EL PILLAJE DE LAS ELÉCTRICAS

Agüimes, 9 de abril de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

Desde que Felipe González iniciara durante su mandato el proceso de privatización de las
eléctricas públicas españolas dando entrada al capital privado en las compañías y desde que José
María Aznar culminara, a partir de 1996, el proceso de su desnacionalización total, -por aquello de
la globalización, la liberalización a la que obligaba el neoliberalismo rampante y la necesidad de
hacer caja-, la constatación del sometimiento de los poderes públicos y la mayoría de los partidos
políticos al lobby eléctrico se hace cada día más palpable.

Para Sharon Beder , autora del libro “Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad
en el mundo” (Fondo de Cultura Económica), ningún país en el que se haya privatizado el sector
eléctrico ha obtenido los beneficios esperados: “los precios se incrementan, los servicios se vuelven
menos confiables, se producen apagones, hay menos inversión en infraestructura de generación y se
pierden miles de empleos”. Según esta investigadora australiana y profesora universitaria de
Ciencia, Tecnología y Sociedad: “la privatización puede ser considerada una estafa perpetrada para
despojar a la sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco
concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control privado”.

Se trata de la mejor descripción que se haya podido hacer de lo que está sucediendo con la
energía en España desde finales de la década de los noventa donde un trust de empresas, actuando
en régimen de monopolio, ha conseguido pactar precios de manera fraudulenta en el mercado
mayorista e imponer tarifas, tecnologías, déficits ficticios, hachazos a las renovables emergentes y
hasta sustituir al Gobierno nombrando o cesando ministros, directores generales y secretarios de
Estado.

Con la llegada al poder del gobierno de Mariano Rajoy el dominio del lobby y su capacidad de
influir, lejos de reducirse, se ha incrementado y ha ganado posiciones, aunque nos lo hayan
pretendido disimular con una especie de batallita mediática de enfrentamiento controlado en las
últimas semanas.

Efectivamente, después de que, con la inestimable ayuda del ministro Soria, consiguiera dar
un hachazo mortal de necesidad a las renovables poniendo en jaque a un sector industrial puntero, al
empleo, al desarrollo tecnológico que genera y al medio ambiente, este oligopolio dedicó todo su
esfuerzo y estrategia a demandar un nuevo aumento del recibo de la luz haciendo referencia una y
otra vez al dichoso déficit tarifario, que se inventaron, por cierto, conjuntamente con Rodrigo Rato
cuando este era ministro de Aznar. Para el periodista Jesús Mota (El yugo de la tarifa eléctrica. El
País), que lo explica muy bien, “desde 1998 la única tarea de las empresas reguladas ha sido
acumular derechos reconocidos de retribución (cuyas consecuencias se conocen como déficit de
tarifa) y hostigar a la Administración (Industria, Hacienda, Economía) para que se titulicen esos
derechos al precio que sea, con la seguridad de que los sobrecostes y gabelas financieras caerán
como un rayo sobre los bolsillos de los consumidores. El truco para esculpir tales derechos en el
recibo de la luz se esconde detrás de la confusión entre costes reconocidos (montados sobre una
ficción de precio de mercado, es decir, del mencionado rastrillo y de la campanuda subasta
CESUR) y costes realmente incurridos. Las compañías eléctricas tienen en su mano elevar los
costes o precios reconocidos. Pero lo que debería contar son los costes realmente incurridos,
desconocidos por la opinión pública y (es de temer) por el Gobierno. Por esa razón la trivial
proclama del consejero delegado de Endesa, Borja Prado, pronunciada con enfática seriedad, de que
el Gobierno tiene que subir los precios de la electricidad para acabar con el déficit de tarifa, se
merece como respuesta que la mejor manera de acabar con el déficit es que las empresas dejen de
fabricarse e inflarse derechos reconocidos utilizando las grietas de la regulación. O que el Gobierno
se lo impida, algo de lo que, al parecer, es incapaz”.

Comienzan entonces los socios de Unesa, la patronal de las eléctricas, desde hace unos meses
y sin ningún pudor, a salir en los medios de comunicación, de manera orquestada, para demandar
nuevos aumentos del recibo de la luz. Y no se cortan, un día tras otro, para pedir “sacrificios”, para
que la electricidad suba un 20% y paliar el déficit y para amenazar con huidas de inversión y
procesos judiciales si no se les hace el gusto. En este jueguito de distracción interviene también el
ministro de Industria advirtiendo que será duro con las eléctricas y que, faltaría más, no les va a
hacer caso y que además les hará devolver el dinero que han cobrado indebidamente a través de los
Costes de Transición a la Competencia. Incluso Rajoy sale a la palestra para decirnos que el
Gobierno no teme a las presiones y que él “no se asusta fácilmente por las presiones de los lobbys
ni de los no lobbys”.

Pura comedia. A pesar de que la CNE (a la que han decidido cargarse en breve tiempo para
que nos quedemos sin órganos de control y fiscalización) advirtiera que la factura de la luz en
España ha crecido desde 2003 en un 70,7%, que está en el umbral más elevado de Europa (solo la
tiene más cara que nosotros Malta y Chipre, como reconoció el propio Rajoy en su discurso de
investidura) y que la subida recaería especialmente sobre los consumidores, con grave riesgo para la
economía, lo cierto es que el último Consejo de ministros decidió aumentar el recibo de la luz en un
7%, afectando especialmente a la ciudadanía.

Y de nuevo la ópera bufa. El cártel eléctrico se rasga las vestiduras, amenaza con los tribunales y tiene la caradura de hacer un comunicado acusando al Gobierno de atacar a las eléctricas y consumidores y de salvar a las renovables (su obsesión) y amenaza con adaptarse al nuevo modelo con menos inversiones, destrucción de empleos, más apagones…

No nos dice, claro, que, como advirtió la CNE, el incremento es durísimo para un país con más de cinco millones de parados y que la subida real de los peajes será del 21%; que el bono social para tres millones de ciudadanos pasa de ser soportado por las empresas de generación a ser asumido por el resto de los
consumidores; que el aumento de tarifa de 1.400 millones de euros lo afrontarán 20 millones de
hogares y miles de pymes; que sus centrales de gas y carbón han producido un déficit de 6.000
millones y lo seguirán aumentando en los próximos años, mientras se cuestiona a las renovables;
que las centrales hidroeléctricas y nucleares siguen obteniendo unos beneficios extraordinarios de
más de 3.500 millones de euros (windfall benefits) a pesar de estar amortizadas, porque se vende su
energía al precio del petróleo -cuando son mucho más baratas- y a pesar de que no pagan ningún
canon por utilizar un recurso público como el agua; que para facilitar el paso del sector al nuevo
modelo de “liberalización” se les pagó a las grandes empresas unas compensaciones por los costes
de transición de las que han cobrado más de 3.000 millones en exceso que tendrían que devolver y
que no han devuelto; que han ganado miles y miles de millones con la distribución que ellos
mismos cuantificaban sin tener en cuenta el consumo real; que cobraban y cobran ingentes
cantidades por una interrumpibilidad que hace años que no han utilizado; que siguen cobrando
muchísimo por tener las centrales siempre disponibles aunque no se necesiten; que cobran los
retrasos muy por encima del precio legal del dinero (se calcula que han percibido por este concepto
más de 5.000 millones); que imponen los precios en unas subastas tramposas eligiendo siempre el
momento en el que estos están más altos; que realizan inversiones y prácticas empresariales
cuestionables que luego terminamos pagando los consumidores…

Y claro, mientras vemos que entre los directivos mejor pagados de España figuran señores como José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) que se lleva para su casa algo así como nueve millones y medio de euros al año y Antoni Brufau (Repsol), más de quince millones y así el resto. Ejemplificante.

(*) Alcalde de Agüimes

A POR LOS SINDICATOS

Agüimes, 19 de marzo de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez(*)

Los recortes al Estado de bienestar y al Estado de derecho realizados hasta el momento no les parecen suficientes. Han decidido que el sometimiento de la política, de las instituciones y la democracia al capitalismo más duro no puede pararse hasta alcanzar la libertad de mercado total que proclama el neoliberalismo. La reforma laboral recién aprobada, que garantiza el despido fácil y barato y que restringe los derechos colectivos de los trabajadores, no es sino un pequeño paso que tendrá que complementarse con nuevas medidas… Están entusiasmados y crecidos con las últimas decisiones adoptadas. Pero piden más. Todo les parece poco y no pararán hasta dejar sin contenido el gobierno de lo público, hasta hacer de los trabajadores un mero instrumento de producción con los derechos disminuidos al máximo. El análisis que estoy haciendo, tan a vuela pluma, puede parecer una caricatura de los hechos, pero es la triste y dura realidad.

Por eso el presidente de Mercadona, Joan Roig, miembro del selecto grupo de empresarios españoles del Consejo de Competitividad, no ha tenido ningún pudor (los medios más a la derecha lo llaman sensatez) en pedir hace unos días que se amplíe la reforma laboral para “desincentivar el paro”, que tenemos que trabajar como chinos, es decir, como los chinos de China, aquí y en Pekín: de sol a sol, con sueldos bajísimos, viviendo hacinados para poder pagar un piso, sin vacaciones y sin derechos laborales. Y también, según el conspicuo empresario, debemos dejar de derrochar en esas tonterías de la sanidad pública y la educación, entre otras cosas. Es más o menos lo que vino a decir el director de Ford España por las mismas fechas: los españoles tienen muchas vacaciones y tienen que mirarse en el espejo de los japoneses. No dice que los japoneses trabajan hasta 70 horas a la semana en muchos casos y que mueren por miles cada año por karoshi o sobrecarga de trabajo. Por lo visto, no hay más alternativa que producir y consumir hasta la extenuación.

Por eso Joan Rosell acaba de afirmar que las prestaciones de desempleo son muy generosas y que no pueden ser para siempre, que el derecho a la huelga debe ser revisado y que se debe retirar la ayuda a los que rechacen por primera vez un puesto de trabajo, “aunque sea en Laponia”, como afirmó José Luis Feito que también demandó parar a empleados públicos para pagar a los proveedores y crear puestos de trabajo, en una clara maniobra de enfrentamiento de los trabajadores y trabajadoras de esta país.

