Así lo ha manifestado la portavoz socialista en el Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias, a propósito de la Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que supone “un severo riesgo para la pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural, pero afectando también al ámbito urbano”, ya que la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona
“Es una iniciativa que no soluciona ninguna de las necesidades territoriales, porque no clarifica competencias, no evita las duplicidades, no simplifica la estructura de la administración y, sobre todo, no resuelve los intereses de los ciudadanos que viven en el medio rural”, asevera Darias
Por todo ello, el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria defenderá este viernes en el Pleno una moción para pedir al Gobierno de la isla que inste al Gobierno de España a desestimar y no llevarse a efecto las propuestas de esta reforma
Las Palmas de GC (Canarias), 22 de octubre de 2013 / Políticas - PSOE / Gabinete de Prensa.
El PSOE en el Cabildo de Gran Canaria defenderá este viernes en el Pleno una moción para pedir al Gobierno de la Isla que inste al Gobierno de España a desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia. Asimismo, le propone presentar una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y contenido se contemple el hecho insular y que se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren, así como la opinión de las comunidades autónomas, tal y como expresa la Constitución Española y el art 35 de la LOPJ.
Los socialistas solicitarán también que se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, manteniendo de esta forma los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial, dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.
Asimismo, consideran que deben mantenerse las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado.
Por último, creen que deben implantarse los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público.
La portavoz socialista en el Cabildo, Carolina Darias, recuerda que el Ministro afirmó, el pasado 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la “implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquel deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas”, que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia.
“Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial”, asevera Darias, quien defiende el principio de cercanía de los servicios públicos, entre ellos la Administración de Justicia, a los ciudadanos, debiendo explorarse las potencialidades del sistema existente, que las tiene, y su reforma, pero no bajo la premisa de la desaparición de los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales.
Por tanto, la propuesta supone “un severo riesgo” para la pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural, pero afectando también al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona. La propuesta de las Leyes de Demarcación y Planta y Orgánica del Poder Judicial conlleva la desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas.
Para Canarias supone “un cambio radical” en la organización jurisdiccional, pues se pretende su aplicación sin tener en cuenta, nada más ni nada menos que a la Isla, el hecho insular, y supone la desaparición de los partidos judiciales de Gran Canaria. “Es una iniciativa que no soluciona ninguna de las necesidades territoriales, porque no clarifica competencias, no evita las duplicidades, no simplifica la estructura de la administración y, sobre todo, no resuelve los intereses de los ciudadanos que viven en el medio rural”, aclaró.
Carolina Darias considera que cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración, tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas.
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