Un guardia civil de Tenerife se someterá el próximo 22 de abril a un juicio militar que puede condenarlo a cinco meses de prisión por discutir con su superior
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 27 de marzo de 2015 / Sindical - AUGC / Gabinete de Prensa.
La aplicación del Código Penal Militar representa un “suicidio profesional” para los guardias civiles, que por la comisión de una mera falta administrativa, como puede ser la discusión con un mando, se exponen a la entrada en una prisión militar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige la eliminación de esta norma que amenaza derechos fundamentales y que implica que los guardias civiles sean militares en la realización de sus funciones policiales. El máximo responsable de la Asociación con mayor representación en la Guardia Civil (más de 30.000 asociados), Alberto Moya, expuso hoy en rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife la grave situación que viven los guardias civiles con la utilización del Código Penal Militar. Moya estuvo acompañado en el encuentro informativo por el secretario general de AUGC en la provincia tinerfeña, Juan Fernández; y el secretario de Organización de la Asociación, José Farfán.
El sometimiento a un auténtico vía crucis y absoluta indefensión. Así se encuentran los alrededor de 30 guardias civiles que actualmente están pendientes de una posible condena de prisión militar en España, una situación “sin parangón” en el resto de Europa. Una sentencia condenatoria es el final de un camino de desgaste físico y psíquico de un profesional que se ve expuesto a su privación de libertad por una simple falta laboral.
Sirva de ejemplo el caso del guardia civil destinado en el municipio tinerfeño de Arona que, por discutir con un cabo primero, tiene que sentarse ante un Tribunal Militar el próximo 22 de abril, que puede deliberar su entrada en la cárcel durante cinco meses. En sus mismas circunstancias está otro agente de Tenerife, que también puede verse privado de libertad por una simple controversia con su jefe. Este injusto castigo ya ha caído sobre Sergio, un joven guardia civil que, desde el pasado 29 de enero, está cumpliendo condena militar de cuatro meses en Alcalá de Henares por una discusión en el trabajo.
El delegado de AUGC en Santa Cruz de Tenerife, Juan Fernández, hizo hincapié en que la condena es el final de un calvario, que comienza con la notificación de la apertura de un expediente, la aplicación de la libertad condicional, la obligación de firmar todos los meses en un juzgado, la pérdida de destino, la suspensión de funciones y la pérdida de salario, que en el caso del guardia civil destinado en Arona, que vive en estado de incertidumbre desde el 21 de junio de 2013, supone la mitad de su retribución salarial. Toda una serie de circunstancias que destrozan la vida del guardia civil que las sufre. Fernández anunció la apertura de una cuenta solidaria en apoyo a este compañero de Tenerife.
Alberto Moya y Juan Fernández denunciaron hoy que la aplicación del Código Penal Militar ha vaciado de contenido a la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y el artículo 7.bis de la Ley Orgánica 13/1985 del Código Penal Militar, en la que se especifica claramente que el uso del Código Penal Militar en la Benemérita solo se ciñe a “situaciones extraordinarias” y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares.
Esta norma se aplica en situaciones que no especifica la Ley desde que en 2012 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó la aplicación del Código Penal Militar en la funciones de deberes esenciales (disciplina, jerarquía, cohesión interna, unidad) A partir de ese momento, aumentaron los procesamientos en la Guardia Civil. Una discusión verbal ordinaria puede desembocar en una condena de prisión militar. “Es un Código garantizador de la jerarquía”, denunció hoy Moya. El secretario general de AUGC resaltó que las penas impuestas por un Tribunal Militar son de cumplimiento íntegro, aunque no se tengan antecedentes y la condena sea inferior a dos años.
Alberto Moya recordó que actualmente está en trámite parlamentario un anteproyecto de reforma del Código Penal Militar, que recrudece la situación actual, ya que introduce en su artículo 77.3 “un torpedo teledirigido contra las asociaciones profesionales” de la Guardia Civil a cuyos integrantes se les puede imputar un delito por derechos ya adquiridos.
Esta remilitarización de la Guardia Civil cuenta con el beneplácito del Gobierno de Partido Popular, hizo hincapié Moya. El máximo responsable de AUGC recalcó que el Ejecutivo está interesado en que los guardias civiles sean policías militarizados, que no se cuestionen las órdenes de sus superiores ni la limitación de sus derechos, para evitar así sacar a la calle al Ejército en caso de tener que hacer frente a posibles convulsiones sociales de cara a las próximas elecciones generales.
Denunció que es el Ministerio del Interior y no el de Defensa el que está impulsando esta medida. Moya anunció que AUGC no va a cejar en su empeño para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a la Guardia Civil. De hecho, el pasado martes, 24 de marzo, la Asociación mayoritaria en la Guardia Civil dio plantón a la reunión del Consejo de la Guardia Civil como medida de protesta ante el desprecio que sufren los profesionales de esta Institución. AUGC también ha solicitado una reunión con el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, para exponerle su malestar y el silencio es la única respuesta que ha obtenido hasta hoy. Moya anunció que AUGC adoptará todas las medidas de presión necesarias para poner fin a esta situación de desprecio hacia los agentes y recorte de sus derechos, que está sujeta únicamente a la voluntad política del Gobierno, entre las que está la convocatoria de una gran concentración de guardias civiles en Madrid para decir “basta ya de abusos”.
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