Es lo mismo que dijo el pasado lunes Dolores de Cospedal: “En España hay que trabajar más horas manteniendo los sueldos” y, además, la responsabilidad de un Gobierno en un país con más de cinco millones de parados no puede ser otra que “hacer reformas” y los trabajadores deben aceptar en silencio menos salarios, menos derechos laborales, menos vacaciones, más horas de trabajo, más precarización, más empobrecimiento, más exclusión social… Y van haciendo calar la idea de estamos en un país de gandules, que la gente no quiere trabajar, que estamos rodeados de irresponsables que quieren vivir por encima de sus posibilidades; que son los hombres y mujeres de este país los culpables del paro, de la frustración de los jóvenes, de los millones de pobres, del aumento de las desigualdades sociales…

Y claro, para poner en marcha todas estas políticas de reformas y ajustes sobran los sindicatos. No hay ningún tipo de dudas que están siguiendo a pie juntillas las prácticas de Margaret Thatcher: “Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra (…) Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior (trabajadores y sindicatos) mucho más peligroso y difícil de batir y nocivo para la libertad”. Su estrategia es que hay que revisar, por tanto, el derecho a la huelga, como ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y desprestigiar a los sindicatos hasta el infinito, lo que tienen también en buena parte conseguido por las campañas continuas de menoscabo a las que son sometidos.

El vilipendio a los sindicatos viene de lejos: en la huelga general que convocaron contra el Gobierno socialista en septiembre de 2010, la prensa más conservadora -El Mundo, La Razón, ABC, La Gaceta…- no dudó en compararlos con grupos terroristas, en pedir su ilegalización, y el encarcelamiento de sus lideres. Y en esta ocasión, cuando se anuncia otra huelga general, vuelven a poner toda la carne en el asador, esta vez con una complicidad más directa del PP, e insisten en demonizarlos y machacarlos con los latiguillos de los abusos de liberados, los sindicalistas banqueros, los cursos de formación, los millones que reciben para su financiación de los gobiernos de turno, la complicidad y la culpabilidad en la existencia de millones de parados, su
participación en la negociación de los ERE, su deriva en negocietes, burocratismo, parasitismo, trapisondería y opacidad. Si se mueven ahora -dicen- es porque la reforma laboral les quita poder y dinero.

Desde luego, no voy a dejar de reconocer la existencia de determinadas prácticas sindicales absolutamente censurables. De su complicidad con la socialdemocracia, pasiva ante los embates de los mercados; de su voracidad e insaciabilidad en la administración pública frente a políticos débiles, creando enormes diferencias con el resto de los trabajadores; de su aceptación de la rutina; de haber hecho dejación de su obligación de crear un proyecto social alternativo… Pero no han cometido más errores que los partidos políticos, que los empresarios, que los medios de comunicación…, todos ellos, como los sindicatos, imprescindibles en un Estado de derecho, en esta democracia de mínimos que nos va quedando.

Los sindicatos están obligados -como los partidos, como los empresarios, como los medios de comunicación-, a hacer una autocrítica, pero nadie puede dudar de que son absolutamente necesarios para la defensa de los trabajadores ni de su total legitimación para ponerse a la vanguardia de la defensa de los derechos laborales, de sueldos dignos, de las pensiones, de las jubilaciones, de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, de la soberanía de la política frente a los mercados y de la democracia.

En esas están y no podemos dejarlos solos. Han convocado una huelga general y su fracaso supondría la aceptación de los sacrificios y la pérdida de libertades que se nos impone. Es verdad que las encuestas nos hablan de que la ciudadanía recela de los sindicatos y de las manifestaciones y huelgas, pero habría que vencer a las opiniones creadas interesadamente (las que nos venden la reforma como un atisbo de luz frente al inmovilismo del PSOE), la apatía y el miedo. No se trata sólo de salir a la calle para protestar. Se trata de reclamar pacíficamente, como avala nuestra Constitución, un proyecto de futuro distinto. De hacer oír, al unísono, millones de voces que reclaman la ruptura de la dependencia de la política ante los mercados. Y que no se nos olvide que como decía Thomas Jefferson “cuando los ciudadanos temen al Gobierno tenemos una dictadura; cuando el Gobierno teme a los ciudadanos, tenemos libertad”.

(*)Alcalde de Agüimes

OSCURAS ELÉCTRICAS

Agüimes, 15 de marzo de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

Les prometo que esta semana pensaba escribir sobre otro tema, pero la verdad es que las eléctricas y su entramado de intereses no dan tregua y han puesto de actualidad dos asuntos de una dimensión preocupante: la peligrosa relación de un sector importante de la política con las empresas del sector, escenificada con la contratación de una exministra que recién acaba su mandato, y la decisión de José Manuel Soria (más desapercibida, pero no menos trascendental) de poner fin a los organismos reguladores de la energía (CNE), de las telecomunicaciones (CMT), de la competencia (CNC), del juego, el audiovisual, el ferroviario y el aeroportuario cuyas competencias serán asumidas por el ministerio de Industria o Economía.

La noticia del fichaje de la exministra de Economía española Elena Salgado como consejera de
Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis, filial de Endesa que lo es, a su vez, de la italiana Enel, ha puesto de actualidad la oscura simbiosis de intereses entre los más importantes partidos políticos españoles y el mundo opaco de los lobbys eléctricos (en realidad sería mejor hablar del conjunto de las grandes empresas de España, pero me voy a centrar en esta ocasión solo en este ámbito). La contratación de Elena Salgado no supone sino la confirmación de una práctica común y perversa en este país: el trasvase de un lado para el otro (de la política a los negocios y de los negocios a la política) de influyentes políticos o tecnócratas que después tomarán parte activa en resoluciones de importante calado que afectan a las empresas a las que han servido (fíjense en el actual Secretario de Estado de Energía o en el de la época de Sebastián, Fabrizio Hernández, por ejemplo) o a las que servirán en un futuro.

No es casualidad, y por ello me parece absolutamente reprobable, que personas que han tomado
decisiones fundamentales sobre el desarrollo energético de este país formen parte en la actualidad, y con importantes remuneraciones, de los consejos de administración de empresas que, sin ningún género de dudas, se vieron favorecidas con sus medidas. En realidad, todo parte desde la época de Felipe González cuando, para hacer frente a la falta de liquidez de las cuentas del Estado, se comienza a poner en marcha una política de liberalizaciones que se encargó de liderar el canario Luis Carlos Croissier Batista, impulsor de la reconversión industrial y del inicio de las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas. Hoy el expresidente socialista se sienta en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa (participada por La Caixa y Repsol YPF) con un sueldo superior a los ciento veinte y seis mil euros y el exministro Croissier lo hace a su vez en Repsol, con una asignación de 215.000 euros. Casualmente, González accedió al consejo de administración de la eléctrica tres meses después de que el Consejo de Participación de Doñana, presidido por él, se hiciera el sueco ante la decisión de Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural, de instalar un gasoducto en el entorno de este espacio protegido, en contra de la opinión de ecologistas y expertos.

Con la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno español las desnacionalizaciones en todos los campos (banca, telefonía, correos, etc) se precipitan -se hacen realidad a partir de 1996- y Endesa pasa a manos de Acciona para, posteriormente, ser vendida a la empresa pública italiana Enel que pone al frente de ella a Borja Prado Eulate, amigo del príncipe Felipe, socio de la infanta Elena en el colegio Micos e hijo del empresario e íntimo amigo del Rey Manuel Prado y Colón de Carvajal. En la actualidad Aznar cobra 200.000 euros como asesor externo de Endesa y además forman parte de su consejo de dirección Pedro Solbes -que se embolsa 200.000 euros también y que fue el ministro que gestionó y dio el visto bueno a la venta de Endesa a Enel-, Miguel Roca (CiU) y los exministros Joan Majó y ahora Elena Salgado, que hasta hace unas semanas tuvo mucho que ver con la aceptación de las cuentas del famoso y fraudulento déficit tarifario de las eléctricas. Por su parte, Luis de Guindos ha hecho el viaje en contra: de ser miembro de Endesa ha pasado a ser ministro de Economía y no se esconderá para tomar decisiones que afecten a la eléctrica italiana. Pero no queda aquí la cosa.

También forma parte de Gas Natural Fenosa Narcis Serra; de Iberdrola, el expresidente valenciano José Luis Olivas; de Red Eléctrica, los exministros Atienza (sustituido ahora por José Folgado, ExSecretario de Estado de Energía con el PP), Mª de los Angeles Amador y Miguel Boyer y de Petronor y Repsol, Josu Jon Imaz ...

Pero, a pesar de todo, esta democracia se dotó de mecanismos correctores independientes (la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia…) para controlar las prácticas irregulares y abusivas de las empresas y garantizar la objetividad y la transparencia de su funcionamiento; para vetar las operaciones que pusieran en riesgo la libre competencia, el abuso a los consumidores, la concentración de sectores regulados o estratégicos, la inspección y la calidad de los servicios, la continuidad de los suministros, etc… Hasta ahora. El ministro de Industria, José Manuel Soria, acaba de presentar un proyecto de ley de fusión de los reguladores, que acabará dentro de tres meses con esos organismos autónomos y pasará a la Secretaría de Estado de Energía las competencias para autorizar o no la compra de participaciones de empresas estratégicas, las tareas de inspección, los expedientes sancionadores, etc, y al ministerio de Economía la investigación de las acciones contrarias a la libre competencia. Se quiebra por tanto la independencia y la transparencia de los controladores y queda todo en manos de ministerios mediatizados como hemos visto y comprobado.

Es la escenificación de la complicidad que se procura el trust eléctrico con políticos significados desprovistos de ética para conseguir, como cártel, pactar los precios, falsear los datos, imponer los fósiles y atacar las renovables, fijar déficits a su antojo, obligar a mantener un modelo caduco y frenar una industria boyante y alternativa en torno a las energías limpias, comprometer la soberanía energética…

Es muy duro, pero estamos ante la cruel realidad de ver ante nuestros ojos a unos políticos, carentes de integridad, que fueron y son valores instrumentales de determinados enriquecimientos.

Estamos ante la constatación de que existe una minoría que gobierna para sí misma y pervierte la democracia. Estamos ante una peligrosa oligarquización de la política que genera desapego, desconfianza, desprecio y rechazo de la ciudadanía hacia la democracia y las instituciones que la sustentan y cada vez vemos como son menos los que conciben la política, desde la fortaleza de las convicciones éticas, como “el cuidado de la existencia” (H. Arendt) para el bien común y no para unos pocos.

