Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 26 de mayo de 2015 / Tribunales / Gabinete de Prensa.
Según sentencia de la Sala Tercera que estima un recurso de casación de la empresa Inalcansa y eleva de 5,4 millones de euros a 11,1 millones el justiprecio que debe desembolsar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a dicha empresa por una parcela de unos 17.000 metros cuadrados en la carretera del Rincón de dicha ciudad, inedificable por estar destinada a uso dotacional incluido en el ámbito 'Parque de la Música en El Rincón".
En 2007, la empresa valoró las edificaciones y el suelo en 144,9 millones de euros, pero el Ayuntamiento consideró que el valor de la finca era de 5,4 millones. El 2 de julio de 2009, la Junta Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas dió la razón al Ayuntamiento y fijó el justiprecio en 5,4 millones. Tras un recurso de reposición de la entidad propietaria, el mismo Jurado consideró urbanizados los terrenos y elevó el justiprecio a 11,1 millones.
Tanto Inalcansa como el Ayuntamiento recurrieron al TSJ de Canarias, que dió la razón al Ayuntamiento y fijó de nuevo el justiprecio en 5,4 millones. El Supremo ha estimado ahora el recurso de casación de la inmobiliaria y establece el precio en 11,1 millones.
Según sentencia de la Sala Tercera que estima un recurso de casación de la empresa Inalcansa y eleva de 5,4 millones de euros a 11,1 millones el justiprecio que debe desembolsar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a dicha empresa por una parcela de unos 17.000 metros cuadrados en la carretera del Rincón de dicha ciudad, inedificable por estar destinada a uso dotacional incluido en el ámbito 'Parque de la Música en El Rincón".
En 2007, la empresa valoró las edificaciones y el suelo en 144,9 millones de euros, pero el Ayuntamiento consideró que el valor de la finca era de 5,4 millones. El 2 de julio de 2009, la Junta Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas dió la razón al Ayuntamiento y fijó el justiprecio en 5,4 millones. Tras un recurso de reposición de la entidad propietaria, el mismo Jurado consideró urbanizados los terrenos y elevó el justiprecio a 11,1 millones.
Tanto Inalcansa como el Ayuntamiento recurrieron al TSJ de Canarias, que dió la razón al Ayuntamiento y fijó de nuevo el justiprecio en 5,4 millones. El Supremo ha estimado ahora el recurso de casación de la inmobiliaria y establece el precio en 11,1 millones.
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