El CAAM exhibe una obra emblemática de Antoni Tapiès como tributo a la figura del maestro de la vanguardia del arte del siglo XX

Las Palmas de Gran Canaria, a 08 de febrero de 2012 / Cultura / Gabinete de Prensa.

La Sala Polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) exhibe desde hoy y hasta el próximo 7 de marzo la pieza ‘Parpella’, de Antoni Tapiès, a modo de homenaje a este artista universal, considerado como uno de los grandes maestros de la vanguardia del siglo XX, que falleció ayer en Barcelona, a los 88 años de edad.

La obra, perteneciente a la colección del CAAM, fue creada por Tapiès en 1992. Se trata de un lienzo, en técnica mixta, de 205 por 275 centímetros, adquirido por el museo del Cabildo de Gran Canaria a la Galería Toni Tapiès, de Barcelona, en el año 2000. Es una obra característica de la producción del maestro catalán en la que se reflejan rugosidades, grietas, cruces y signos de su mitología personal, de trazo enigmático y estilo inconfundible.

El consejero de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez, destaca que con esta iniciativa se pretende “rendir un sencillo tributo a la figura de este artista -referente indiscutible del arte contemporáneo mundial- y, al mismo tiempo, permitir que la ciudadanía pueda admirar esta pieza de enorme valor artístico”.

El director artístico del CAAM, Omar-Pascual Castillo, por su parte, explica que esta obra “grafica muy bien el vocabulario visual del artista, en la que destacan sus usos cromáticos del ocre, el negro y el blanco, así como sus más experimentales empleos de la materia pictórica o su grafología de cruces, manchas y textos. Esta pieza”, añade Omar-Pascual, “unifica la solidez de su carrera, la cual lo colocó como una de las figuras más paradigmáticas de la Vanguardia y la segunda mitad de siglo XX, a nuestros días, a escala global”.

¿Hace falta otro Código Penal para castigar los gestores públicos?

Madrid, 24 de enero de 2012 / Legislación / Expansión

Economistas y juristas coinciden en que la propuesta lanzada por el Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos podría requerir una reforma del Código Penal.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre un posible cambio legal para castigar a quienes gestionen mal el dinero público ha sido bien acogido, pese a su concisión, por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich.

Consultado por Efe, el economista ve la posibilidad de que la propuesta de Montoro -avalada por su "amplio recorrido académico y en la Administración"- se regule a través de una modificación del Código Penal, que ha sido reformado "regularmente" y por última vez hace apenas un año.

Si algo caracteriza al Código Penal es que no puede haber condena "si el delito no está codificado", puntualiza, y recuerda que este códice ya contempla delitos que pueden emplearse para perseguir a los malos gestores.

"Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor", explica Pich.

Una vía de impulsar esos criterios de "transparencia" y "claridad" sería la de incorporarlos "muy tipificados" y "con mucha seriedad" en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.

"Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento", lamenta Pich, quien advierte de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, solo su confección.

No en vano, el economista asegura que la información financiera de los ayuntamientos, comunidades e incluso del Estado es "imposible de entender", algo que ha podido propiciar un "uso abusivo de las entidades que salen del control público".

Según Pich, la propuesta de Montoro "tiene que ser un paquete de cosas para mejorar la transparencia de las administraciones, para que sean más claras, para que sean más útiles y para primar al administrador público responsable".

"La sociedad española lo va a ir exigiendo", advierte.

En esa línea, el presidente de la sección penal del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Javier Gimeno, es partidario de introducir una figura penal que sancione a quienes, desde la administración pública, "se extralimiten en la contratación o utilización de más fondos de los que se dispone".

Esta conducta, que el Código Penal no sanciona en la actualidad, sería delictiva si se fijara por ley un "límite máximo de endeudamiento", como propone Gimeno, que "obligaría a los políticos a estar más atentos a las normas presupuestarias".

"Muchos" políticos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, habrían incurrido en este delito, explica a Efe el abogado, quien subraya que en otros países europeos el dinero público se maneja con mayor respeto.

Gimeno recuerda que el Código Penal ya contempla otras figuras -malversación, apropiación indebida- para castigar el manejo perverso de los fondos públicos, por más que no estemos "acostumbrados a que esto se haga ni a que la Fiscalía ataque".

