· La licencia se concedió sin un estudio de impacto ambiental y sin un informe de posibles medidas protectoras en caso de afección a un yacimiento
· Las obras se paralizaron en agosto después de una denuncia de la Asociación de Vecinos de El Roque
Puerto del Rosario (Fuerteventura), 18 de Septiembre de 2013 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.
La licencia otorgada por el Ayuntamiento de La Oliva al Gobierno de Canarias para la ejecución de las obras para la construcción de la nueva estación depuradora de El Cotillo no contaban con un informe de impacto ambiental previo ni tampoco con un estudio para la salvaguarda del patrimonio arqueológico”.
Esta es la conclusión del informe emitido por la empresa Tibicena, a solicitud del Cabildo de Fuerteventura, después de que el pasado mes de agosto los vecinos de esta localidad denunciaran que las obras se situaban en el yacimiento arqueológico Coto de las Maretas.
Según la Ley de Patrimonio Histórico, “esta licencia jamás debió concederse sin dichos informes”, denunció la diputada del Grupo Popular, Águeda Montelongo.
El artículo 65 de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias establece que “el promotor público o privado de obras o actuaciones que afecten a un instrumento de planeamiento urbanístico, aunque no hubiese sido declarado bien de interés cultural, deberá aportar un estudio detallado de impacto ecológico relativo a la incidencia de la obra o actución sobre los valores arqueológicos del área implicada. Sin dicho estudio no podrá concedérsele licencia ni autorización alguna”.
“Pese a todo esto, no fue hasta el mes de agosto de este año, y gracias a una denuncia de los vecinos de El Roque, cuando el Cabildo elaboró el informe que debía fijar las medidas correctoras para paliar el daño que las obras de la Estación Depuradora de El Cotillo pudieran ocasionar en el yacimiento arqueológico”.
“Ni el Cabildo de Fuerteventura, ni el Ayuntamiento de La Oliva reclamaron al Gobierno de Canarias el estudio de impacto ambiental a pesar de que el yacimiento está recogido en el inventario arqueológico majorero desde el año 79 y actualizado en 2007”.
Por su parte, el Consejero aseguró ayer en la Comisión Parlamentaria de Agricultura, Ganadería Pesca y Aguas, que son los “ayuntamientos los que ponen a disposición el suelo y que el Ejecutivo no tiene por qué saber de la existencia de yacimientos”.
“Por lo tanto”, concluyó la diputada, “el Cabildo de Fuerteventura ha hecho dejación de sus funciones. Exigen a cualquier ganadero o agricultor permisos de todo tipo que después ellos no cumplen. Ahora quieren esconder el proyecto en el Consorcio de Aguas de Fuerteventura”.
La máxima corporación insular emplazó al Grupo Popular en el Cabildo a “pedir cita en el CAAF para consultar el proyecto” después de que los consejeros solicitaran por escrito información acerca de la EDAR de El Cotillo.
“Saben que han cometido un atentado en contra del patrimonio que tanto dicen defender. Exigimos conocer quién firmó el acta de replanteo y permitió que se obviara el informe de impacto ambiental”.
Oscurantismo que también denuncian los vecinos de El Roque. “Primero les dijeron que la depuradora iba a estar situada al sur y después, sin más información, cambiaron su ubicación al noroeste porque un propietario había cedido suelo”.
“La EDAR se sitúa a apenas un kilómetro de El Roque, un pueblo que no tiene alcantarillado ni saneamiento pese a pagar sus impuestos. Se sienten estafados por el Ayuntamiento de La Oliva que primero les prometió una ubicación y después situaron la depuradora en otros terrenos”.
“El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva son los perfectos aliados. Uno concede la licencia y el otro mira para otro lado en un intento por limpiar la denostada imagen de la Alcaldía del norte”, concluye Montelongo.
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