Dos años después de anular el Protocolo anterior el Parlamento Europeo considera que el nuevo texto cumple todas sus exigencias medioambientales y económicas
Estrasburgo, 10 de Diciembre de 2013 / Políticas Europeas - Eurodiputados PP / Gabinete de Prensa.
La eurodiputada española Carmen Fraga celebra la aprobación del nuevo Protocolo tras dos años de intensas negociaciones.
El acuerdo permite volver a faenar en los caladeros marroquíes a casi 100 barcos españoles y da posibilidades de pesca a flotas de 11 Estados miembros. Dará empleo directo a unos 1.500 tripulantes, 500 de ellos marroquíes.
“Después de dos años sin poder trabajar en Marruecos es una satisfacción poder dar una buena noticia a los 1.500 tripulantes, 500 de ellos marroquíes, que dependen de este Protocolo" señaló Carmen Fraga. "La UE mantiene toda una red de relaciones políticas y económicas con Marruecos en forma de distintos acuerdos, y sería absurdo que al sector pesquero se le impusieran criterios diferentes y totalmente ajenos a la pesca. Quiero recordar que el Parlamento ya fue muy exigente en su Resolución de 2011, y quiero felicitar a los negociadores, la Comisión europea y Marruecos, que han logrado negociar, y no era fácil, un acuerdo excelente desde el punto de vista de la sostenibilidad tanto medioambiental como económica, que cumple punto por punto lo demandado por el Parlamento" subrayó.
Este nuevo protocolo incrementa en un 33% las posibilidades de pesca para la flota comunitaria pese a que la contrapartida financiera a cargo del presupuesto de la UE disminuye un 17%, 30 millones de euros anuales frente a los 36,1 millones del Protocolo anterior. Por su parte, los armadores pagarán unos 10 millones de euros por las licencias.
También desde el punto de vista económico, el Protocolo introduce varias modificaciones de las medidas técnicas que permitirán una mejor utilización de las posibilidades de pesca, una de las mayores críticas del PE en 2011. Además, contiene toda una serie de medidas que permitirán a la UE controlar el gasto por parte de Marruecos de la partida para el apoyo sectorial, que debe ser invertida con criterios geográficos, es decir, beneficiar también a las poblaciones del Sahara occidental. En caso de no cumplir con estas condiciones, el Protocolo puede ser suspendido, y los pagos, congelados. Fraga ha querido además felicitar al comité conjunto de profesionales de la pesca europeos y marroquíes que han colaborado y facilitado enormemente la consecución del Protocolo:" Es un buen día para la pesca europea y para el futuro de los acuerdos, que con este Protocolo se adelantan a la entrada en vigor de la PPC (Política Pesquera Común) reformada que acabamos también de aprobar" concluyó.
Por su parte el eurodiputado popular y Presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Gabriel Mato señala que este acuerdo supone un importante logro para la flota española en su conjunto y, en particular, para la canaria y la andaluza.
Insiste en que el nuevo acuerdo es mucho mejor que el anterior y que esto ha sido posible gracias al duro trabajo que se ha realizado desde la Eurocámara en defensa de los intereses de los pescadores comunitarios.
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martes, 10 de diciembre de 2013
sábado, 18 de febrero de 2012
Ciolos se compromete a estudiar las quejas del PP sobre la importación de tomates marroquíes
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, se ha comprometido a analizar las quejas planteadas por el Partido Popular sobre el régimen de precios de entrada de frutas y hortalizas de países terceros, al propiciar año tras año importaciones irregulares de tomates marroquíes.
Tras el debate mantenido en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo agrícola con Marruecos, Ciolos manifestó su interés por celebrar encuentros con los eurodiputados Gabriel Mato y Esther Herranz para debatir el asunto. Ambos reprocharon a la Comisión Europea su pasividad ante el incumplimiento reiterado de los contingentes fijados para algunos productos, el tomate principalmente, y el impago de los derechos aduaneros correspondientes.
En su comparecencia ante la Eurocámara, el comisario recordó que en el marco de la reforma de la PAC ya ha propuesto una modificación del reglamento marco de la organización común de mercado de productos agrícolas para alinear el régimen de precios de entrada con el código aduanero comunitario, lo que, a su parecer, debería poner fin a las irregularidades.
Mato recordó que tanto la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea como la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han reconocido la existencia de fraudes. La comisión parlamentaria urgió, incluso, el pasado año al Ejecutivo comunitario a que modificara la normativa europea. "La reglamentación está para cumplirla pero de nada sirve si la misma contiene lagunas jurídicas que impiden un control exhaustivo de su cumplimiento", añadió el eurodiputado canario.
