Los grupos piden a la Audiencia de Cuentas que entregue esta legislatura un informe de fiscalización de RTVC desde el año 2011
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 10 de marzo de 2014 / Políticas - Grupo Popular / Gabinete de prensa.
El Parlamento de Canarias acordó hoy por unanimidad, a solicitud del Grupo Popular, requerir a la Audiencia de Cuentas de Canarias que emita un informe de fiscalización de la gestión de Radiotelevisión Canaria entre junio de 2011 y diciembre de 2013, con un apartado específico respecto a la contratación del Ente Público y las empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios.
La diputada del Grupo Popular, Águeda Montelongo, destacó el respaldo de la Cámara a esta petición, con el expreso deseo de que la Audiencia facilite el informe en la actual legislatura, “vistas las graves irregularidades detectadas en el documento anterior, actualmente en manos del Tribunal de Cuentas”.
“Con este nuevo informe habremos logrado controlar toda la gestión del director de RTVC, Guillermo García, desde su toma de posesión hasta la actualidad”, indicó Montelongo quien felicitó por su “excelente labor” a la Audiencia de Cuentas.
La diputada popular manifestó su confianza en que el órgano fiscalizador tendrá en esta ocasión toda la colaboración del Ente, “toda vez que la entrega anterior, que destapaba serias irregularidades en la gestión de casi 300 millones de euros, sin garantizar los principios de transparencia, objetividad y economía, se elaboró a partir de expedientes incompletos que nunca se facilitaron en su totalidad”.
“Vista la pasividad y el mirar para otro lado del Ejecutivo autonómico, que no ha hecho absolutamente nada ante conductas de tamaña gravedad –dijo-, es coherente que el Parlamento cumpla con la seriedad y responsabilidad que demostramos reprobando la actitud del director de RTVC en fechas recientes, para que en el menor espacio de tiempo posible contemos con este nuevo informe que cierra el círculo de la actuación de quien ha sido administrador único de la TV pública canaria desde su nombramiento en 2007”.
“El Gobierno regional debió tomar medidas inmediatas, incluso un despido objetivo, máxime cuando hablamos de una persona puesta a dedo al frente de una empresa pública que gestiona dinero de todos los canarios”, concluyó.
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