(*) Alcalde de Agüimes

DEMOCRACIA AMENAZADA

Agüimes, 1 de marzo de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

No soplan buenos vientos para la democracia. Los poderes públicos, que deben sostener la esencia de un sistema desde la participación de todos en la toma de decisiones, están siendo sustituidos ante nuestras narices por los poderes económicos, por los gobiernos sin alma de los neoliberalismos y neoconservadurismos más virulentos. Día tras día somos testigos de embates devastadores a los elementos imprescindibles en un Estado de derecho para garantizar la justicia social. El nivel de cuestionamiento -cuando no rechazo frontal- de una gran parte de la ciudadanía a la política y a las instituciones es altamente preocupante. La sociedad civil se siente cada vez más huérfana de alternativas para salir de la situación a la que nos llevaron como corderitos y se siente cada vez también acogotada por un miedo paralizante que les conduce a una indiferencia que solo le origina mucho más daño. La socialdemocracia, presa de una tercera vía fraudulenta que no resultó ser sino pura complicidad con el capitalismo, hizo oídos sordos a la realidad, no supo comprender la que se le venía encima y terminó cediendo a los mercados y a sus políticas de ajustes, recortes y sometimientos. La derecha democrática -autoerigida como salvadora de este país, con la ratificación de una mayoría electoral a la que no se le termina de caer la venda- nos vendió una fórmula mágica para sacarnos de la crisis que a la postre se ha tornado en una gran mentira y ha derivado en más podas salvajes a los derechos, desigualdades y empobrecimientos.

En los escasos meses de gobierno del PP, siguiendo las máximas de los Friedman y compañía de
que es en los primeros momentos, con la ciudadanía desarmada, cuando hay que hacer realidad las
medidas más duras, no ha cesado de tomar, viernes tras viernes, medidas crueles contra los más
desfavorecidos y las clases medias. La política de más impuestos, recortes salariales, pérdidas de poder adquisitivo de las pensiones, frenos a avances sociales de primer orden, decisiones al servicio de los
oligopolios eléctricos, bancarios y demás que lo sostienen han sido rematadas con una injusta y
reaccionaria reforma laboral que nos retrotrae a los peores tiempos y que traslada cada día a miles de
personas a la pobreza y la exclusión social.

Mientras Rajoy, con toda la desfachatez del mundo, proclama erigirse en defensor de “quienes
peor lo pasan” y en la voz de la gente de la calle, los grandes banqueros españoles aplauden a rabiar la
reforma financiera y el presidente de la patronal llama a su directiva a no mostrar alegría en público para
no hacer visible el triunfo obtenido, todo el mundo (BBVA, empresarios, Luís de Guindos, el mismo
Rajoy…) nos anuncia que la situación económica empeorará, que llegaremos a los seis millones de
parados (en Canarias serán más de 355.000), y que estamos bordeando la recesión por la caída del
consumo y del gasto público. ¿Se trata entonces de tomar medidas efectivas para recuperar el empleo o
solo son maneras de profundizar en el servilismo funcional y en este caso también ideológico a los
mercados?

Al tiempo que se hace seguidismo a las políticas más neocon de Merkel con terribles
consecuencias (en Europa ya hay más de 115 millones de pobres, cinco países del euro se encuentran en
recesión y Grecia ha tenido que ceder de nuevo más soberanía a cambio de un nuevo rescate), vemos
como Alemania tiene que desprenderse de su presidente por un caso de corrupción, algo, por otra parte
bastante usual en muchos países europeos y en España, donde sin ir más lejos, sufrimos los casos de
Gürtel, Fabra, Matas, Urdangarín, Totana, Galicia, Canarias, Alicante…

No nos puede extrañar entonces que Marine le Pen represente a la tercera fuerza política en
Francia como expresión del aumento de la extrema derecha en el Continente o que los griegos salgan a la
calle cargando contra sus políticos en general, que estemos asistiendo a la entronización de los tecnócratas
y a que se pisotee la política como chivo expiatorio hasta llegar al reduccionismo de su innecesaridad
derivada de la incapacidad, complicidad o exhibición de privilegios por parte de muchísimos políticos
irresponsables.

A la democracia como sistema político no se le puede responsabilizar de la crisis económica más
allá de la debilidad que ha demostrado, pero los que la han provocado amenazan con someterla a sus
intereses, con anularla: exhiben sin pudor que las decisiones que más nos competen no las toman los
parlamentos, o las toman en función de su provecho. Y forjan con el miedo y la inseguridad una
ciudadanía acrítica incapaz de frenar la involución democrática en marcha; incapaz de pedir
responsabilidades sobre el origen de la deuda; de exigir que no se tomen medidas sin las deliberaciones y
el consenso necesarias y sin el respeto debido a las propuestas electorales de los que han ganado las
elecciones. Para Emmanuel Tood (Después de la democracia. Ed. Akal),”no está claro que individuos
aislados y sometidos a una disminución sustancial de sus salarios, o de sus pensiones, sean capaces de
oponerse con fuerza a una supresión de sus derechos políticos”.

Y no contentos con todo esto aparece también el fomento del desprecio a lo público, el
enaltecimiento del individualismo y la fragilización de lo comunitario (Vidal- Beneyto) que genera
ciudadanos sin compromisos, sin militancia social ni política. Es lo que Josep Ramoneda llama el
totalitarismo de la indiferencia.

La anulación de la voluntad política y la aceptación de que no se puede hacer nada ante lo que
mandan los mercados provoca un profundo descreimiento y una regresión democrática de incierto y
peligroso alcance. No puede haber más incertidumbre, desconcierto y angustia que el que nos provoca el
que, de repente, veamos tambalearse los cimientos de la democracia y que al otro lado solo exista el
vacío.., o el caos. Como apunta Bernard Henry-Levy, un mundo en el que ni gobernantes ni gobernados
puedan decidir libremente es un mundo condenado.

No cabe la menor duda que la pasividad en estos momentos no genera sino complicidades con la
degeneración de la democracia y que como nos dice José Vidal- Beneyto (La corrupción de la
democracia. Ed. Catarata) el régimen democrático actual es incapaz de poner en práctica los valores que
lo fundan: “Hay que reivindicar los principios y valores democráticos en su conjunto: Estado de derecho e
igualdad ante la ley; autonomía del individuo; derechos humanos en su totalidad; bien común/interés
general; transparencia; participación/ciudadanía. Y a partir de esa reivindicación es capital explorar las
vías y modos de construir, desde y para la realidad de hoy, un sistema político, con el nombre de
democracia o con otro, capaz de devolverles su plena vigencia operativa. Ésa es la gran apuesta del siglo
XXI”.

(*) Alcalde de Agüimes

ODIO A LOS INDIFERENTES

Agüimes, 21 de febrero de 2012 / Artículo de Opinión /  Antonio Morales Méndez (*)

Desde hace unos años para acá los ataques a la democracia y a los derechos ciudadanistas no dejan
de recrudecerse. La “extremadamente agresiva”, según Luís de Guindos, reforma laboral del PP de la
semana pasada no ha hecho sino ahondar en la fragilidad de los trabajadores. Lejos de facilitar el acceso
de los hombres y mujeres de este país al mundo del trabajo, las medidas adoptadas por el Gobierno y el
Parlamento español profundizan en la precariedad, la desazón y el miedo. A los recortes sociales,
laborales y del Estado del bienestar se han sumado de una tacada el abaratamiento del despido
improcedente, el allanamiento del despido libre, la anulación del sindicalismo, la inseguridad de los
asalariados y la explotación de los jóvenes a cambio de migajas retributivas. Y aún les parece poco a los
mercados, sus agencias y sus cómplices.

El intenso ataque del capitalismo, el neoliberalismo -o como lo queramos llamar- a la democracia en
el Viejo Continente no cesa. La claudicación de la mayoría de los políticos y los gobiernos y el sacrificio
al que se somete a la ciudadanía parece no tener fin. El desprecio de los ciudadanos hacia la política, las
instituciones públicas y a esta democracia cada vez adquiere tintes más preocupantes y toma muchas
veces forma de tecnocracia, populismo, extrema derecha, absentismo o indiferentismo cómplice.
Para el día 19 de este mes los sindicatos españoles mayoritarios han organizado manifestaciones en
toda España llamando a la participación ciudadana en la calle para expresar el rechazo a las medidas
adoptadas. El 23 la Federación Sindical Mundial (FSM) ha convocado en distintos lugares del planeta
(también en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de sindicatos de base y otras organizaciones) una
concentración-manifestación en defensa de los servicios públicos. Para el 29 los sindicatos europeos bajo
el lema “por el empleo y la justicia social”, y dentro de una jornada de acción europea convocada por la
Confederación Europea de Sindicatos, también, han llamado a la movilización como muestra de
oposición a las políticas de austeridad “socialmente injustas”, los ajustes presupuestarios y los recortes
sociales que solo han conseguido aumentar la pobreza y las desigualdades sociales. Sé que no son
precisamente los sindicatos mayoritarios españoles los llamados a transformar la realidad. La verdad es
que han frustrado muchas veces a sus bases y a los trabajadores. Pero aunque algunas de estas
convocatorias la hagan asustados y dudando sobre su éxito, no podemos dejar pasar cada ocasión que se
presente para mostrar nuestro rechazo a lo que está sucediendo.

Se hace necesario ahora más que nunca que se venzan todos los miedos y se despierten todas las
esperanzas para que las voces de millones de personas no renuncien a defender en la calle, en los trabajos
y en las instituciones públicas los espacios de libertad alcanzados tras cruentas guerras mundiales o
dolorosas dictaduras. Es el momento de la acción para hacer oír las reivindicaciones de ciudadanos libres
que se rebelan contra el sometimiento de la democracia y de lo público y contra las campañas masivas de
desmovilización social y de desprestigio de lo colectivo a las que nos encontramos sometidos. Es el
momento de combatir el gas letal de la indiferencia, que según Chéjov “equivale a una parálisis del alma,
a una muerte prematura”.

Josep Ramoneda piensa que la indiferencia es probablemente una manera equivocada de reducir el
riesgo y que tiene tres componentes: la contraria a la naturaleza del hombre según Aristóteles que es la
apolítica, “la indiferencia como alejamiento de la política y abandono de las responsabilidades”; la
indiferencia con los demás, “la sensación de que vivo en un espacio aislado, propio, a lo sumo de un
entorno reducido, y los otros, como más diferentes y alejados me parecen, más hostiles me resultan” y
finalmente “la indiferencia como una jerarquización: todo es igual, todo vale lo mismo, todo tiene la
misma significación, da lo mismo un atentado con 40 muertos que un reality show”.

