jueves, 13 de noviembre de 2014

El Gobierno canario recorta el área a proteger en aguas de Lanzarote y Fuerteventura para favorecer sus infraestructuras, mientras protesta por el recorte del Ministerio para favorecer las prospecciones


El Gobierno canario, en sus alegaciones al recorte propuesto por el Ministerio, sobre el área marina a proteger como Lugar de Importancia Comunitaria en aguas de Lanzarote y Fuerteventura para favorecer las prospecciones, propone un nuevo recorte que evite problemas a los proyectos de infraestructuras previstos en las islas.

Canarias (España), 13 de noviembre de 2014 / Medio Ambiente / Gabinete de Prensa.

El Gobierno de Canarias propuso al Ministerio de Medio Ambiente un recorte en el nuevo Lugar de Interés Comunitario “Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura” en al menos tres millas náuticas desde la franja costera de ambas islas. El argumento esgrimido fue que están “estudiando el futuro de infraestructuras litorales en Canarias”. Esta solicitud se recoge en el último informe del Director General de Protección de la Naturaleza, bajo el mandato del Vicepresidente del Gobierno José Miguel Pérez, reflejado en las alegaciones presentadas en las que el ejecutivo autonómico expresaba su disconformidad con el recorte propuesto por el Ministerio para impedir que el área protegida afectara a la zona en la que están autorizadas las prospecciones petrolíferas. Desconocemos por nuestra parte si dicho informe del Director General se encuentra sostenido por informes técnicos de su departamento.

La franja que el Gobierno de Canarias propone excluir contiene las zonas más productivas y ricas en biodiversidad de todo el archipiélago. Entre otros valores de gran interés ecológico, se encuentran los principales sebadales de Lanzarote y Fuerteventura que, por añadidura están en situación de desaparición, regresión o grave amenaza debido principalmente a los proyectos propuestos por el propio Gobierno de Canarias. Entre los proyectos que amenazan sebadales cabe citar la ampliación del Puerto de Playa Blanca, en Lanzarote, o la construcción de un puerto deportivo en El Jablito y las obras de ampliación del puerto de Puerto del Rosario, ambas en Fuerteventura, además de proyectos de regeneración de playas, vertido de salmuera desde núcleos turísticos y tránsito de embarcaciones de recreo en puertos deportivos. Al contrario de lo que afirma esta última solicitud del gobierno de Paulino Rivero, la petición de alejar de la costa la propuesta LIC supone un freno a la compatibilización de la protección medioambiental con el desarrollo de dichas infraestructuras u otros usos que se quieran establecer en la zona.

La Federación ecologista denuncia que el Gobierno de Canarias, con Domingo Berriel a la cabeza, “ha vuelto a ignorar informes propios y externos que imponen limitaciones a sus planes de desarrollo, que siguen anclados en la potenciación de la construcción inmobiliaria”. Entre ellos se encuentran el informe previo elaborado por la Dirección General de Protección de la Naturaleza en agosto de 2014 y un informe técnico elaborado por la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), a solicitud de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura en el año 2012. Este último recoge propuestas para la protección de una zona que resultaría fundamental para la conservación de las veintisiete especies de cetáceos que transitan por estas aguas. Estas propuestas se justifican, entre otros argumentos científicos, en los puntos en los que se produjeron avistamientos, muchos de los cuales se encuentran muy cerca de la costa de ambas islas.

Por ello recuerdan al Gobierno de Canarias que La Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad define “Área crítica para una especie” como “aquellos sectores incluidos en el área de distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie o que, por su situación estratégica para la misma, requieran su adecuado mantenimiento”, y que en los informes técnicos de los que dispone el Gobierno de Canarias esta franja ha sido propuesta, con razón, como Área de Protección o incluso como Área de Máxima Protección.

Para Ben Magec – Ecologistas en Acción “resulta absolutamente reprobable la doble moral del Gobierno de Canarias, que por un lado y con argumentos conservacionistas se opone al recorte del LIC propuesto por el Ministerio, mientras propone al mismo tiempo otro recorte justificado por un modelo de desarrollo depredador, totalmente contrario a los principios que supuestamente preconizan”.

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