Las Palmas de GC, 30 de agusto de 2010 | Opinión |José Manuel Soria López.
La situación actual de la Comunidad Canaria es que aún partiendo de un presupuesto austero para el ejercicio 2010, reducido respecto del año anterior en 301,5M€, un -5,2% (con independencia de las partidas adicionales como financiación afectada) y aparte del ajuste adicional por 126,4 millones de euros (a instancias del MEH para que poder ser aprobado el Plan Económico y Financiero de reequilibrio de la CAC presentado a tal efecto al CPFF), se requieren nuevos ajustes en las cuentas públicas a fin de racionalizar y gestionar el gasto sin merma en la prestación de los servicios fundamentales.
Es verdad que durante un largo periodo de tiempo, los momentos de bonanza económica han llevado a una gestión cómoda del gasto. Pero la situación actual, por el contrario, nos conduce inexorablemente a la necesidad de una disciplina en el gasto que probablemente no tiene precedente anterior en la historia de nuestra Autonomía y que requiere del esfuerzo de todos y de la capacidad de comprensión para que el ajuste del gasto público sea compatible en todo caso con que la CAC siga resolviendo problemas de los ciudadanos, prestando servicios a los ciudadanos, satisfaciendo necesidades a los ciudadanos e impulsando la actividad económica de los sectores productivos de bienes y servicios.
Ahora bien, al propio tiempo, debemos partir del convencimiento de que para mantener los servicios públicos fundamentales se hace preciso recortar en muchos gastos públicos que, en una etapa de bonanza y persistente crecimiento económico, no ponían en riesgo la prestación de servicios públicos básicos, pero que en etapas de recesión deben ser drásticamente recortados para evitar caer en tales riesgos.
Además, sabemos que los compromisos de estabilidad presupuestaria de España con Europa nos obligan a ir gastando menos cada año debido a que nuestros ingresos públicos futuros serán cada vez menores porque nuestra capacidad de incurrir en déficits será cada vez menor y porque los recursos del sistema de financiación autonómica serán cada año inferiores debido a la debilidad creciente de las cuentas públicas estatales.
De hecho para el próximo ejercicio 2011 la CAC deberá hacer un ajuste adicional sobre el presupuesto inicial de 2010 de cerca de 1000 millones debido a la merma de recursos por financiación autonómica; la menor apelación al déficit público; el inicio de la devolución al Estado de las liquidaciones reclamadas desde 1994 a la CAC por la minoración en el Fondo de Suficiencia derivada de la recaudación canaria del IGIC en referencia al extinto ITE; y también la necesidad de empezar a pagar las liquidaciones negativas por entregas a cuenta excesivas del SFA del Estado a Canarias.
Es por tanto el momento de la austeridad en el gasto público y debe ser objetivo prioritario del gobierno disminuir el gasto público en este año 2010 y en el próximo en un importe ciertamente elevado, que afectará a un elevado volumen de gasto público pero que hay que realizar sin afectar a la financiación de los servicios públicos esenciales.
Se trata de un ajuste cuantitativo muy elevado pero también de un ajuste cualitativo que transmita a la sociedad canaria en su conjunto que los responsables políticos también afrontamos la crisis en términos de mayor austeridad en los gastos de funcionamiento del día a día y que somos conscientes de que gastos que se consideran normales en etapas de auge económico, han de ser revisados en etapas como las actuales para dar señales a la sociedad de que también los responsables políticos sufrimos los efectos de la crisis y que no todo se queda en meras palabras.
No es por tanto un ajuste temporal. Es un ajuste que ha venido para quedarse largo tiempo. No valen por tanto actitudes del pasado. Exige un cambio de actitud. Que no es una cuestión de opciones. Es una obligación para todos los responsables políticos salvo, claro está, para quienes opten por seguir esperando a que escampe.
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