La pertenencia de España a la Unión Europea obliga a nuestro país, como al resto de integrantes, al acatamiento y cumplimiento de las normas dictadas por la Unión. Prueba de ello son los recortes sociales y económicos que los últimos gobiernos nos han impuesto a los trabajadores públicos y a toda la sociedad, entre ellos a los guardias civiles, a quienes se les ha reducido considerablemente su salario. Pero esta premura en aplicar los recortes en la Guardia Civil no se tiene con aquellas normas, de carácter laboral, dictadas por Europa.
Esta impunidad para saltarse la ley se le está acabando a la Dirección General porque la Comisión Europea ya ha dejado claro en varias ocasiones que no se lo va a permitir. La última, a finales de enero, cuando se les requirió para que aclarasen que es lo que han hecho en el último año en relación a la Jornada Laboral en la Benemérita. Expediente que se le abrió a España a raíz de una denuncia de AUGC, organización que ya anuncia a la Dirección que le vienen más de camino, porque, hasta la fecha, la única forma de defender los derechos de los trabajadores de la Guardia Civil es recurrir al amparo de la Comisión y de los Tribunales.
Este despotismo en la actuación no sólo se le acaba en Europa, también en nuestro país comienzan a decirle a la Cúpula de la Institución que la norma está para cumplirla todos, sin ninguna salvedad. Así se lo ha hecho saber la Agencia de Protección de Datos, en su resolución R/02761/2013, para quién la Guardia Civil ha infringido lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Agencia considera que ha cometido una infracción leve al no informar a los trabajadores acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal, datos que se recababan a través del GPS de los vehículos policiales. Un nuevo tirón de orejas que le llega a la Dirección General después de una denuncia presentada por AUGC, tras detectar que en la Comandancia de Burgos se estaban utilizando estos datos para abrir expedientes disciplinarios a algunos asociados.
A pesar de los intentos de la DGGC por eludir la sanción, que incluso facilitó datos totalmente contrarios a los que había dado a las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles en el Consejo, finalmente se ha reconocido por la Agencia de Protección de Datos el criterio que defendía AUGC: tanto en la obligación de informar a los trabajadores, como en que la supuesta base de datos en las que se recoge la información no ampara el tratamiento de dichos datos que van mucho más allá de lo que se recoge en la Orden.
Para AUGC resulta absurdo que, quien ha de velar por el cumplimiento de la legalidad, se esté convirtiendo en asidua infractora de todo tipo de normas legales, especialmente las relacionadas con los derechos o el ataque a los derechos de los trabajadores en la Guardia Civil, pues su Cúpula parece estar más ocupada en abrir expedientes a dirigentes asociativos y en acallar a las Asociaciones Profesionales endureciendo el Régimen Disciplinario o el Código Penal Militar, que en cumplir la leyes. Y es que, de existir un OSCAR de infractores de la administración, la Dirección General de la Guardia Civil se llevaría el galardón.
Porque, por mucho que pese a algunos, la Guardia Civil no es el Vaticano o el Principado de Mónaco dentro del Estado español, por lo que las leyes españolas también le afectan. Porque la GUARDIA CIVIL NO SOLO DEBE HACER CUMPLIR LAS LEYES, SINO QUE DEBE SER LA PRIMERA EN DAR EJEMPLO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES QUE RIGEN PARA TODOS. Los que no compartan esta máxima, tal vez como insiste en recordar el Director General a los guardias civiles y a sus representantes, debería abandonar la Guardia Civil y pensar en ingresar en algún Cuerpo extranjero donde no tenga obligación de cumplir las leyes españolas.
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