Para Baltasar Garzón, otra de las víctimas del involucionismo reinante, “alguien ha dicho que nos ha
tocado vivir los tiempos de la vergüenza, la mediocridad y la renuncia. Vergüenza por el abandono de los
principios que nos deberían ayudar a afrontar y superar los retos de una crisis económica fabricada por un
capitalismo rampante; mediocridad porque se ha desarrollado una visión alicorta de la situación política y
económica; y renuncia, porque todos, en un escenario de corresponsabilidad, estamos consintiendo y
propiciando esta situación”.

Pero realmente todas estas opiniones sobre la indiferencia son solamente una excusa para llegar a
donde realmente quería: para compartir con ustedes un bello texto de Antonio Gramsci (Odio a los
indiferentes) que figura en una recopilación de sus escritos editada recientemente por Ariel con el mismo
título. Redactadas en 1917, cuando apenas tenía 26 años, las palabras de Gramsci mantienen toda su
vigencia: “Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebbel, que “vivir significa tomar partido” (…)
Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es
parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. (…) La indiferencia es el peso muerto
de la historia. (…) Lo que ocurre no ocurre tanto porque algunas personas quieren que eso ocurra, sino
porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, deja hacer, deja que se aten los nudos que luego
sólo la espada puede cortar, deja promulgar leyes que después solo la revuelta podrá derogar, deja subir al
poder a los hombres que luego solo un motín podrá derrocar. La fatalidad que parece dominar la historia
no es otra cosa que la apariencia ilusoria de esta indiferencia, de este absentismo. Los hechos maduran a
la sombra, entre unas pocas manos, sin ningún tipo de control, que tejen la trama de la vida colectiva, y la
masa ignora, porque no se preocupa. (…) Algunos lloriquean compasivamente, otros maldicen
obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: Si yo hubiera cumplido con mi deber, si hubiera
tratado de hacer valer mi voluntad, mis ideas, ¿habría ocurrido lo que pasó? (…) Odio a los indiferentes
porque también me molesta su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos por cómo
ha desempeñado el papel que la vida le ha dado y le da todos los días, por lo que ha hecho y sobre todo
por lo que no ha hecho. Y siento que puedo ser inexorable, que no tengo que malgastar mi compasión, que
no tengo que compartir con ellos mis lágrimas. (…) Vivo, soy partisano. Por eso odio a los que no toman
partido, por eso odio a los indiferentes”.

Sin duda unas palabras muy duras para un momento muy duro, pero que no dejan de tener sentido
en tiempos como los que vivimos. En cualquier caso, como dejó escrito André Gide: “El mundo será
salvado, si puede serlo, solo por los insumisos”.

(*)Alcalde de Agüimes

SOSPECHA GENERALIZADA

Agüimes, 21 de febrero de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

A lo largo del tiempo que llevo manteniendo una cita semanal con los lectores de este medio he
escrito, en muchas ocasiones, sobre la corrupción y el enorme peligro que supone su existencia para la democracia. Me he referido también muchas veces a los peligrosos abismos que se abren con las generalizaciones que aventan el desafecto y la duda sobre el sistema democrático, sus instituciones y representantes, pero no he dejado de plantear reflexiones sobre la insaciabilidad de los partidos políticos en su financiación y la perversa ligazón de la política con los negocios. Los últimos barómetros del CIS o los datos de Transparencia Internacional nos hablan de la peligrosa percepción ciudadana sobre la conexión de la política y la corrupción y como la crisis ha aumentado los casos de podredumbre social,institucional y política. Está claro que el problema existe y que tenemos que luchar contra él, pero su
denuncia y combate no puede llevarnos nunca a la destrucción de la propia democracia. Y no cabe la menor duda de que para que eso sea posible tenemos que profundizar en la transparencia del Estado, en proteger a los ciudadanos electos más allá de la partitocracia y su oscura financiación como señaló a principios de año el Grupo de Estados contra la Corrupción(Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, en garantizar el funcionamiento de sus órganos y poderes y en ejercer de electores responsables de nuestros propios actos, desde el poder de nuestros votos, aunque con todas las limitaciones del mundo.

Hecha esta introducción, quiero dedicar las próximas líneas a un artículo publicado por Francisco J. Chavanel (La corrupción efectiva) en Canarias7. Citaba una conversación que había mantenido en su programa de radio con el empresario y dueño de Número 1 Amid Achi en la que éste, “con toda la sinceridad del mundo”, le planteaba que “en Senegal sólo tengo que pagar a uno mientras que aquí paso por doce y aún así no arreglo nada. Es una corrupción efectiva, no como la nuestra”. Y a partir de aquí es el periodista el que se explaya y nos sumerge en un mar de fangos del que nadie, absolutamente nadie, sale impoluto. Aquí no se mueve nada, en ningún sitio, si no se paga antes a funcionarios, partidos, políticos que gobiernan o están en la oposición… según se desprende de la confesión de Achi.

Ese mismo día los medios de comunicación se hacían eco del discurso del fiscal superior de
Canarias, en la apertura del año judicial, en el que, entre otras cosas afirmaba que carecían de medios suficientes para actuar ya que “somos más jefes que indios”. No puede ser otra la razón, entiendo, por la que fiscalía no actúa de inmediato contra un empresario que hace este tipo de declaraciones en las que reconoce que está cometiendo delitos y que acusa, creando una enorme alarma social, a los funcionarios públicos y responsables políticos de flagrante corrupción. Y no es la primera vez que esto sucede. Con rotundidad entiendo que ante afirmaciones de este tipo los fiscales deberían actuar sin dilación porque se está atacando directamente a la línea de flotación de la democracia, más allá incluso del cuestionamiento de la honorabilidad y la legitimidad de las instituciones públicas y sus servidores, que ya es grave. Este señor que actúa creyéndose impune debería ser sometido de inmediato al imperio de la ley, que le debe recordar que no puede ser cómplice o protagonista de un delito como los que tan alegremente señala y difunde. Y si se trata de una fantasmada, de una boutade de riquísimo que está por encima del bien y del mal, pues que apechugue con sus consecuencias. Ya está bien de balandronadas que hacen muchísimo daño sin que paguen ningún precio en los tribunales. O que sea valiente y arremeta contra los que lo someten a sobornos y cohechos. Pero no está bien hacer tanto daño con generalizaciones y esconder la mano pusilánimemente. La sospecha se ha generalizado auspiciada por el populismo barato y, las informaciones interesadas para minar lo público, pero un Estado de Derecho no puede permitir impunemente que un señor, por muy número uno que sea, siembre el descrédito arbitrariamente sobre nuestra democracia, llena de imperfecciones, pero a la que no podemos renunciar.

La dignificación del servicio público no puede quedar al albur de un sistema judicial ineficaz, lento y sin recursos y desde luego no ayuda mucho a ello una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Pero hay que ponerse a ello y lo que se puede permitir es que se hagan oídos sordos ante manifestaciones tan dañinas como las del empresario tinerfeño. La corrupción se debe combatir con todas las fuerzas y todos los medios incluso porque, como da a entender este señor, limita las inversiones económicas por el miedo, el riesgo y la inseguridad que suponen.

Como dice el catedrático de derecho constitucional argentino José Miguel Onaindia, “la sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la iniquidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza del sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública”.

En el mismo sentido se ha expresado en muchas ocasiones Josep Ramoneda: “la defensa de la
política se está convirtiendo en una urgencia. Cada paso más en su descrédito es un triunfo del poder económico en su intento de controlarlo todo. Sin política, es la inmensa mayoría de la ciudadanía la que queda al pairo... Por eso creo que tenemos que exigirnos y exigir a todos los sectores implicados -política, justicia y medios de comunicación- mayor ecuanimidad en el juicio crítico. No hay nada que favorezca más a los corruptos que la sospecha generalizada. Si se tira indiscriminadamente contra todos -corruptos y no corruptos-, es evidente que los que salen beneficiados son los corruptos y los corruptores. Hay que defender el honor de la política y de los políticos responsables, que son muchos, precisamente para que no queden impunes los políticos corruptos”.

Por eso, ante afirmaciones como las realizadas por Amid Achi la fiscalía debe actuar sin demora y con contundencia. Porque nos jugamos mucho.

(*) Alcalde de Agüimes

LAS RENOVABLES Y EL TRUST ELÉCTRICO

Agüimes (Gran Canaria), 06 de febrero de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

Lo intuía. Sabía que podía suceder. Lo que he escrito en las dos últimas semanas giraba en torno a
la contumacia del PP -con la complicidad del PSOE en esta última etapa- en su apuesta decidida por el
gas en Canarias, frente a la escasa preocupación por las renovables (Un gas muy sucio) y en las prisas del
flamante ministro José Manuel Soria en favorecer las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias
(PPetróleo). En los dos casos insistía en que se había puesto en marcha una estrategia, diseñada por los
lobbies eléctricos y sus comparsas, para favorecer a las eléctricas y el uso de los combustibles fósiles
frente a las energías renovables. Empezó al vislumbrarse el triunfo del PP en las últimas elecciones y
arreció a partir de que los populares alcanzaran el poder y, más aún, cuando se supo el nombre del
ministro de Industria. Es la historia de siempre de los grandes grupos oligopólicos que aunque no lo
pasaron mal del todo (más bien lo contrario) con el Gobierno de Zapatero, se sienten en su salsa con un
gobierno conservador, con profundas incrustaciones neoliberales, rendido a sus pies. Y no se trata solo de
una economía sectaria, auspiciada por políticos serviles y tecnócratas que se retroalimentan, sino también
de una mezcla de intereses particulares torticeros y de ideología neoconservadora que encuentran su nexo
en fundaciones como Faes y en doctrinas como la del negacionismo climático.