En todo caso, el letrado penalista cree que la mejor opción es tipificar un nuevo delito, siempre que se especifique con claridad a quiénes debería castigarse (si al secretario municipal, al alcalde o a todos los concejales, en el caso de un ayuntamiento) y se regule una sanción económica.

"Ya va siendo hora de que en España las sanciones se apliquen correctamente", algo que no ocurrirá, augura el letrado, "hasta que la devolución del dinero afecte al patrimonio personal" de los gestores públicos.

De Guindos: la consolidación fiscal tiene que ser compensada con reformas estructurales

Madrid, 21 de enero de 2012 / Economía / Expansión.

La consolidación fiscal junto con un audaz plan de reformas estructurales es fundamental para reavivar el crecimiento económico en España, al que la crisis ha castigado con más dureza que a otros países de nuestro entorno dados los desequilibrios domésticos, afirma el ministro de Economía, Luis de Guindos, en WSJ. Esboza la reforma laboral incidiendo en dos tipos de contrato, menos negociación colectiva y políticas proempleo.

"Entendemos perfectamente las razones que han llevado a nuestro país a alcanzar unas escandalosas cifras de paro -el 22,9% de la población activa el pasado mes de noviembre- y como consecuencia, sabemos qué tipo de medidas tenemos que adoptar con urgencia para revitalizar la economía, generar empleo y mantener un crecimiento sostenible", señala De Guindos este viernes en un artículo publicado en The Wall Street Journal y titulado Nuestro plan para reanimar España.

«También somos conscientes de las consecuencias a corto plazo que tendrá el plan de ajustes necesario para lograrlo. Y lo que es más importante, tenemos el firme compromiso con los ciudadanos de tomar las medidas que sean necesarias para salir de esta situación».

Tanto la población española como los Gobiernos nacional y autonómicos son parte fundamental de esta tarea y son conscientes de lo cruciales que van a ser los próximos meses para dilucidar nuestro futuro y nuestro papel en la Unión Europea. La tarea es ambiciosa: por un lado, tenemos que consolidar el plan de reforma fiscal que hemos comenzado para cumplir con nuestros objetivos de reducción del déficit. Por otra parte, tenemos que perseguir el crecimiento con reformas estructurales.

La consolidación fiscal no es una alternativa: es un requisito indispensable para poder recuperar la confianza de inversores y mercados en nuestra situación macroeconómica y la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, así pues, tenemos que alcanzar unos niveles razonables de deuda tanto en el sector privado como en el público.

Estas son las razones por las que nuestro presidente Mariano Rajoy decidió poner en marcha un duro paquete de medidas de recortes de gasto y aumento impositivo apenas unos días después de tomar posesión de su cargo: eran necesarias para compensar la inesperada desviación del déficit de 2011 hasta el 8% desde el 6% inicialmente previsto.

De Guindos reconoce en el rotativo que «sabemos que son iniciativas impopulares y que no han sido bien recibidas; pese a ello, tienen el respaldo de la mayoría de nuestro Parlamento. España ha sido el primer país europeo en cambiar su Constitución para poner límites al gasto público y contener el déficit; una medida que tomó en septiembre el anterior Gobierno socialista y que contó con el apoyo incondicional del Partido Popular, por entonces en la oposición.

El ministro explica que se está desarrollando una ley que reforzará este nuevo principio constitucional y que se promulgará antes del 31 de marzo y para imponer por primera vez en democracia límites de gasto a todas las entidades públicas del territorio nacional, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y corporaciones locales.

«El sector público, en su totalidad, no podrá superar un déficit estructural de más del 0,4% del PIB o acumular débito por más del 60%». España, subraya, será el primero de los países miembro de la Unión Europea en introducir en su legal los principios de gobierno económico acordados en Bruselas.

Las reformas estructurales serán esenciales para compensar el impacto de los ajustes de consolidación fiscal, señala. «En la unión monetaria, son instrumentos fundamentales de las autoridades nacionales para dar alas al crecimiento y al empleo. Entre ellas, poner a punto el mercado laboral y el sistema financiero será decisivo.

