma de gobernar”, asegura Rufo.
El portavoz popular considera que esta “Ley de la Mordaza”, más propia de otras épocas, es claramente inconstitucional porque impide la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del municipio.
Para Marcos Rufo “la petición realizada por el Partido Popular es extensible a todos los concejales de la oposición, ya que hasta el momento a los citados medios municipales solo acuden los miembros de Nueva Canarias”.
En este sentido, el concejal del PP afirmó que “con esto se demuestra que Nueva Canarias utiliza los medios de comunicación local como un instrumento al alcance de ellos mismos, impidiendo que la sociedad de nuestro municipio pueda conocer a todos los concejales con representación plenaria, con unos medios más democráticos y participativos, siendo Silverio Matos, como máximo representante municipal, el responsable de esta actuación antidemocrática y contraria a la Constitución Española”.
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