A los hechos me remito. Desde finales del año pasado, casi todos los días teníamos noticias de las
presiones mediáticas de las eléctricas. Lo primero que hicieron en noviembre, antes incluso de las
elecciones, fue exigir una subida de la luz en un 35% en los próximos dos años y, en un ejercicio coral de
enorme sintonía, Andrean Brentan (Endesa), Rafael Villaseca (Gas Natural), Sánchez Galán (Iberdrola) y
Eduardo Montes (Unesa) pidieron, a un tiempo, una moratoria para con las renovables “para evitar que se
disparen las tarifas” y digo yo que también será para que nunca se ponga coto a unas ganancias como las
de los más de seis mil millones de euros alcanzados por las eléctricas en los primeros nueve meses de
2011. Durante estos últimos meses no han cesado de cuestionar, una y otra vez, las primas a la energía
solar y de atacar a la fotovoltaica por “inmadura” y a la termosolar por “inviable”. Eran, decían, las
culpables del déficit y tenían además la osadía de plantear el poner en marcha, de la mano de Acciona,
Abengoa y ACS y miles de pequeños y medianos empresarios, 40 nuevas plantas termosolares, lo que nos
convertiría en la primera potencia mundial. La eólica, que en algún momento llegó a producir el 33% de
la energía del país, igualmente les quitaba el sueño; rezaban para que no soplara el viento y no se siguiera
cuestionando la “burbuja del gas” y la fuerte inversión realizada por ellos en las centrales de ciclos
combinados cuando ya todo apuntaba a la explosión de las energías limpias. Era la traca final ante un
acoso constante a un sector en expansión al que antes habían intentado someter al descrédito público
acusándolo de estafas, de encarecer las tarifas, de beneficiarse de primas insostenibles…

Y en estas llegó José Manuel Soria y se puso, sumiso, al servicio del trust. De un día para otro, en
una decisión que cogió a todo el mundo desprevenido, aunque ya antes les había echado una mano, y el
brazo, a las nucleares, este hombre adopta la gravísima decisión de parar las renovables con los
argumentos torticeros de la patronal eléctrica, cuestionados, por cierto, por un grupo de economistas que
le dejaron en evidencia en cuanto a sus conocimientos de economía y de energía. De un plumazo nos
devuelve a los tiempos pretéritos de la dependencia de los combustibles fósiles y de las nucleares y trunca
la primacía de las tecnologías y las empresas españolas renovables a nivel mundial.

El Observatorio de la Sostenibilidad de España ya lo venía diciendo: “Industria se ha rendido a la
eléctricas cuando las renovables son el futuro”. Hace unos días el catedrático de Recursos Energéticos
Mariano Marzo nos hablaba del coste de la adicción a los fósiles y señalaba cómo los países europeos con
más deuda son precisamente los más dependientes de una energía que no pueden producir. También hace
poco el canario Juan Verde, asesor de Obama, nos advertía que “EEUU vigila a España por las energías
renovables” ante la inseguridad jurídica que se estaba creando a los inversores norteamericanos…

De un plumazo este gobierno acaba con la posición de liderazgo mundial de España en renovables;
rompe con la garantía de suministro que supondría utilizar elementos autóctonos como el viento o el sol,
frente a las fluctuaciones y a los riesgos geoestratégicos que implican el uso de los fósiles: el mismo
Llardén, presidente de Enagás, reconocía días atrás que “ante una hipotética situación de inestabilidad en
el norte de África, más del 55% de nuestras importaciones de gas natural podrían verse afectadas. Sin
olvidar el riesgo geopolítico de Nigeria, país del que importamos el 20% de nuestro aprovisionamiento”;
permite el continuo aumento de los precios de los combustibles fósiles que importamos, y que son cada
vez más escasos, frente a la continua bajada de precios de las renovables, que en muchas zonas ha
alcanzado la paridad cuando no son más baratas; cuestiona una importante industria y un extraordinario
nicho de inversiones (más de 100.000 millones) y pone en riesgo más de 180.000 puestos de trabajo;
intensifica el incumplimiento con las directivas europeas y el compromiso ético de poner coto a las
emisiones de CO2, de metano, óxidos de azufre y de nitrógeno, metales pesados, ozono troposférico, y
otras sustancias tóxicas, radiactivas… y por lo tanto contribuye en mayor grado al calentamiento global y
a quebrar la salud del planeta y sus habitantes; paraliza la reducción de emisiones, lo que no sólo se
traduce en un impacto medioambiental sino indudablemente también económico; quiebra el ahorro de
más de 3.000 millones de euros en fósiles por el consumo de renovables, que además aportan casi nueve
mil millones al PIB; paraliza un importante escenario de exportaciones de tecnología, de investigación y
desarrollo, y de abrir brechas para una nueva economía sostenible y potente.

Y casi nada en Canarias: aquí el despropósito resulta todavía más sangrante. Además de colocarnos
sine die en la cola en la implantación de renovables en España y de profundizar en todo lo señalado
anteriormente, ante la apuesta cerril por el gas y los ciclos combinados, el abandono de las renovables
supone que corramos el riesgo de perder 5.000 empleos más y dejar en el aire más de mil millones de
inversión; según la ULL y el Cluster Ricam el precio medio de la electricidad en Canarias se sitúa entre
los 18,6 y los 26 céntimos de euro, mientras que la fotovoltaica está entre 10 y 15 y la eólica justo a la
mitad de precio que la fósil y según los datos que aporta ACER la generación convencional tiene un coste
entre 190 y 270 euros Mw/h frente a los 78 euros de la eólica y los 121 euros de la fotovoltaica.

¿Va a cuestionar el señor Soria las primas al carbón, al gas y a los ciclos combinados en
compensación por su inactividad? ¿Va a corregir el aprovechamiento fraudulento de las hidráulicas y las
nucleares superamortizadas? ¿Va a controlar las subastas tramposas de las eléctricas discutidas y
sancionadas por la CNE y por Competencia? ¿Van a seguir los nacionalistas y los socialistas canarios -¡oh
el poder!- siguiéndole-les el juego con el gas y los fósiles?

Se trata, sin duda, de un peligroso hachazo al interés general, en beneficio de un oligopolio
insaciable. Sin más, hemos dejado de mirar al futuro para anclarnos en el pasado.

(*) Alcalde de Agüimes

PPETRÓLEO

Agüimes, 30 de enero de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

La semana pasada escribí un artículo en el que denunciaba la celeridad de los partidos mayoritarios por implantar el gas en Canarias frente a la desidia y las obstaculizaciones que padecen las energías renovables. Ahora me veo obligado a insistir en lo mismo. En esta ocasión es el PP el que anda desaforado porque Repsol se líe a perforar en nuestros mares, frente al silencio cómplice del PSOE, que nunca le ha hecho ascos al tema, y al eterno mercantilismo de CC (si es pagando si, si es gratis no: los daños a la biodiversidad o al turismo son secundarios). Se trata de pelear por lo de los míos (el gas, el petróleo…) y que los perroflautas de las renovables se busquen la vida.

La historia viene de lejos, en concreto desde 1991, año en que Repsol se vio favorecido por las
primeras autorizaciones de sondeos por parte del PP. En la anterior legislatura José Miguel Pérez no se recató en alguna ocasión al pronunciarse sobre la necesidad de buscar petróleo por aquí “por razones económicas y de seguridad” (por cierto, en estos días esta aseveración ha sido contradicha por el jefe del Mando de Canarias al afirmar que el hallazgo de petróleo aumentaría la tensión con Marruecos). Frente a la oposición frontal de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Miguel Sebastián, en julio de 2010, reabría el debate mostrándose favorable a unas actividades de exploración “siempre que se respeten las máximas garantías medioambientales y de seguridad”, que era lo mismito que había garantizado BP en el Golfo de
México hasta que sucedió el gran derrame.

Para ser sincero, tengo que reconocer que en esta ocasión ni el PP ni el señor Soria nos han mentido con respecto a las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Ya en septiembre de 2010 publiqué un texto (El delegado de Repsol en Canarias) en el que me hacía eco de unos “contactos informales” del ahora ministro de Energía con la petrolera española para pedirle que actuara en aguas del archipiélago porque eso ¡“diversificaría nuestra economía”!; en plena campaña electoral, Rajoy nos hizo saber que “las prospecciones petrolíferas en las Islas serían extraordinariamente positivas para su economía” y, nada más tomar posesión como ministro, el líder de los populares canarios nos hizo saber que estudiaría la viabilidad de las extracciones de Repsol siempre atendiendo la demanda de consenso del Gobierno canario. Pero hace apenas unos días una filtración de Ignacio González -que anda desgañitado pidiendo petróleo, oxígeno o lo
que sea- confirmó que ya el Ministerio ha encargado un estudio de viabilidad para reactivar las
prospecciones. Y en medio, las mentiras de siempre para justificarlo todo: diversifica la economía, crea empleo, da trabajo a nuestra industria, mejora la economía canaria, para que lo haga Marruecos lo hacemos nosotros (sin decir que algunas cuadrículas están a 14 kilómetros de las islas), la seguridad está controlada y bla, bla, bla…

Pero claro, mientras todo esto copa por aquí la actualidad informativa, nuestros medios de
comunicación apenas se hicieron eco de que a finales del año pasado Shell causaba el peor vertido de crudo de la década en Nigeria donde un derrame de 40.000 barriles contaminó con una gran mancha de fuel más de 200 kilómetros de océano. Lo catalogan como el peor vertido de la década porque en el delta del Níger se han derramado más de 1,5 millones de toneladas de crudo, el equivalente al hundimiento de un Prestige al año durante 24 años (se calcula que su limpieza costará 760 millones y 30 años). Y nadie recuerda la catástrofe del Golfo de México de 2010, el mayor desastre medioambiental en EEUU, que por negligencia y “fallos sistémicos” vertió al mar cinco millones de barriles de petróleo; ni lo que pasó en agosto de 2011 en el Mar del Norte (lo llamaron el peor accidente de la década y eso quiere decir entonces que ha habido más)
donde se produjo una fuga de más de 500 toneladas de crudo por fallos de mantenimiento y de control de las autoridades; ni lo sucedido en Macondo, frente al delta del Misisipi, que mató a once trabajadores y envió al mar casi 800 millones de litros de crudo; ni del desastre del mar Amarillo en China donde se derramaron más de 1.500 toneladas; ni lo que está pasando en las costas de Tarragona donde, desde 2008 hasta ahora, se vienen produciendo vertidos cada año por parte de Repsol, el más importante en diciembre de 2010 cuando el error de un operario provocó un derrame de 200.000 litros que ocupó una superficie de 2.000 hectáreas (en total en esta zona se han producido 18 vertidos, 8 de ellos causados por Repsol y se han iniciado tres
expedientes por la fiscalía, pero los daños no cesan). Y por supuesto ya no se habla de los accidentes gravísimos de Ixtoc, Atlantic Empress, Nowruz Oil Field, ABT Summer, Castillo de Bellver, Amoco Cádiz, Haven, Odyssey, Torrey Canyon, Sea Star, Exxon Valdez…

Según los últimos estudios científicos, cada año se vierten al mar tres millones de toneladas métricas de petróleo y 1 m3 de petróleo puede llegar a formar, en hora y media, una mancha de 100 m de diámetro y 0,1 mm de espesor. Cada vez las bolsas de petróleo y gas son más escasas. Hay que adentrarse en zonas altamente protegidas o en los mares más profundos para poder acceder a ellas y por lo tanto los riesgos de accidentes son mayores. El 70% de los yacimientos descubiertos en el planeta en la última década son marinos y cada vez más profundos y difíciles de explotar: se encuentran sometidos a altas temperaturas y presiones, a los condicionantes de los estratos salinos y del gas natural a gran presión; se inundan de lodosquímicos para facilitar la penetración de los taladros y luego a partir de ahí el proceso de extracción se hace más complejo y permite que se liberen al mar metales pesados y tóxicos como cadmio, cobre, arsénico, mercurio y plomo, cuando no crudo puro y duro, que contaminan las aguas y los peces y de ahí a la cadena trófica y a los humanos.

