El Tribunal Togado de Tenerife propone la aplicación del Código Penal Militar contra un ciudadano civil

Esta persona actuó como testigo en el juicio militar contra un guardia civil, que ha sido absuelto de una pena de cárcel de cinco meses

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 21 de mayo de 2015 / Sindical - Justicia / Gabinete de Prensa

El Tribunal Togado Militar de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al guardia civil destinado en el municipio tinerfeño de Arona de una pena de cárcel militar de cinco meses por desavenencias con un superior. La sentencia dictada por el Tribunal militar evoca a épocas pasadas donde la esfera castrense abarcaba a toda la sociedad española. En la misma, se propone la aplicación del Código Penal Militar a un ciudadano civil, un taxista, que actuó como testigo durante la vista oral celebrada el pasado mes  en la que el guardia civil Jesús se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados por una mera falta administrativa, un presunto empujón a un superior.

Del contenido de este dictamen judicial no solo se trasluce la acuciante injerencia del crédito militar en el  trabajo policial de los guardias civiles, sino que va más allá al querer abarcar el ámbito civil. Uno de los miembros del Tribunal Togado Militar, teniente coronel Auditor, ponente de la sentencia, deja constancia en el fallo judicial la existencia de “indicios delictivos” por parte del testigo civil por “falso testimonio” durante la celebración del juicio, consideración que también extrapola al superior de Jesús cuando ocurrieron los hechos. En la sentencia se recoge su propuesta de la apertura de una investigación judicial, siendo rechazada por el resto de la Sala.

El teniente coronel auditor del Tribunal Togado Militar emitió un voto particular, recogido en la sentencia, en el que le tira de las orejas a la Fiscalía Jurídico Militar por haber dado valía a las declaraciones del taxista y del mando durante la vista oral para cambiar su acusación contra Jesús por la petición de libre absolución en sus conclusiones definitivas, circunstancia determinante que ha impedido que este guardia civil haya tenido que cumplir una condena militar de cinco meses.

Tacha de “conductas mendaces” las que tuvieron los dos testigos durante el juicio, hecho que “provocó que la Fiscalía Jurídico Militar, que venía acusando al guardia civil Jesús por un delito de insulto de obra a un superior, modificara dicha posición procesal, instando su absolución, frente a la que la Sala –constreñida por el principio acusatorio- se ha visto obligada a emitir el fallo absolutorio en la sentencia”.               

Para este teniente coronel el hecho de que, tanto el testigo de cargo como el de referencia cambiaran durante el juicio las declaraciones inculpatorias recogidas en la fase sumarial, representa un falso testimonio, quedando definido, como así lo hace saber en la sentencia, en los artículos 183, 458 y 460 del Código Penal Militar. También hace referencia a dos sentencias del Tribunal Supremo para sostener su disconformidad. “Existe la posibilidad de que un testimonio falso, si induce o pretende inducir a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta”, resalta en el escrito de su voto particular emitido de manera irregular, al ser su emisor uno de los votantes a favor del fallo de la sentencia .

Plantea que se “proceda criminalmente” contra el mando de la Guardia Civil por la rectificación en el acto judicial de lo que había manifestado en la fase sumarial: que el empujón brusco que dijo haber recibido por Jesús fue fortuito. Pero va más allá al pretender que también el taxista, un ciudadano civil, sea sometido a un procedimiento penal  de acuerdo a los dictámenes del Código Penal Militar.

Cita en la sentencia los artículos de esta norma castrense en los que sostiene su argumentación para que un Juzgado Togado Militar averiguase si estas dos personas hubieran podido incurrir en delitos de falso testimonio. E, incluso, el mando de la Guardia Civil en un delito de simulación delictiva o denuncia falsa de los recogidos en el Código Penal Militar. Finalmente, la Sala desestimó la solicitud de una investigación al respecto. Olvida este teniente coronel que cuando se realiza la declaración en sede judicial, el referido mando lo hace en calidad de imputado, por lo que la verdadera declaración como testigo se realiza el día de la vista, lo que hace imposible que haya falso testimonio o denuncia falsa.

