Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 22 de octubre de 2013 / Políticas - UPyD / Gabinete de Prensa.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que la denominada “doctrina Parot”, seguida por el Tribunal Supremo español a partir del año 2006, y que establece que las reducciones por beneficios penitenciarios del antiguo código penal de 1973 se aplicarán partiendo de cada una de las penas impuestas al reo y no del máximo legal de estancia en prisión, vulnera los artículos 5.1 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Estrasburgo consideró que la Doctrina Parot "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo Código Penal de 1973" y recordó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíbe que el Derecho Penal se interprete de forma extensiva en detrimento del acusado", además de criticar la aplicación retroactiva de la citada doctrina a delincuentes ya sentenciados.
Es evidente que España ha sufrido unas normas penales muy beneficiosas para los grandes delincuentes, como terroristas, violadores o asesinos en serie, y que el cambio de criterio del Supremo fue sorpresivo y retroactivo. Pero también es cierto que los grandes beneficiados de esta decisión son precisamente esos delincuentes. El nombre de la doctrina se debe a Henri Parot, un terrorista etarra con un largo historial delictivo, al que se le imputó 82 asesinatos y recibió 26 sentencias condenatorias por diversos delitos, que sumaron casi 4.800 años de prisión. La actual recurrente ante el Tribunal de Estrasburgo, la etarra Inés del Río, fue sentenciada a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos. Todo parece indicar que saldrá en los próximos días de prisión, si se acata la sentencia.
Si los grandes beneficiados son este tipo de personas hay que preguntarse hasta qué punto hablamos de Justicia con mayúsculas. UPyD solicita al Gobierno que aplique la resolución de Estrasburgo, de forma que se ampare a las víctimas y a la democracia, ya que el Estado debe proteger a los ciudadanos. El Estado posee margen de sobra para evitar la excarcelación masiva..
