UPyD exige que el Alcalde Cardona asuma de forma personal las consecuencias económicas derivadas del problema que ha generado poner en práctica una RPT sabiendo que no se ajustaba a derecho.
Desde UPyD manifiestan que la ciudadanía no tiene por qué afrontar, otra vez, el coste de la desastrosa gestión del Alcalde y su equipo de Gobierno.
Desde UPyD manifiestan que la ciudadanía no tiene por qué afrontar, otra vez, el coste de la desastrosa gestión del Alcalde y su equipo de Gobierno.
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 14 de marzo de 2014 / Políticas - UPyD / Gabinete de Prensa.
Unión Progreso y Democracia, (UPyD) en Las Palmas de Gran Canaria considera imprescindible establecer la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la que carecía el Ayuntamiento desde el inicio de los tiempos. Todo organismo público debe ser transparente, y una clara estructura de sus recursos humanos es parte de esa transparencia, pero tiene que cumplir los principios de eficacia y eficiencia imprescindibles para una buena gestión.
El 23 de diciembre de 2013 el TSJC dictó una sentencia por la que se suspendió la aplicación de la RPT por no ajustarse a derecho. Carmen Delia Morales, Coordinadora Local de UPyD, ha indicado que como es sabido, el Alcalde (en el Pleno del 25 de diciembre) aprobó los Presupuestos Generales del Ayuntamiento y con ello la inaplicable RPT, incumpliendo la ya conocida resolución judicial.
Morales añade que “la irresponsable actitud del Alcalde ha supuesto para los trabajadores del Ayuntamiento un vaivén en sus condiciones laborales, que se habría evitado con una buena gestión de los recursos municipales.”
UPyD defiende que las resoluciones judiciales son para acatarlas en todos los casos, vayan en contra o no de los intereses partidistas, pero lo mejor, y lo más barato sería que las decisiones que se tomen sean las correctas para no tener que llegar siempre a los tribunales.
Por último, UPyD espera que en el caso de que esta conducta irregular del Sr. Alcalde tenga una repercusión económica, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la abone con su patrimonio personal, y no la cargue sobre la ciudadanía.
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