En este enlace se puede obtener más información sobre el caso:

http://augc.org/comunicados.php?id=2677&pag=1&selector=1&d=38&com=0&fed=0&jdn=0&tab=1

AUGC exige que los guardias civiles dejen de ser militares en la realización de sus funciones policiales

La Asociación mayoritaria en la Guardia Civil señala que al Gobierno le interesa apoyar el Código Penal Militar para evitar sacar a la calle al Ejército para hacer frente a posibles convulsiones sociales de cara a las elecciones generales 

Un guardia civil de Tenerife se someterá el próximo 22 de abril a un juicio militar que puede condenarlo a cinco meses de prisión por discutir con su superior    

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 27 de marzo de 2015 / Sindical - AUGC / Gabinete de Prensa.

La aplicación del Código Penal Militar representa un “suicidio profesional” para los guardias civiles, que por la comisión de una mera falta administrativa, como puede ser la discusión con un mando, se exponen a la entrada en una prisión militar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige la eliminación de esta norma que amenaza derechos fundamentales y que implica que los guardias civiles sean militares en la realización de sus funciones policiales. El máximo responsable de la Asociación con mayor representación en la Guardia Civil (más de 30.000 asociados), Alberto Moya, expuso hoy en rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife la grave situación que viven los guardias civiles con la utilización del Código Penal Militar. Moya estuvo acompañado en el encuentro informativo por el secretario general de AUGC en la provincia tinerfeña, Juan Fernández; y el secretario de Organización de la Asociación, José Farfán.

El sometimiento a un auténtico vía crucis y absoluta indefensión. Así se encuentran los alrededor de 30 guardias civiles que actualmente están pendientes de una posible condena de prisión militar en España, una situación “sin parangón” en el resto de Europa. Una sentencia condenatoria es el final de un camino de desgaste físico y psíquico de un profesional que se ve expuesto a su privación de libertad por una simple falta laboral.



Sirva de ejemplo el caso del guardia civil destinado en el municipio tinerfeño de Arona que, por discutir con un cabo primero, tiene que sentarse ante un Tribunal Militar el próximo 22 de abril, que puede deliberar su entrada en la cárcel durante cinco meses. En sus mismas circunstancias está otro agente de Tenerife, que también puede verse privado de libertad por una simple controversia con su jefe. Este injusto castigo ya ha caído sobre Sergio, un joven guardia civil que, desde el pasado 29 de enero, está cumpliendo condena militar de cuatro meses en Alcalá de Henares por una discusión en el trabajo.

El delegado de AUGC en Santa Cruz de Tenerife, Juan Fernández, hizo hincapié en que la condena es el final de un calvario, que comienza con la notificación de la apertura de un expediente, la aplicación de la libertad condicional, la obligación de firmar todos los meses en un juzgado, la pérdida de destino, la suspensión de funciones y la pérdida de salario, que en el caso del guardia civil destinado en Arona, que vive en estado de incertidumbre desde el 21 de junio de 2013, supone la mitad de su retribución salarial. Toda una serie de circunstancias que destrozan la vida del guardia civil que las sufre. Fernández anunció la apertura de una cuenta solidaria en apoyo a este compañero de Tenerife.

Alberto Moya y Juan Fernández denunciaron hoy que la aplicación del Código Penal Militar ha vaciado de contenido a la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y el artículo 7.bis de la Ley Orgánica 13/1985 del Código Penal Militar, en la que se especifica claramente que el uso del Código Penal Militar en la Benemérita solo se ciñe a “situaciones extraordinarias” y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares.

Esta norma se aplica en situaciones que no especifica la Ley desde que en 2012 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó la aplicación del Código Penal Militar en la funciones de deberes esenciales (disciplina, jerarquía, cohesión interna, unidad) A partir de ese momento, aumentaron los procesamientos en la Guardia Civil. Una discusión verbal ordinaria puede desembocar en una condena de prisión militar. “Es un Código garantizador de la jerarquía”, denunció hoy Moya. El secretario general de AUGC resaltó que las penas impuestas por un Tribunal Militar son de cumplimiento íntegro, aunque no se tengan antecedentes y la condena sea inferior a dos años.