Herranz afirmó que la propuesta del comisario no resuelve el problema, pues las autoridades aduaneras nacionales seguirán sin disponer de instrumentos jurídicos que les permitan realizar una trazabilidad de los precios declarados por los importadores. "Son esas lagunas jurídicas existentes en la reglamentación comunitaria las que propician el fraude que denuncian los productores desde hace años", indicó.
En opinión de los dos miembros populares de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, la solución debe pasar por una modificación del reglamento de aplicación de la Organización Común de Mercado de productos agrícolas, al que habría que dotar de las disposiciones necesarias para que las autoridades nacionales puedan hacer un seguimiento correcto de las importaciones en la UE.
El poder decisorio sobre dicha normativa recae enteramente en la Comisión Europea, recordó Herranz, por lo que "todo va a depender de la voluntad que manifieste el comisario Ciolos para zanjar de una vez por todas este asunto".
El Parlamento Europeo dio ayer su visto bueno al nuevo capítulo agrícola del Acuerdo de Asociación con Marruecos, con el voto en contra del Partido Popular español, que condicionaba la aprobación de ese capítulo a la modificación del régimen de precios de entrada de frutas y hortalizas en la Unión Europea.
martes, 15 de noviembre de 2011
El PP europeo planta cara para que el acuerdo de la UE con Colombia y Perú no perjudique a los productores plataneros comunitarios
Gabriel Mato afirma que el PP defenderá la salvaguarda de dichas producciones y anuncia que el eurodiputado popular Pablo Zalba será el ponente de un informe que se presentará a la Comisión de Comercio Internacional
Estrasburgo, 15 de noviembre de 2011 | Política Europea | Gabinete de Prensa.
El Grupo Popular Europeo intensificará las acciones e iniciativas en el Parlamento Europeo para que el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú no perjudique las producciones plataneras comunitarias.
El eurodiputado Gabriel Mato asegura que se reforzarán los esfuerzos de cara a que el futuro reglamento para la aplicación de una cláusula de salvaguarda de las producciones plataneras comunitarias en el marco de dicho acuerdo garantice el mantenimiento de la actividad platanera comunitaria, en especial en Canarias.
Asimismo, explica que para ello no se va a limitar a plantear medidas que garanticen las actuales producciones de plátano comunitario sino que, además, será un eurodiputado del Partido Popular Europeo, Pablo Zalba, el ponente de un informe que se presentará y debatirá en el seno de la Comisión de Comercio Internacional y que se someterá a posterior aprobación por parte del Pleno del Parlamento Europeo para que estos aspectos se incluyan dentro del reglamento de aplicación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú.
En estos momentos, el Parlamento Europeo y el Consejo han presentado una propuesta de reglamento para incorporar en el Derecho de la Unión Europea esta cláusula de salvaguarda contemplada dentro del citado acuerdo, suscrito el pasado mes de marzo, así como definir los procedimientos de aplicación.
Precisamente, la cláusula de salvaguarda bilateral contempla la posibilidad de volver a aplicar el tipo de arancel aduanero de nación más favorecida si, como consecuencia de la liberalización del comercio, las importaciones aumentan de tal manera y en unas condiciones que causen o amenacen con provocar un daño grave a actividades de la Unión Europea que sean directamente competidoras.
Igulamente, el acuerdo incorpora, además, un mecanismo de estabilización para el banano según el cual, hasta el 1 de enero de 2020 pueden suspenderse los aranceles aduaneros preferenciales cuando se alcance un determinado volumen de importaciones anuales.
Un sector al límite
Para Gabriel Mato, la defensa de los productores comunitarios de plátano es un aspecto que debe ser espcialmente cuidado en este punto, sobre todo ante la dificíl situación que atraviesan como consecuencia de la progresiva reducción de aranceles a la importación de bananas que vienen soportando los agricultores europeos, en especial los canarios, tras los sucesivos acuerdos comerciales que ha venido suscrito en los últimos años la Unión Europea.
El eurodiputado canario mantiene que, aunque está de acuerdo con el establecimiento de acuerdos comerciales con terceros países, dentro del reglamento en el que se está trabajando se tiene que extremar el cuidado a la hora de establecer las herramientas necesarias que garanticen los intereses de los productores comunitarios y, por lo tanto, de sus producciones, máxime en el caso de productores que cuentan ya con un estatus diferenciado dentro de la UE, como es el caso de las regiones ultraperiféricas, y que por sus propias condiciones de lejanía y ultraperificidad exigen una mayor atención.
Por ello resulta crucial que se fijen mecanismos que impidan que el sector platanero comunitario sufra más embates, y por ello desde su partido se van a tomar todas las medidas necesarias para evitar que se pueda deteriorar más la situación de un cultivo clave para el desarrollo económico y medioambiental de dichas regiones.
A su vez, precisa, exigirá la realización de informes de seguimiento periódicos así como mecanismos de control que eviten que se pongan en peligro las producciones comunitarias.
Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de que se apliquen las mismas normativas en lo que a seguridad y aplicación de productos fitosanitarios con el fin de evitar que se produzca una competencia desleal por parte de terceros países.
Estrasburgo, 15 de noviembre de 2011 | Política Europea | Gabinete de Prensa.
El Grupo Popular Europeo intensificará las acciones e iniciativas en el Parlamento Europeo para que el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú no perjudique las producciones plataneras comunitarias.
El eurodiputado Gabriel Mato asegura que se reforzarán los esfuerzos de cara a que el futuro reglamento para la aplicación de una cláusula de salvaguarda de las producciones plataneras comunitarias en el marco de dicho acuerdo garantice el mantenimiento de la actividad platanera comunitaria, en especial en Canarias.
Asimismo, explica que para ello no se va a limitar a plantear medidas que garanticen las actuales producciones de plátano comunitario sino que, además, será un eurodiputado del Partido Popular Europeo, Pablo Zalba, el ponente de un informe que se presentará y debatirá en el seno de la Comisión de Comercio Internacional y que se someterá a posterior aprobación por parte del Pleno del Parlamento Europeo para que estos aspectos se incluyan dentro del reglamento de aplicación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú.
En estos momentos, el Parlamento Europeo y el Consejo han presentado una propuesta de reglamento para incorporar en el Derecho de la Unión Europea esta cláusula de salvaguarda contemplada dentro del citado acuerdo, suscrito el pasado mes de marzo, así como definir los procedimientos de aplicación.
Precisamente, la cláusula de salvaguarda bilateral contempla la posibilidad de volver a aplicar el tipo de arancel aduanero de nación más favorecida si, como consecuencia de la liberalización del comercio, las importaciones aumentan de tal manera y en unas condiciones que causen o amenacen con provocar un daño grave a actividades de la Unión Europea que sean directamente competidoras.
Igulamente, el acuerdo incorpora, además, un mecanismo de estabilización para el banano según el cual, hasta el 1 de enero de 2020 pueden suspenderse los aranceles aduaneros preferenciales cuando se alcance un determinado volumen de importaciones anuales.
Un sector al límite
Para Gabriel Mato, la defensa de los productores comunitarios de plátano es un aspecto que debe ser espcialmente cuidado en este punto, sobre todo ante la dificíl situación que atraviesan como consecuencia de la progresiva reducción de aranceles a la importación de bananas que vienen soportando los agricultores europeos, en especial los canarios, tras los sucesivos acuerdos comerciales que ha venido suscrito en los últimos años la Unión Europea.
El eurodiputado canario mantiene que, aunque está de acuerdo con el establecimiento de acuerdos comerciales con terceros países, dentro del reglamento en el que se está trabajando se tiene que extremar el cuidado a la hora de establecer las herramientas necesarias que garanticen los intereses de los productores comunitarios y, por lo tanto, de sus producciones, máxime en el caso de productores que cuentan ya con un estatus diferenciado dentro de la UE, como es el caso de las regiones ultraperiféricas, y que por sus propias condiciones de lejanía y ultraperificidad exigen una mayor atención.
Por ello resulta crucial que se fijen mecanismos que impidan que el sector platanero comunitario sufra más embates, y por ello desde su partido se van a tomar todas las medidas necesarias para evitar que se pueda deteriorar más la situación de un cultivo clave para el desarrollo económico y medioambiental de dichas regiones.
A su vez, precisa, exigirá la realización de informes de seguimiento periódicos así como mecanismos de control que eviten que se pongan en peligro las producciones comunitarias.
Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de que se apliquen las mismas normativas en lo que a seguridad y aplicación de productos fitosanitarios con el fin de evitar que se produzca una competencia desleal por parte de terceros países.
jueves, 7 de abril de 2011
El Grupo Popular exige a la Comisión Europea que actúe contra las importaciones fraudulentas de tomate procedentes de Marruecos
Los eurodiputados del PP reiteran que votarán contra el nuevo acuerdo agrícola si no se modifica el actual sistema de precios
Estrasburgo (Francia), jueves 7 de abril de 2011 |Política | Gabinete de Prensa.
Los eurodiputados del PP exigieron hoy, jueves, a la Comisión Europea a que deje de "mirar hacia otro lado" y que actúe "de forma decidida" contra las importaciones fraudulentas de tomate de Marruecos, antes de seguir adelante con el nuevo acuerdo agrícola que pretende concluir con ese país.
En un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo a raíz de las quejas presentadas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex) sobre las supuestas importaciones irregulares de tomates procedentes de Marruecos, los eurodiputados del PP advirtieron que rechazarán el nuevo acuerdo con Marruecos hasta que no se garantice un cambio del sistema de precios en vigor, que es el que ocasiona las importaciones fraudulentas y una situación de competencia desleal frente a los productos españoles.
