VALSEQUILLO (GRAN CANARIA - CANARIAS), 22 DE MAYO DE 2015 / ARTÍCULO DE OPINIÓN / JUAN ANTONIO OJEDA MUÑOZ.
Aunque las artimañas de muchos políticos sean desviar nuestra atención, debemos ser inteligentes y no permitir que obvien la realidad del acontecer cotidiano aunque haya perdido la inmediatez. Escudándose en el paso del tiempo omiten situaciones que en determinados momentos les puede perjudicar de cara al electorado.
En plena campaña del 2011 el grupo Asba se sacó de la manga una denuncia al entonces alcalde José Miguel López a razón de la compra del local de urbanismo y de la habilitación de la oficina de turismo del momento, pasados varios años de la inversión. Todavía en los preliminares de dicha demanda, sin abrirse aún el procedimiento judicial el actual alcalde y sus correligionarios vendieron a bombo y platillo, en los medios y casa por casa que Pipo estaba imputado por la justicia.
Pasado el tiempo y tras la vista oral del caso la justicia determinó que no había causa para un enjuiciamiento. Que la legalidad de las acciones realizadas estaba fuera de toda duda, se dictó sentencia y se archivó el caso. De nada de esto se hizo eco el Sr Francisco Atta ni los miembros de Asba, manteniendo oculto que las justicia no les había dado la razón y que el tiempo ha venido a reflejar que todo fue un mero montaje para desgastar la imagen del líder de Asamblea Valsequillera de cara a los comicios locales, dejando clara la inocencia del denunciado.
Pero hete aquí, que en estos momentos, a mayo del 2015, el actual alcalde D. Francisco Atta Pérez y el Sr concejal D. Gregorio Peñate Peñate sí están imputados y ya han ido a declarar varias veces a los juzgados. No por una denuncia ficticia presentada por la oposición para minar al gobierno. No. La demanda ha sido formulada por miembros de la policía local del municipio que los acusa de supuestos delitos de prevaricación, malversación y acoso laboral.
El juicio se encuentra todavía abierto y no se ha dictado sentencia, por lo cual durante la próxima legislatura, desde el gobierno o la oposición, tendrán que seguir compareciendo para declarar y ya los jueces determinarán la veracidad o no de los hechos tras las investigaciones pertinentes.
Lo cierto es que en plena campaña electoral e integrados en la lista de Asba se encuentran dos políticos con imputaciones y que solo por ese hecho tenían que haber dado un paso atrás ante las dudas que genera la situación. Pero claro, escudándose en la presunción de inocencia se postulan para una reelección pretendiendo la confianza de un pueblo que no deberían obtener, porque cuando se ocultan hechos de tal relevancia y no se informa a la ciudadanía no son aptos para representarnos.
Aunque muchos partidistas y partidarios quieran relativizar el tema y equiparar las dos situaciones reflejadas, es evidente, que ni por asomo se parecen. No es lo mismo conseguir ventaja de cara a las urnas intentando hundir al adversario político con montajes fraudulentos, inventándose un órdago que lo ponga en entredicho; a que unos trabajadores los demanden por saltarse la ley e incumplir con sus obligaciones, haciendo un supuesto mal uso del dinero público y del poder.
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