Alberto Moya recordó que actualmente está en trámite parlamentario un anteproyecto de reforma del Código Penal Militar, que recrudece la situación actual, ya que introduce en su artículo 77.3 “un torpedo teledirigido contra las asociaciones profesionales” de la Guardia Civil a cuyos integrantes se les puede imputar un delito por derechos ya adquiridos.

Esta remilitarización de la Guardia Civil cuenta con el beneplácito del Gobierno de Partido Popular, hizo hincapié Moya. El máximo responsable de AUGC recalcó que el Ejecutivo está interesado en que los guardias civiles sean policías militarizados, que no se cuestionen las órdenes de sus superiores ni la limitación de sus derechos, para evitar así sacar a la calle al Ejército en caso de tener que hacer frente a posibles convulsiones sociales de cara a las próximas elecciones generales.

Denunció que es el Ministerio del Interior y no el de Defensa el que está impulsando esta medida. Moya anunció que AUGC no va a cejar en su empeño para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a la Guardia Civil. De hecho, el pasado martes, 24 de marzo, la Asociación mayoritaria en la Guardia Civil dio plantón a la reunión del Consejo de la Guardia Civil como medida de protesta ante el desprecio que sufren los profesionales de esta Institución. AUGC también ha solicitado una reunión con el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, para exponerle su malestar y el silencio es la única respuesta que ha obtenido hasta hoy. Moya anunció que AUGC adoptará todas las medidas de presión necesarias para poner fin a esta situación de desprecio hacia los agentes y recorte de sus derechos, que está sujeta únicamente a la voluntad política del Gobierno, entre las que está la convocatoria de una gran concentración de guardias civiles en Madrid para decir “basta ya de abusos”.

AUGC denuncia el “atropello” al que son sometidos los agentes de la unidad de elite GRS de la Guardia Civil en Canarias por parte de sus superiores

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 12 de abril de 2014 / Sindical - AUGC / Gabinete de Prensa.

Dos mandos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS), número 8, de la Guardia Civil en Canarias esperan en la sala de equipajes del aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos a uno de sus agentes que regresa de Gran Canaria junto a su familia. Uno va vestido de uniforme y el otro de paisano. Delante de su mujer y sus hijos le dice uno de ellos en tono coactivo: “Mañana hablamos”. Esa conversación se ha traducido en una falta  grave por “simular” una baja laboral, cuando estaba prescrita por un facultativo y sin especificar ningún impedimento para viajar. A este castigo se suma otra sanción leve por estacionar mal su vehículo en las instalaciones  de la unidad. El caso de “atropello” al que ha sido sometido este agente por parte del cuerpo de mando de este grupo de la Guardia Civil no es una excepción. Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Canarias han resuelto de forma favorable, recientemente en los tribunales, el caso de otro agente que fue sancionado por la misma razón que su compañero.

Estos son solo dos ejemplos de las “malas” condiciones laborales a las que se exponen los guardias civiles que desempeñan su función en esta unidad de elite, presente en Canarias desde marzo de 2010 y que, desde esa fecha, tiene su base provisional en la antigua terminal de AENA del aeropuerto de Los Rodeos.

AUGC lamenta que la “ilusión” con la que llegan los guardias civiles a esta unidad singular, marcada por la disciplina y operatividad, “se transforma en decepción al comprobar como los mandos (al frente de la unidad de Canarias están un comandante, un capitán y dos tenientes) se exceden en la aplicación de las normas”.

La Agrupación de Reserva y Seguridad fue creada en junio de 1988 ante la necesidad de agrupar las unidades de la Benemérita para mejorar el apoyo a las unidades territoriales en respuesta a eventualidades no predecibles como inundaciones, calamidades públicas, incendios y catástrofes, además de controlar las alteraciones del orden público en las zonas de responsabilidad de la Guardia Civil. Las principales misiones que realiza la unidad son auxiliar en catástrofes y calamidades públicas; colaborar en la extinción de incendios; prevenir, mantener y restablecer, en su caso, la seguridad ciudadana; proteger edificios e instalaciones de forma temporal; intervenir en motines en el interior de centros penitenciarios y situaciones peligrosas; así como realizar o colaborar en la protección y seguridad de altas personalidades.