Pero el gas y el petróleo se acaban. Los poderosos lobbys del sector son conscientes de ello y por eso arrasan por sota y malilla. Les da lo mismo todo, y lo demuestra el que no hayan dudado en iniciar el esquilme del Ártico, como antes hicieron con los espacios de mayor biodiversidad de África o Latinoamérica. Lo del Polo Norte es ahora más fácil porque el calentamiento global, provocado por el uso desaforado de los combustibles fósiles precisamente, ha propiciado el deshielo de Groenlandia. Los conflictos del sudeste asiático no tienen otro origen que el de la lucha por el petróleo y el gas, y detrás del intento de exprimir lo poco que va quedando aparece un mundo de mucho dinero (blanco y negro), mafias organizadas, tráfico de armas…

No nos debe extrañar, por tanto, que la UE ante un primer intento de frenar las extracciones de crudo en aguas del continente diera marcha atrás apresuradamente. No nos debe extrañar, por tanto, que les importe un comino lo que pueda pasar con nuestras aguas, nuestro medio natural y el turismo que nos sostiene económicamente y anden intentando imponernos unas prospecciones a las puertas de nuestras casas. Vázquez-Figueroa en su última novela (El mar en llamas) habla también de todo esto y en unas declaraciones recientes afirmaba: “Bajo el Golfo se esconde el futuro en forma de un océano de crudo que fascina a las petroleras, que se las ingeniarán a la hora de corromper a los políticos y de utilizar mil triquiñuelas para que no se les impida apoderarse de él”. Tomen nota.

(*) Alcalde de Agüimes

UN GAS MUY SUCIO

Agüimes, 23 de enero de 2012 / Artículo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

A finales del pasado año los productores de energía fotovoltaica de Canarias levantaron la voz para manifestar que estaban dispuestos a llegar al TC para denunciar las pérdidas económicas y la inseguridad jurídica que les producía el nuevo Decreto Ley del ministro Sebastián porque recorta las primas a la producción, lo que tiene especial incidencia en este archipiélago, porque fija un límite horario especialmente oneroso para las islas. El daño causado a muchísimos pequeños y medianos inversores ha sido tremendo. No oí ninguna voz institucional poniéndose a su lado para defender la energía fotovoltaica, y eso que ha reducido su coste en más de un 70% en los últimos tres años y, además, abre un extraordinario campo de futuro para la investigación, la innovación tecnológica, la exportación, la creación de puestos de trabajo…

Hace unos días este periódico denunciaba que la burocracia ponía en jaque a la energía solar en Canarias. Afirmaba que los problemas con el PGO de San Bartolomé de Tirajana, la incomprensión del Cabildo grancanario y la poca colaboración del Gobierno, impiden poner en marcha una planta de 22 MW de cien millones de euros de inversión.

Por cierto, una historia que se ha visto repetida una y otra vez en los últimos años. Un porcentaje altísimo de los pequeños y medianos promotores de energía solar han tenido que quedarse en el camino por las trabas para enganchar a la red por parte de la compañía encargada de hacerlo en régimen de monopolio (Endesa).

Con los parques eólicos de esta isla sucede otro tanto. Ninguno, pero ninguno, de los parques eólicos adjudicados en el último concurso de esta Comunidad, ni los parques ya instalados pero que se acogen a la repotenciación, se pueden poner en marcha en estos momentos, fundamentalmente por las afecciones y las servidumbres aeroportuarias. Y eso que (perdonen la repetición) abren un extraordinario campo de futuro para la investigación, la innovación tecnológica, la exportación, la creación de puestos de trabajo…

La central hidroeléctrica de Chira Soria, adjudicada a Endesa-Enel, imprescindible para facilitar el almacenamiento de las energías renovables, se encuentra también en la actualidad parada. En un principio el parón se justificó porque no se había fijado por el ministerio de Industria la retribución por generación de energía y, aunque se nos dijo que ya estaba el problema solucionado, la verdad es que el ministro Soria aún no ha firmado el decreto. Pero si esto se solucionara, Endesa no presentará el proyecto hasta marzo y las obras, según fuentes del propio Cabildo, no se podrán empezar hasta dentro de un año porque falta por tramitar la calificación territorial del suelo donde irán las instalaciones.

Veremos. Como pueden comprobar, el panorama no es nada halagüeño para las renovables. Estamos a la cola de España en la producción de energías limpias y las perspectivas de futuro son muy turbias. Y eso que según un estudio de la ULL producir energía con fotovoltaicas en Canarias cuesta entre 10 y 15 céntimos de euro el kWh, frente a la convencional fósil que nos sale a entre 18,6 y 26 céntimos y que, según el Cluster Ricam la producción con eólica cuesta justo la mitad.

Pero claro, mientras esto sucede nuestras instituciones y los partidos políticos mayoritarios (PP, PSOE y CC) se desgañitan defendiendo la entrada del gas en esta tierra que, -por cierto, no admite ninguna comparación con las renovables- y respaldando la potenciación de los ciclos combinados que, eso no se dice nunca, reciben también una prima de incentivo a la inversión y perciben una subvención del Gobierno español de 600 millones al año por garantizar el suministro y por compensar su pérdida de capacidad de producción por el auge de las renovables y, según la AIE, los combustibles fósiles se benefician de ayudas públicas en el mundo por valor de 350 mil millones de euros.

Tampoco nos dicen que las dos regasificadoras a construir en Tenerife y Gran Canaria van a costar unos 600 millones de euros que pagaremos todos y que, además, habrá que ejecutar las obras de dos macropuertos que también pagaremos todos. ¿Dónde están los beneficios entonces del gas frente a las renovables?

Desde luego, si pusieran la misma diligencia, unanimidad y empeño en defender las renovables que ponen en pelear por el gas, otro gallo nos estaría cantando en estos momentos. Desgraciadamente, por lo que nos afecta, la realidad es muy tozuda y nos vuelve a mostrar, una y otra vez la servidumbre de los partidos políticos para con el lobby eléctrico y el gas. Si a esto le unimos unas gotitas de corrupción en el desarrollo -o paralización- de las renovables y las presiones para acapararlas y frenarlas, el cóctel está servido.

El intento de introducción del gas en Canarias se inició con un convenio de colaboración en 1997 entre el ministerio de Industria español -en aquel momento el ministro era Josep Piqué- y la consejería de Industria del Gobierno de Canarias, en manos del PP de la época, siendo consejero Francisco de la Barreda. Ya desde esos momentos comienzan las irregularidades al acceder Gasificadora Regional Canaria (Unelco) a la concesión administrativa deprisa y corriendo (y dejando en la cuneta a DISA y a DECSA)unos días antes de que se aprobara la Ley de Hidrocarburos y pese a informes en contra y a que el entonces director general de Industria (Alfredo Vigara) era a su vez consejero de esa compañía eléctrica (el psocialista Emilio Fresco denunciaba en el El Día del 25 de marzo de 1998 -lo que son las cosas- que se había facilitado la creación de un auténtico monopolio. Por su parte, Francisco de la Barreda le hizo llegar, en vano, la anomalía a Bravo de Laguna, entonces al frente del PP canario). Más tarde se crea Gascan y, desde ahí, se facilita la entrada a dedo a seis grandes empresarios de Gran Canaria y seis de Tenerife que ahora han vendido sus acciones a Enagás. Y todo esto mientras la ciudadanía observa el partido desde la grada.

Después vendrían en cadena, ya con José Manuel Soria liderando el PP y siendo consejero del Gobierno canario, el caso Eolo, el mayor asunto de corrupción en Canarias en torno a la eólica -lo que retrasó muchísimos años su implantación- y el caso Megaturbinas que afectó directamente al hoy ministro. Por supuesto que la central hidroeléctrica de Chira-Soria también fue a parar directamente a las manos de Unelco- Endesa-Enel, lo que no rompe con el monopolio en la generación de energía en estas islas precisamente.

Pero si pensamos que algo iba a cambiar con la llegada del nuevo ministro de Industria, íbamos aviados. No sólo se recrudecen los embates para la entrada del gas frente al silencio en el apoyo a las renovables, sino que asistimos a más de lo mismo: pone al frente de la Secretaría de Estado de Energía a un hombre de las nucleares que considera que las renovables son muy caras; le inyecta 1.500 millones a Endesa e Iberdrola (que han ganado entre las dos más de 4 mil millones en los nueve primeros meses de este año) anunciando la ampliación de la vida de la central nuclear de Garoña; propicia que el PP cambie su voto en el Cabildo (también lo hace el PSOE) para decir que no a la instalación de la planta de gas en el mar; se empeña en mantener la “burbuja del gas” frente a la realidad y al futuro de las renovables… Pero todo esto no es una casualidad. En la trastienda han estado siempre los mismos: los mismos partidos, las mismas eléctricas…

Se trata -ni más ni menos- de un peligroso juego de prestaciones y contraprestaciones que pagamos todos. Y lo que no pueden hacer en estos momentos es venir a darnos lecciones a los que no hemos estado en la “pomada”, ni a imponer cerca de cualquier núcleo habitado de Canarias un mamotreto gasístico que pone en riesgo la vida de miles de personas.

