Esther González propone la creación de una comisión entre las islas y el Gobierno para cuantificar los costes de la ordenación de los espacios naturales
Canarias (España), 18 de julio de 2016 / Politicas - Nueva Canarias (NC) / Gabinete de Prensa.
La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Esther González, propondrá al pleno del Parlamento, que comienza mañana martes, la constitución de una comisión bilateral entre el Gobierno y los cabildos para evaluar el problema de la gestión de competencias sin dotación económica ni de medios. Esther González afirmó que su iniciativa se refiere, en concreto, a la formulación y aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales y de sus modificaciones, que los cabildos ejercen desde enero de 2015 sin que el Ejecutivo haya traspasado los fondos ni los medios correspondientes. La proposición no de ley del grupo nacionalista exige además que “todos” los proyectos de ley que, en lo sucesivo, el Ejecutivo eleve al Parlamento, “garanticen la suficiencia” financiera y de medios.
Esther González dijo que, desde enero del año pasado que entró en vigor la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales de 2014, los cabildos insulares comienzan a ejercer la competencia, hasta ese momento del Gobierno, relativa a la elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales. Un año y medio después “no existe” valoración de los costes de esta competencia ni se ha presupuestado la dotación económica correspondiente, denunció González.
Con esta proposición no de ley, según la presidenta del grupo, NC insta al Gobierno de CC y PSOE a “cumplir la ley.” El Ejecutivo, continuó, “no puede ignorar” que la suficiencia financiera es un principio reconocido en la Constitución, cuyo objetivo es garantizar la autonomía local, y sobre el que existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Canarias, durante los 25 años en los que tuvo esa competencia en exclusiva, según NC, “no desarrolló gran parte” de los instrumentos de planeamiento (los planes de ordenación de los recursos naturales y los planes rectores de uso y gestión) y “ahora se los endilga a los cabildos sin traspasarle los medios para ejecutarlos.”
Resulta “paradójico y un contrasentido,” según la diputada, que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo abandere una nueva ley del suelo, en la que se justifica la desregulación del suelo rústico para agilizar la tramitación de los instrumentos de ordenación, al mismo tiempo que “obstaculiza” la aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios protegidos.
Más aún, añadió, si se tiene en cuenta que la tramitación de esta la ley de 2014 y la nueva de los cabildos de 2015, “coexistieron en el tiempo.” Se refería a que, mientras el Parlamento, a través de una proposición de ley, determinaba la obligatoriedad de que las atribuciones de competencias a cabildos fueran adecuadamente dotadas; el Ejecutivo, mediante un proyecto de ley, pretende “ignorar” este precepto.
Por ello, la proposición no de ley de NC plantea al Ejecutivo que constituya una comisión bilateral, destinada a evaluar los costes derivados del ejercicio de las nuevas competencias atribuidas en aplicación de la ley de simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, “a los efectos de la aportación de los recursos económicos necesarios”.
Además, y “a los efectos de evitar esto mismo ocurra en el futuro, también planteamos” que, en lo sucesivo, todos los proyectos de ley que se eleven al Parlamento, “garanticen la suficiencia financiera y de medios, a fin de que las administraciones locales receptoras de nuevas competencias puedan ejercerlas eficazmente.”