Este grupo de máximo nivel cuenta con una plantilla de 1.680 agentes que están distribuidos en ocho bases diferentes de la geografía española. Así, hay GRS desplegados en Barcelona, León, Sevilla, Valencia, Pontevedra, Zaragoza, Madrid y Canarias. En el caso de esta última, comenzó a operar en 2010 con el objeto de colaborar en el freno de la inmigración irregular.

AUGC denuncia que el acoso que deben soportar los guardias civiles que integran este grupo en Canarias “se traduce en una sospecha continua de los superiores por cada una de las acciones que realizan”. La Asociación pone como ejemplo de esta realidad abusiva las “visitas” que realizan a los domicilios de los agentes, las reiterativas llamadas telefónicas, la solicitud de informes, el castigo que imponen a determinados guardias civiles con la asignación de servicios de seguridad en turno fijo o la “ridiculización” de los que “decepcionan con su comportamiento” ante el resto de sus compañeros.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, la organización que cuenta con mayor representación en la Benemérita, considera “injusta” y “denigrante” esta actitud de los mandos de la unidad especializada en Canarias. AUGC considera cuanto menos injustificada la respuesta que dan a las opiniones discrepantes de los agentes a su cargo: “Si no estás a gusto, ya sabes, te vas”.  Este malestar laboral propiciado por los superiores de este grupo de elite de la Guardia Civil ha provocado que haya agentes que pidan cambio de destino, porque sopesa más el desánimo que la ilusión con la que entraron a formar parte de esta especialidad operativa, que ha participado en numerosas misiones internacionales.

NUEVO VARAPALO JUDICIAL A LA GUARDIA CIVIL

Madrid (España), 4 de febrero de 2014 / Sindical - AUGC / Gabinete de Prensa.

La pertenencia de España a la Unión Europea obliga a nuestro país, como al resto de integrantes, al acatamiento y cumplimiento de las normas dictadas por la Unión. Prueba de ello son los recortes sociales y económicos que los últimos gobiernos nos han impuesto a los trabajadores públicos y a toda la sociedad, entre ellos a los guardias civiles, a quienes se les ha reducido considerablemente su salario. Pero esta premura en aplicar los recortes en la Guardia Civil no se tiene con aquellas normas, de carácter laboral, dictadas por Europa.

Esta impunidad para saltarse la ley se le está acabando a la Dirección General porque la Comisión Europea ya ha dejado claro en varias ocasiones que no se lo va a permitir. La última, a finales de enero, cuando se les requirió para que aclarasen que es lo que han hecho en el último año en relación a la Jornada Laboral en la Benemérita. Expediente que se le abrió a España a raíz de una denuncia de AUGC, organización que ya anuncia a la Dirección que le vienen más de camino, porque, hasta la fecha, la única forma de defender los derechos de los trabajadores de la Guardia Civil es recurrir al amparo de la Comisión y de los Tribunales.

Este despotismo en la actuación no sólo se le acaba en Europa, también en nuestro país comienzan a decirle a la Cúpula de la Institución que la norma está para cumplirla todos, sin ninguna salvedad.  Así se lo ha hecho saber la Agencia de Protección de Datos, en su resolución R/02761/2013, para quién la Guardia Civil  ha infringido lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Agencia considera que ha cometido una infracción leve al no informar a los trabajadores acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal, datos que se recababan a través del GPS de los vehículos policiales. Un nuevo tirón de orejas que le llega a la Dirección General después de una denuncia presentada por AUGC, tras detectar que en la Comandancia de Burgos se estaban utilizando estos datos para abrir expedientes disciplinarios a algunos asociados.