(*) Alcalde de Agüimes

VERDAD Y DEMOCRACIA

Agüimes, 22 de enero de 2012 / Articulo de Opinión / Antonio Morales Méndez (*)

Durante la última etapa de gobierno del PSOE en la pasada legislatura, el PP no dio tregua a un partido socialista incapaz de aportar soluciones a la crisis y de hacer frente a la presión continua de la oposición, de las agencias de calificación, de Europa, de los medios de comunicación afines a la derecha... Una vez tras otra los distintos portavoces populares insistían ante los ciudadanos en denunciar la política de recortes sociales, las reformas laborales y las subidas de impuestos promovidas por el ejecutivo de Zapatero. Una y otra vez nos insistían en que disponían de alternativas para hacer frente a los recortes sociales y al incremento impositivo promoviendo reformas estructurales. En diferentes ocasiones María Dolores de Cospedal nos hizo llegar que en España “nunca se ha salido de una crisis económica subiendo los impuestos”. Esteban González Pons se manifestó en el mismo sentido otras veces: “Subir los impuestos es un hachazo en la médula espinal de la clase media española”. Cristóbal Montoro denunció que la subida del IVA por los socialistas significaba que “estaban en su salsa” y que era “la mayor subida de impuestos de la democracia, y eso va a traer más recesión y más paro”. Mariano Rajoy en su investidura como presidente de este país, llegó a decir en el Congreso de los Diputados: “la única cosa que subiré serán las pensiones” y reconocía que “subir los impuestos es darle una vuelta de tuerca a las maltrechas economías de los españoles”.

En fin, que no iba mal encaminado Voltaire cuando escribió en su día que la política, o al menos la política como la entienden determinadas organizaciones, “es el arte de mentir a propósito” si tenemos en cuenta que, apenas unos días después de tomar posesión el Gobierno de Mariano Rajoy, en su primer consejo de ministros aprueba un paquete de brutales recortes sociales y subidas de impuestos. Efectivamente, como no dudaron en calificar muchos medios de comunicación, esta vez estamos ante el mayor aumento de
impuestos de la democracia al subir el IRPF, los rendimientos del ahorro y el IBI, que castigan directamente a las rentas salariales y a las clases medias. Además no se cortó el Gobierno en encarecer el gas, los peajes y las hipotecas. No se cortó un ápice en congelar el salario mínimo por primera vez desde que se creó, en mejorar las pensiones en un triste 1% frente a un incremento superior del coste de la vida y en meterle un tijeretazo terrible a la televisión pública, la investigación, los funcionarios, los sindicatos y la inversión. Se
trata sin duda de un gravísimo incumplimiento de sus continuas promesas de favorecer la inversión y el empleo (la mayoría de los expertos coinciden en que estas medidas agravarán el pronóstico de recesión y seguirá aumentando el desempleo) y de plegarse otra vez a la banca al propiciar un nuevo aval del Estado al sistema bancario de 100.000 millones de euros. Además, mientras redacto este texto el Consejo de Ministros debate vaciar el Estado desmantelando organismos y empresas públicas… Podría seguir
escribiendo sobre esto y sobre el carácter paralizante de las medidas para la economía española, pero en esta ocasión prefiero centrarme en analizar las peligrosas consecuencias de las mentiras para la democracia. Como dice Adela Cortina es urgente crear empleo y mejorar la economía, “pero en ese mismo nivel de urgencia se sitúa la necesidad de decir la verdad, explicar las propuestas y debatirlas, de modo que los destinatarios de las leyes puedan ser de algún modo sus autores”.

Sin ningún pudor el PP y su líder Mariano Rajoy han mentido a la ciudadanía de este país, lo que deslegitima de raíz el proceso democrático electoral último y la esencia de nuestra democracia. Michael P. Lynch, en un libro que he citado en otras ocasiones (La importancia de la verdad, para una cultura pública decente. Ed. Paidós) defiende la veracidad en las propuestas políticas porque “sin esa sinceridad pública, el ciudadano de a pie no puede, por ejemplo, tomar una decisión acertada sobre el candidato que mejor representa sus intereses. Y en la medida en que no pueden tomarse esas decisiones, el proceso democrático resultará ilusorio y el poder del pueblo quedará reducido a un mero eslogan”.

Rajoy no ha dudado en seguir las tesis de Maquiavelo que consideraba que las mentiras son legítimas y las promesas se pueden incumplir si la verdad puede hacer daño al príncipe y también las de Henry Kissinger que justifica las mentiras del estadista porque dispone de una moral diferente que la del ciudadano.

Joaquín Estefanía (La paradoja del mentiroso) afirma que el grado de tolerancia con respecto a la mentira es un indicador barométrico de la calidad de la democracia, y cita a Paolo Flores D’ Arcais que asegura que la aniquilación de la verdad y la aniquilación de la democracia caminan al mismo ritmo, constituyen dos indicadores recíprocos y convergentes: las libertades públicas y las mentiras políticas circulan de forma
inversamente proporcional.

El sacerdote y teólogo Hans Kung (¿Está justificada la mentira en política?) nos dice que en la Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas en su artículo 12 se habla sobre la veracidad, y señala que “nadie, por importante o poderoso que sea, debe mentir”, pero eso parece importarle muy poco a unos políticos irresponsables que permiten con sus acciones que la ciudadanía española los considere la tercera preocupación en la última encuesta del CIS. Desgraciadamente, como sostiene Hannah Arendt, hoy la mentira se ejerce sin ningún tipo de tapujos y la denomina “conspiración a plena luz”. Como hemos podido comprobar el Gobierno nos ha mentido desde la irresponsabilidad más absoluta, desde el mayor de los descaros y el desprecio a la ciudadanía: “a plena luz”.

La peligrosa conjunción del poder de los mercados con la mentira no hace sino profundizar en el desafecto a la democracia, en la hostilidad de la ciudadanía, en la aparición de derivas populistas y liberticidas y hoy un peligroso escalofrío recorre la piel del Viejo Continente. Lo de Grecia, Italia, Portugal, España…, no es una anécdota.

Estamos ante una auténtica involución de las ideas, los derechos sociales, laborales y ciudadanistas, la economía, el bienestar, el medio ambiente, la justicia, las libertades públicas y la democracia. Y si buscamos en el diccionario la palabra austeridad desde luego no significa exactamente la situación que estamos viviendo.

El poeta español Antonio Gamoneda escribió: “De la verdad no ha quedado más que una fetidez de notarios (…)/ y la liturgia de la traición (…)/ ¿Qué lugar es este, qué lugar es este?” Donde el poeta pone notarios lean, por favor, “registrador de la propiedad” y entonces estaremos dando en el clavo.

(*) Alcalde de Agüimes

OFENSIVA NEOLIBERAL

Agüimes, 16 de enero de 2012 / Opinión Política /Antonio Morales Méndez (*)

Está envalentonado. Está que se sale. Su consigna es ir a por el Estado y sus instituciones y lo va logrando. El neoliberalismo más salvaje ha recrudecido la ofensiva que inició en la década de los ochenta del siglo pasado y no permite que se de un paso atrás ni para coger carrerilla. Bien por la incapacidad o la cobardía para hacerle frente demostradas por una gran parte de la socialdemocracia o bien por la complicidad de los sectores más conservadores para servirle de excusa democrática y política hasta alcanzar sus objetivos, lo cierto es que cada día asistimos a un paso más en el camino de adelgazar lo público hasta el infinito, de hacer hincar la rodilla a la democracia, de sustituir el Estado por los mercados.

Tras la llegada del PP al Gobierno de España lo cierto es que, desde su propio seno o desde los medios de comunicación que lo auparon y le alientan, no dejan de lanzarse consignas encaminadas a hacer efectiva esa ideología profundamente reaccionaria y depredadora.

En una campaña muy bien pergeñada, en plena contienda electoral y al calor del previsible triunfo de los populares, un sector empresarial-político-mediático puso en marcha en Canarias la demanda de la desregulación de las leyes que protegen el territorio y detrás la imperiosa necesidad del gas, de las prospecciones petrolíferas, de una RIC a demanda, etc…

En su primera visita a Canarias, en olor de multitudes -no en vano ya se nos había vendido que su nombramiento tenía para nosotros el mismo significado que si nos hubiese tocado el Gordo de Navidad-, el flamante ministro José Manuel Soria lo dejó muy claro en La Provincia: su intención era “facilitar las cosas y remover los obstáculos para que Canarias vuelva a ser, desde el punto de vista económico, una plataforma de libertad para la inversión y para el consumo, donde las restricciones sean la excepción”.

Pero eso no está sucediendo solamente en esta tierra nuestra. Europa se ha convertido en el campo de batalla más cruento del neoliberalismo y España no se quiere quedar a la zaga, por eso distintos voceros mediáticos no dejan de alentar a Mariano Rajoy a vaciar radicalmente el Estado. Al día siguiente de las declaraciones de Soria, en El Mundo, Salvador Sostres lanzaba una andanada al Presidente y le conminaba a tomar decisiones distintas a la de la subida de impuestos, para que la crisis no la siguieran soportando ¡“la burguesía y los ricos”!: “Ningún país libre necesita más impuestos. España necesita más libertad para crear riqueza, una reforma laboral que incluya la abolición del Estatuto de los Trabajadores (…) España necesita más libertad y menos Estado, y por lo tanto que patrón y empleado puedan entenderse sin intermediarios…”; un editorial del mismo periódico llamaba a llevar a la cárcel a los políticos que incumplieran con el objetivo del déficit; Carlos Cuesta pedía “recortes drásticos en la Administración”…

Frente al liberalismo social o progresista de Hobhouse, Keynes, Beveridge o J. Rawls -en franco
retroceso, fagocitado por organizaciones populistas y conservadoras- que piensa que la defensa de los derechos humanos debe ocupar un lugar fundamental y que defiende la libertad como valor supremo y la libertad de mercado sin renunciar a la defensa de la autodeterminación democrática, de un salario digno, la seguridad laboral, la igualdad, la justicia social y en el imperio de la ley del Estado de Derecho…, el neoliberalismo se ha erigido en la más perversa ideología del siglo XXI. Surgido en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, es en la década de los ochenta cuando empieza a tomar forma de la manera virulenta en que hoy lo conocemos. Hayek, Friedman y Bauchanan, entre otros, han alentado unas hornadas de neoliberales profundamente antidemócratas que desprecian la política y persiguen la anulación del individuo, que solo tiene valor como consumidor. Poseer, consumir y acumular es su religión y la política no puede interferir en los movimientos del capital por el mundo. La democracia, lo público, la protección de los más débiles, los valores…, no tienen ningún sentido. Los partidos políticos son instrumentos de alternancia pragmática para justificar un modelo de democracia formal, pero cautiva e instrumentalizada. El Estado es una amenaza para las libertades y debe quedar reducido a la mínima expresión (si acaso para socializar las pérdidas) y, por supuesto, está de más cualquier tipo de impuestos a los más ricos y la protección de los trabajadores, del medio ambiente… Todo debe ser privatizado y desregulado. Para la neoliberal Mont Pelerin Society (fundada por Hayek) “la expansión del Estado es un peligro, y no menos el Estado del bienestar”. Las libertades cívicas y políticas no pueden ser un freno para las libertades económicas y por eso no le hacen ascos a las dictaduras: Milton Friedman fue asesor de Pinochet (el padre, porque el hijo David es todavía peor: es un anarcocapitalista que reniega del Estado, hasta para la seguridad) y Hayek afirmó que “un dictador puede gobernar de manera liberal, así como es posible que una democracia gobierne sin el menor liberalismo. Mi preferencia es una dictadura liberal”.