El ministro esboza la reforma laboral: un único contrato flexible y otro a tiempo parcial

La reforma laboral que propone Guindos se basa en dos tipos de contrato, menos negociación colectiva y políticas proempleo. «La reforma del mercado de trabajo persigue un simple, pero crítico, objetivo: alentar la creación de puestos de trabajo y la productividad para fomentar la competitividad de las empresas españolas y de la economía en su conjunto. Para conseguirlo, la nueva legislación tiene que eliminar varias debilidades y defectos: "El sistema de negociación salarial ha sido "una de las principales razones" que han provocado la pérdida de competitividad que ha sufrido España la última década".

"España cuenta en su legislación actual con casi 40 tipos de contrato de trabajo, algo que habrá que simplificar en un único contrato a jornada completa con cláusulas comunes para todos los nuevos trabajadores, y otro para fomentar la contratación a tiempo parcial", detalla Guindos en WSJ. El Gobierno también promoverá nuevas políticas activas de empleo tanto para parados como para trabajadores en activo que agilice la recolocación de capital humano en sectores de alto valor añadido.

También hace referencia a la reforma del mapa bancario, que obligará a las entidades financieras a incrementar sus provisiones para cubrir la perdida de valor de activos, como los relacionados con el sector del ladrillo. De Guindos asegura que el dinero recaudado por impuestos no será utilizado para financiar requerimientos adicionales que se hagan en este proceso de reestructuración bancaria, es decir, que como ya había avanzado, el Gobierno descarta, de momento, crear un banco malo.

España pide reformas: Las promesas del PP para salir de la crisis

El Partido Popular se ha comprometido a bajar el IRPF a familias, ahorradores y compradores de vivienda. Impulsará el arrendamiento con opción a compra. Y asegura que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo. 

Madrid, 21 de noviembre de 2011 | Economía | Expansión.

Bajadas en el IRPF a familias, ahorradores y compradores de vivienda, compromiso de que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo o una nueva reforma laboral... Y así, más de 200 folios. Es la hoja de ruta oficial con la que el Partido Popular concurrió a las elecciones de ayer. Sus compromisos de Gobierno, respaldado en las urnas por una mayoría abrumadora.

A principios de verano, antes incluso de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara que iba a adelantar las elecciones, Mariano Rajoy ya había dado orden a su partido de que había que avanzar con el programa electoral. Rajoy era consciente ya entonces de que todas las miradas se centrarían en sus propuestas para sacar a España de la crisis más profunda de la historia reciente. Pero se guardó sus recetas hasta finales del mes de octubre, que fue cuando las hizo públicas.

Bajo el título Lo que España necesita y con el leit motiv de que Empieza el cambio la formación que dirige Mariano Rajoy desgrana cuál es su plan de Gobierno. Las “certidumbres”, esa palabra que tanto le gusta a Rajoy y que tanto ha repetido desde que se agravó la crisis.

Estos son algunas de las recetas más importantes del Partido Popular para sacar a España del agujero económico en el que se encuentra:

1. IRPF 
Mariano Rajoy reformará el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que paguen menos las familias numerosas, los ahorradores y quienes compren una vivienda o tengan un plan de pensiones. El PP se compromete a “modernizar el impuesto sobre la Renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo”.

Una de sus principales medidas será elevar “los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas”, para que paguen menos. Rajoy pretende reformar este impuesto para “fomentar fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro”.

El PP también promete “mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones” para incentivar el ahorro a largo plazo, como ya hizo entre 1996 y 2004 durante los gobiernos de José María Aznar.

2. Vivienda
En relación con el IRPF, está la promesa del PP de crear una nueva deducción por el incremento anual del ahorro que incluya la adquisición de vivienda habitual. Este concepto de ahorro recuperaría expresamente “la adquisición de vivienda habitual” como motivo de deducción en el Impuesto sobre la Renta y “actualizar” su cuantía.

Se trata de una demanda de los populares durante toda esta legislatura y que Rajoy ya anunció que pensaba volver a instaurar si ganaba las elecciones generales y llegaba a La Moncloa en 2012. Además, el PP mantendrá “de forma transitoria” el IVA superreducido a la compraventa de viviendas habituales que el Gobierno de Zapatero.

Otra medida será impulsar “los programas de arrendamiento bonificado con una opción a compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado”.

3. Impuesto de Sociedades

El programa electoral de Rajoy incluye “generalizar la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20%” y extender “el ámbito de aplicación del tipo del 25%” para todas las demás, así como “simplificar el sistema de deducciones”.