A pesar de los intentos de la DGGC por eludir la sanción, que incluso facilitó datos totalmente contrarios a los que había dado a las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles en el Consejo, finalmente se ha reconocido por la Agencia de Protección de Datos el criterio que defendía AUGC: tanto en la obligación de informar a los trabajadores, como en que la supuesta base de datos en las que se recoge la información no ampara el tratamiento de dichos datos que van mucho más allá de lo que se recoge en la Orden.

Para AUGC resulta  absurdo que, quien ha de velar por el cumplimiento de la legalidad, se esté convirtiendo en asidua infractora de todo tipo de normas legales, especialmente las relacionadas con los derechos o el ataque a los derechos de los trabajadores en la Guardia Civil, pues su Cúpula parece estar más ocupada en abrir expedientes a dirigentes asociativos y en acallar a las Asociaciones Profesionales endureciendo el Régimen Disciplinario o el Código Penal Militar, que en cumplir la leyes.  Y es que, de existir un OSCAR de infractores de la administración, la Dirección General de la Guardia Civil se llevaría el galardón.

Porque, por mucho que pese a algunos, la Guardia Civil no es el Vaticano o el Principado de Mónaco dentro del Estado español, por lo que las leyes españolas también le afectan. Porque la GUARDIA CIVIL NO SOLO DEBE HACER CUMPLIR LAS  LEYES, SINO QUE DEBE SER LA PRIMERA EN DAR EJEMPLO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES QUE RIGEN PARA TODOS. Los que no compartan esta máxima, tal vez como insiste en recordar el Director General a los guardias civiles y a sus representantes, debería abandonar la Guardia Civil y pensar en ingresar en algún Cuerpo extranjero donde no tenga obligación de cumplir las leyes españolas.

AUGC denuncia que el jefe del Mando de Canarias ha vulnerado la separación constitucional de las funciones de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles lamenta que el teniente general Martín Villalón se haya referido a las labores de seguridad ciudadana de la Benemérita durante la Pascua Militar

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 07 de enero de 2014 / Sindical - AUGC / Gabinete de Prensa.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Canarias denuncia que el jefe del Mando de Canarias, Juan Martín Villalón, vulneró ayer la separación constitucional de las funciones de la Guardia Civil, durante su intervención con motivo de los actos de celebración de la Pascua Militar en Canarias. La organización con mayor representatividad en la Benemérita lamenta que el teniente general se refiriera durante su alocución a las labores de seguridad ciudadana que desempeñan los guardias civiles, cuando la Carta Magna hace una diferenciación clara sobre la vinculación militar y civil de la Institución.

Según establece el artículo 8 de la Constitución española, la Guardia Civil, catalogada como institución armada de carácter militar, solo depende del Ministerio de Defensa en caso de guerra o de la declaración del estado de sitio. Este artículo indica que forman parte de las Fuerzas Armadas los ejércitos de Tierra y Aire y la Armada, quedando excluido de este concepto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, regulados constitucionalmente en el artículo 104, con una función diferente y con un carácter civil y no militar.

AUGC señala que el jefe del Mando de Canarias “se pasó por alto” ayer esta clara diferenciación al mezclar las previsiones y retos más significativos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Durante su intervención en la celebración de la Pascua Militar en Canarias, el teniente general Juan  Martín Villalón indicó que la Guardia Civil iba a mejorar su servicio a la ciudadanía con la implantación de la nueva denuncia electrónica, además de referirse al despliegue de los equipos ROCA para prevenir los robos en el campo y a la mejora del sistema SIVE para combatir la inmigración irregular y el narcotráfico.

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Canarias estas referencias a la Institución están relacionadas directamente con su papel dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que considera “inadmisible” esta intromisión desde el ámbito militar en las labores de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

A juicio de AUGC, este tipo de injerencias no se producirían si se pusiera en práctica la reclamación histórica de la organización de desmilitarizar la Institución, que pasaría por la creación de un modelo policial para el siglo XXI con la unificación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y así poner en marcha un sistema de seguridad que sea más racional, eficaz y útil para la ciudadanía.