Es la dura realidad. Se nos impone poco a poco una ideología que va destruyendo el Estado desde dentro, vaciando lo público, privatizándolo todo: lo hicieron con las eléctricas, la banca, correos, telefónica y continuarán con los aeropuertos, la lotería… y después seguirán con la sanidad, la educación… y a seguir disminuyendo al máximo los derechos laborales, sociales…; pondrán contra las cuerdas al Estado de bienestar (según Alan Greenspan “las redes de seguridad social existen prácticamente en todas partes, en mayor o en menor medida. Por su naturaleza, inhiben el ejercicio pleno del laisser-faire, sobre todo mediante las leyes laborales y programas de redistribución de las rentas”); persistirán en seguir abriendo brechas entre ricos y pobres y luego terminarán sometiéndonos por el miedo frente a la incertidumbre, la fragilidad y la pobreza. Hoy, además, colocan tecnócratas servidores de las políticas neoliberales en distintos países europeos y alientan gobiernos parafascistas como el de Hungría.

Están en esas. Por eso Soraya Sáenz de Santamaría nos advirtió que las primeras medidas que ha tomado el nuevo Gobierno del PP eran solo “el inicio del inicio”. Por eso ponen a los tecnócratas de Lehman Brothers y Golmand Sachs a administrar la situación. Por eso, en vez de proponer una alternativa económica sostenible (eliminan las partidas destinadas a la investigación) se centran en recortar y recortar, lo que solo produce paro y pérdida de derechos en vez de apostar por la inversión pública, porque podemos, porque tenemos menos deuda pública que Francia o Alemania. Por eso nos hablan del gas, de las extracciones de crudo, de la desregularización del territorio, de una fiscalidad laxa para las grandes fortunas y no muestran la menor preocupación por los miles y miles de ciudadanos que sufren exclusión social, por el aumento del número de parados, por la desaparición de nuestro sector pesquero, por nuestra precaria sanidad y educación, por los recortes en los servicios sociales, por la nula aplicación de la Ley de la Dependencia… Y todo eso ante una mayoría social pasiva e indiferente. Algún día lo lamentaremos.

(*) Alcalde de Agüimes

PODERES SALVAJES

Agüimes, 14 de Noviembre de 2011 | Opinión | Antonio Morales Méndez (*)

Sometido al acoso de “los mercados” y a las políticas neoliberales -que ya han dejado en
la cuneta a siete presidentes de otros tantos países- al primer ministro griego Papandréu no
se le ocurrió otra cosa, hace un par de semanas, que convocar un referéndum para que su
pueblo decidiera libremente de qué manera encaminar su futuro. ¡Para qué fue aquello! La
afirmación del mandatario heleno de que “el pueblo debe decidir, y si el plan no se aprueba,
no se aplicará” puso en marcha de manera inmediata la maquinaria arrolladora de las
presiones y chantajes para hacerle desistir. La amenaza de condicionar la entrega de 8.000
millones para aportarle liquidez al país, con la advertencia de Durao Barroso de que esta
decisión tendría “penosas” consecuencias para ellos y las andanadas casi dictatoriales de
Merkel y Sarkozy que veladamente les hacían una invitación a abandonar la UE, obligaron a
dar marcha atrás, y más tarde a presentar su dimisión, al “atrevido” Papandréu. Y está
calando tanto el mensaje en todos nosotros -también en los progresistas- que no fueron
pocos los que vieron como un egoísmo que en la cuna de la democracia se preguntara a los
ciudadanos sobre su futuro. Una vez más se producía la escenificación palmaria de que los
mercados están muy por encima de la voluntad ciudadana y de la autonomía y la democracia
de los países para tomar libremente sus decisiones; de que la batalla entre los poderes
fácticos económicos y la política tiene un claro vencedor. ¡Estaría bueno que Grecia repitiera
la movida de Islandia y abriera nuevos caminos a recuperar la soberanía de los países
europeos frente a los mercados y a hacer valer las autonomías nacionales ante el Merkozy!
¡Estaría bueno que los griegos se rebelaran ahora contra los exejecutivos de Goldman Sachs,
que falsearon y ocultaron sus cuentas una y otra vez hasta hacerles llegar a la situación
actual y que ahora ocupan la presidencia del BCE, la división del FMI para Europa y la
Agencia griega de Deuda Pública!

Lo que debería ser la norma se convierte en un escándalo para la economía y la política
neoliberal y pervierte las democracias del Viejo Continente hasta dejarlas en manos de
poderes salvajes, (“la libertad salvaje y sin ley” de la que habla Kant como poder del más
fuerte en cuanto no sujeto a límites y a reglas), tal y como señala el jurista y profesor de
Filosofía y Teoría del Derecho Luigi Ferrajoli en su último y esclarecedor libro editado en
España por Trotta: “Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional”.

Según el intelectual italiano “una democracia puede quebrar aun sin golpes de estado
en sentido propio, si sus principios son de hecho violados o contestados sin que sus
violaciones susciten rebelión o, al menos, disenso”. La política debe ser un instrumento de
actuación del derecho, “sometida a los vínculos que le imponen los principios
constitucionales: vínculos negativos, como los generados por los derechos de libertad que no
pueden ser violados; vínculos positivos, como los generados por los derechos sociales que
deben ser satisfechos”. Los derechos fundamentales no son solo límites a la democracia
política sino su sustancia democrática y las garantías constitucionales de los derechos
fundamentales son también garantías de la democracia.

Para Ferrajoli uno de los grandes males de nuestras democracias se produce por la
confusión entre la separación de esfera pública y privada, entre poderes políticos y
económicos. “Los conflictos de intereses generados por la estrecha alianza entre poderes
políticos públicos y poderes económicos privados y por la sustancial subordinación de los
primeros a los segundos” da lugar a una peligrosa conjunción de corrupción e intercambios
políticos con lobbies y medios de comunicación: “cada vez es más fuerte la relación entre
dinero, información y política: dinero para hacer política e información, información para
hacer dinero y política, política para hacer dinero e información…”. La subordinación de la
libertad de información a la propiedad de los medios de comunicación “ha llegado a
superponerse a un derecho de libertad de rango constitucional, la libertad de prensa y de
información”. Los pueblos se vuelven frágiles y cambiantes si fallan las garantías de los
derechos fundamentales y la libertad de información.

Los partidos se han convertido en maquinarias no democráticas - conducidas

incomprensiblemente por cargos del partido que son a su vez cargos públicos- concebidas
para servir al jefe con un sinfín de “elegidos” alimentados y condicionados por prebendas y
que se han transformado “de representantes del pueblo en cortesanos”; a los que consienten
se les homologa y a los que disienten se les denigra y los ciudadanos se ven reducidos al
papel de espectadores. Alimentan el bipartidismo, niegan la pluralidad, están obligados a
asemejarse y se reducen las campañas electorales a mera publicidad en la disputa por el
centro político.

Mientras los poderes se concentran, a la sociedad se la disgrega, se la divide. Se fomenta
el conformismo favorecido por el “indiferentismo” hacia lo público y se promocionan
“fracturas en la sociedad y rupturas de la solidaridad social”. Se persigue incansablemente la
despolitización masiva que se traduce en abstención y en antipolítica y se fomentan todos los
egoísmos y el debilitamiento del sentido cívico. Se deseduca a las masas, lo que “contribuye a
la descalificación de la moral pública como moralismo e hipocresía y, con ello, la promoción
de la desconfianza, la suspicacia y la sospecha frente a todos los actores de la vida pública”.

Se utiliza el miedo para legitimar prácticas políticas como el ataque a los inmigrantes.
“Ignorancia y miedo, egoísmos antisociales y desinterés por la política” son otras maneras de
pervertir la democracia.

Con la agresión al trabajo y a los derechos de los trabajadores (el paro, el trabajo en
precario, la renuncia a los derechos con el chantaje de los despidos…) se consigue “la
depresión del espíritu público, juntamente con los valores constitucionales de la igualdad y
la dignidad de las personas”.

Luigi Ferrajoli llama a la pedagogía cívica; a la refundación de los partidos políticos
promoviendo la democracia interna con una ley, la separación de los cargos de los partidos y
los cargos institucionales, su sometimiento a las leyes si se les financia con dinero público y
que vuelvan a ser “asociaciones de base, capaces de promover el compromiso colectivo y la
pasión política”; a potenciar las funciones de garantía del estado social y de los derechos
sociales a la salud, a la educación y a la subsistencia: “la inversión productiva más eficaz”; a
poner la Constitución a salvo de golpes de mano de la mayoría “reforzando la rigidez
constitucional” y evitar que se cuestionen o limiten los derechos de libertad, los derechos
políticos y los derechos sociales; a revitalizar la relación entre sociedad e instituciones
representativas y librar una batalla cultural en un doble sentido: en el sentido de que el nexo
entre democracia y constitución es un hecho cultural, hoy desaparecido del sentido común, y
en el sentido, más general, de que el desarrollo de la cultura es un factor esencial de la
construcción de la democracia”. Con todo esto, ¿cómo se nos podría ocurrir pensar que los
“poderes salvajes” aceptaran así, sin más, el referéndum griego?

(*) Alcalde de Agüimes