Izquierda Unida destaca que la sentencia ordene el derribo del “Mamotreto” a costa de los condenados
Para la formación progresista, la sentencia del caso Mamotreto debe representar el “punto final” a la impunidad por corrupción en Santa Cruz
Santa Cruz de Tenerife (Gran Canaria), 21 de febrero de 2014 / Políticas - IUC / Gabinete de Prensa.
Para Izquierda Unida Canaria, la sentencia dictada por la Magistrada-Juez de Lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, Doña Beatriz Méndez, por la que se viene a condenar a los que fueran concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez así como a los funcionarios de dicha administración acusados Loreto Ortíz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez a distintas penas de prisión e inhabilitación por sendos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, representa un primer e importante paso en la lucha contra la corrupción y por la democracia en Canarias.
Para la formación progresista, en un Estado de Derecho no pueden existir espacios de impunidad y quienes utilizan las instituciones públicas y los recursos económicos de todas y todos de forma manifiestamente ilegal deben ser condenados como cualquier otro ciudadano o ciudadana que comenta un delito.
Desde la Izquierda Unida Canaria el conocido como “mamotreto” representa todo un monumento a la “cultura del pelotazo” y un símbolo del “zerolismo” que debe ser derribado como ordena la sentencia, del mismo modo que debe caer toda una forma clientelar de hacer política en la ciudad.
Izquierda Unida emplaza públicamente al Alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para que “condene políticamente” a los que fueron concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz por su partido y que han sido condenados, del mismo modo que exige a Coalición Canaria que pida disculpas a la ciudadanía por haber confíado en quienes se han comportado como delincuentes en el ejercicio de su cargo público.
Del mismo modo, con esta sentencia condenatoria se recuerda a las funcionarias y funcionarios públicos que en el desarrollo de su actividad deben comportarse como “servidoras y servidores públicos” en defensa del interés general y la legalidad, y no como “coautores” o “cooperadores necesarios” de políticos corruptos/corruptores que los acaban llevando de la mano al banquillo.
Por último señalar que con esta sentencia cristaliza el principio de igualdad ante la ley y la justicia, con lo que debemos reconocer públicamente la actuación profesional sujeta a los principios constitucionales de independencia e imparcialidad de la Fiscal delegada de Medio Ambiente, la Magistrada-Juez instructura y la Magistrada-Juez de lo Penal.