4. Administración Pública 
El Partido Popular ha llegado al 20N con la bandera de la austeridad sin recortes. Por ello, se ha comprometido a eliminar organismos públicos y acabar con gastos superfluos y duplicidades. Además, ha prometido que racionalizará las estructuras administrativas y costes; reducirá el número de altos cargos, personal eventual y los gastos corrientes y hará un uso más eficiente de los coches oficiales, así como una reducción del número de entes y organismos públicos.

5. Empleo
El PP se ha comprometido a simplificar los tipos de contratos y a reformar la negociación colectiva, de forma que las condiciones de trabajo y los salarios estén sobre todo determinados por lo que se hable en la propia empresa entre empresarios y trabajadores. Lo más destacado de la ayuda a los emprendedores es dar 3.000 euros al autónomo que contrate a su primer trabajador no socio.

6. Inmigración 
En materia de inmigración, quiere que sea “legal, ordenada y vinculada al empleo”, acabando con las “regularizaciones masivas” de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, y luchará contra las mafias y el tráfico de personas. Además, propone un sistema de puntos.

7. Sanidad 
Se ha fijado como objetivo, en materia de salud, impulsar la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta electrónica única, que deberán ser “compartidos” e “interoperables” para que toda la información disponible del paciente pueda estar accesible en cualquier centro”. El Partido Popular niega oficialmente que vaya a implantar el copago, aunque Rajoy ha respaldado con matices la sugerencia de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de que las medicinas no sean gratis para todos los pensionistas, independientemente de su renta.

8. Pymes y autónomos 
El PP también modificará el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que hayan cobrado alas facturas. Además, articulará un mecanismo para compensar las deudas tributarias de pymes y autónomos con las cantidades pendientes de cobro por parte de la misma administración.

El PP se compromete a no negociar con ETA 
El Partido Popular ha incluido también en el programa el compromiso de no negociar con los terroristas “ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese”. El compromiso de los populares será “un principio básico de la política de seguridad del Estado”. Igualmente, tal y como recoge el texto, el Partido Popular promoverá “el reconocimiento y la memoria de las víctimas” del terrorismo, por lo que apoyará todas aquellas iniciativas civiles en ese sentido. Además, el programa electoral de la formación ganadora anuncia un cambio en el “modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. El PP también se compromete a suprimir el canon digital y sustituirlo por modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual b asados en el uso efectivo de las obras. En Justicia, el partido que lidera Mariano Rajoy cambiará la oficina judicial, la dotará de un sistema informático único, y sobre todo, modificará el Código Penal para incorporar “la prisión permanente revisable”.

Los ejes básicos Crecimiento económico y empleo 
El Partido Popular se marca como obligación “poner las bases de una economía más competitiva para recuperar la confianza y volver a hacer de España el mejor lugar para invertir y crear empleo”.

Mejora de la educación 
La formación que dirige Mariano Rajoy asegura que “mejorar la educación es la clave de una sociedad de oportunidades”. “No nos podemos resignar a dar por perdidas generaciones de españoles”, aseguran.

Sociedad de bienestar y protección social 
Los populares se comprometen a garantizar la sociedad del bienestar y de la protección social, mediante las reformas que hagan “más eficientes y mejores nuestros sistemas educativo y sanitario, y aseguren así las prestaciones a las futuras generaciones”.

Modernización del sector público 
El PP se compromete a llevar a cabo una “reforma y modernización del sector público bajo los principios de austeridad, transparencia y eficacia”. Éste constituye el cuarto de los ejes fundamentales del programa de Mariano Rajoy.

Fortalecimiento institucional 
Fortalecer las instituciones y regenerar la política es otra de las metas del PP. Consideran que “necesitamos instituciones fiables, previsibles, la vuelta al respeto a la ley y a la seguridad jurídica”.

Proyección exterior de españa
El sexto de los principales objetivos del Partido Popular es “la proyección exterior de España, volver a ser fiables y creíbles en el mundo”. “Tenemos que aprovechar las oportunidades de la globalización para nuestra sociedad”, dicen.

(Noticia extraída de Expansión)

"El insolvente debe poder empezar de nuevo sin cargas"

Madrid, 16 de noviembre de 2011 | Elecciones 20 N | Expansión

El candidato al Congreso en la lista por Zaragoza sostiene que el programa del PP "no es de recortes sino de reformas" y busca reactivar la economía para ampliar las bases fiscales. 

Baudilio Tomé (León, 1962) ha coordinado la elaboración del programa electoral del PP. Fue secretario de Estado de Telecomunicaciones y director de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa con José María Aznar. Mariano Rajoy ha dicho que habrá que recortar en todo excepto en sanidad, educación y pensiones.

¿Recortar en exceso no es contraproducente para el empleo? 
España tiene un compromiso de estabilidad que es el que cerró el Gobierno con los socios europeos. Vamos a cumplir. Rajoy cree que hay unos servicios sociales básicos que nosotros queremos proteger. Habrá que priorizar sabiendo que nuestro programa no es de recortes sino de reformas.

Antes que el empleo, ¿no es más urgente solucionar la financiación empresarial? 
Hay cuatro prioridades: desarrollar la nueva Ley de Estabilidad, completar el saneamiento del sistema financiero para que vuelva el crédito, la reforma laboral y un plan integral de competitividad. Hay otras medidas que quieren facilitar la liquidez de las pymes, como el criterio de caja para el IVA o una cuenta corriente fiscal para que puedan compensar deudas tributarias con otros créditos que tengan contra la Administración.

¿Qué significa la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que recoge el programa? 
Desde el principio de la crisis el PP apoyó el FROB, pero ha puesto de manifiesto que no bastaba con la recapitalización, había que hacer un saneamiento efectivo de los balances bancarios para recuperar la confianza de los mercados en el sistema y que nuestros bancos y cajas pudiesen volver a prestar crédito. Hay que buscar mecanismos para que se puedan poner en el mercado esos activos; se pueden llegar a acuerdos para canalizar esas viviendas al mercado.

¿Qué reforma concursal plantea?
Creemos importante que aquellas personas que hayan devenido insolventes puedan, con las debidas garantías y actuando de buena fe, volver a empezar. En definitiva, facilitar una cultura más emprendedora. El problema actual es que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Queremos que las personas físicas, los insolventes, puedan volver a empezar libres de cargas, pero eso no es la dación en pago sino una nueva regulación de la Ley Concursal aplicada a personas físicas. Ahora los concursos personales están contemplados pero su incidencia es marginal.

En materia laboral, ¿cómo se nutrirá el fondo de capitalización individual para cada trabajador? 
En Austria está funcionando muy bien. Hubo un esbozo en la última reforma laboral española. Y es una de las figuras que podemos tener presente en la reforma laboral que hagamos. Este fondo de capitalización nos parece muy importante para el futuro como elemento de previsión, que facilita la movilidad laboral y refuerza la posición de los trabajadores de cara a la jubilación.

¿No temen un incremento de la contestación en la calle si recortan?

El momento es crítico. Los grandes partidos parlamentarios y los agentes sociales tienen que estar comprometidos con las reformas y el cambio. Lo estamos viendo en otros países, cuando las reformas no gozan de amplio soporte los Estados se ponen al borde del abismo.

¿Van a tocar todos los impuestos de la vivienda?

La fiscalidad no debe ser un obstáculo para la reactivación del mercado. Además de restaurar la anterior deducción por compra, queremos mantener el IVA superreducido. Revisaremos todos los impuestos que dificultan el mercado de la vivienda.

El PSOE habla de repartir los ajustes de la crisis y subir impuestos. 
Nuestra estrategia es de salida de la crisis, no nos resignamos a quedarnos en ella. En ingresos, el objetivo es la reactivación para recuperar bases fiscales y en los gastos habrá que salvar el gasto social. Esto es mucho más eficaz que instalarse en la crisis sobre la base de un impuesto que el propio PSOE derogó.

Pero ustedes van a mantener el impuesto de patrimonio. 
Es un impuesto temporal. No es una de nuestras prioridades derogar el impuesto de patrimonio.

¿Van a introducir más gestión privada en la sanidad? 
La sanidad lo que necesita es mejor gestión. Buscamos optimizar la gestión de lo público. Y eso en determinados temas puede llevar a mecanismos de cooperación con el sector privado, pero no se trata de introducir al 100% la gestión privada. En sanidad apostamos por dar más autonomía, evaluación e incentivos a los profesionales. Ahora no existen índices que comparen el coste de las prestaciones.