El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato afirmó con rotundidad que el fraude existe y la Comisión Europea lo sabe, toda vez que hay un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que data de 2007, que lo confirma. Exigió, en consecuencia, al Ejecutivo comunitario a que “actúe de forma decidida” ante la “situación injusta" y "los graves daños" que están viviendo los productores de tomate de Canarias, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana por la competencia desleal de las importaciones marroquíes.
Para la eurodiputada riojana del PP, Esther Herranz, las conclusiones de ese informe de la OLAF "justifican sobradamente que la Comisión Europea se hubiera puesto manos a la obra hace ya mucho tiempo para aclarar el funcionamiento del sistema de precios de entrada". "Sin embargo, la Comisión no sólo no ha intervenido para solucionar las posibles trampas a las que puede dar lugar el reglamento de precios de entrada, sino que negocia un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos sin haber resuelto previamente los fallos del régimen de importación en vigor", criticó.
"Creo que ahora es un momento oportuno para que la Comisión Europea empiece a investigar dónde se producen los fraudes y pida eventualmente la recuperación de los derechos aduaneros impagados", remachó.
Rechazo al nuevo acuerdo
Ante la respuesta insatisfactoria del Ejecutivo comunitario y la posición de algunos grupos políticos -como los eurodiputados socialistas españoles- de enterrar el caso y de dar por hecho la ratificación del nuevo acuerdo agrícola, Esther Herranz advirtió que "sin que se hayan resuelto esos problemas es impensable que el Parlamento Europeo de luz verde al nuevo acuerdo".
Con el acuerdo en vigor, según explicó el eurodiputado Gabriel Mato, Marruecos se beneficia de un precio de entrada para sus tomates en la Unión Europea que incumple de forma reiterada desde 2007 hasta ahora. A ello se suma el hecho, añadió, de que los productores de tomates españoles tienen que competir con los marroquíes en unas condiciones discriminatorias, al verse obligados a asumir unos costes de producción mucho más elevados como consecuencia de la exigente normativa europea en lo que a estándares de calidad, seguridad alimentaria, laborales o limitaciones fitosanitarias y que no se exigen a las producciones procedentes de terceros países.
Tanto Gabriel Mato como Esther Herranz consideraron "insuficiente" el argumento esgrimido desde la Comisión Europea de que la vigilancia compete a los Estados miembros y recordó que, si existe un incumplimiento de las obligaciones por parte de estos últimos, “la Comisión tiene que actuar”. "No se puede tolerar que se vulneren los volúmenes de tomates importados de Marruecos sin pagar las tasas aduaneras correspondientes" afirmó el eurodiputado canario.
"El objetivo no es frenar la firma de acuerdos con países terceros como Marruecos, sino de garantizar que dichos acuerdos no perjudican gravemente los intereses de las producciones europeas. Y en lo que respecta al nuevo acuerdo con Marruecos, el sector de frutas y hortalizas español sólo pedía garantías para el cumplimiento efectivo de las medidas acordadas y ello sólo es posible a través de la revisión del régimen de precios de entrada", declaró Esther Herranz.
Estrasburgo (Francia), jueves 7 de abril de 2011 |Política | Gabinete de Prensa.
Los eurodiputados del PP exigieron hoy, jueves, a la Comisión Europea a que deje de "mirar hacia otro lado" y que actúe "de forma decidida" contra las importaciones fraudulentas de tomate de Marruecos, antes de seguir adelante con el nuevo acuerdo agrícola que pretende concluir con ese país.
En un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo a raíz de las quejas presentadas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex) sobre las supuestas importaciones irregulares de tomates procedentes de Marruecos, los eurodiputados del PP advirtieron que rechazarán el nuevo acuerdo con Marruecos hasta que no se garantice un cambio del sistema de precios en vigor, que es el que ocasiona las importaciones fraudulentas y una situación de competencia desleal frente a los productos españoles.
El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato afirmó con rotundidad que el fraude existe y la Comisión Europea lo sabe, toda vez que hay un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que data de 2007, que lo confirma. Exigió, en consecuencia, al Ejecutivo comunitario a que “actúe de forma decidida” ante la “situación injusta" y "los graves daños" que están viviendo los productores de tomate de Canarias, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana por la competencia desleal de las importaciones marroquíes.
Para la eurodiputada riojana del PP, Esther Herranz, las conclusiones de ese informe de la OLAF "justifican sobradamente que la Comisión Europea se hubiera puesto manos a la obra hace ya mucho tiempo para aclarar el funcionamiento del sistema de precios de entrada". "Sin embargo, la Comisión no sólo no ha intervenido para solucionar las posibles trampas a las que puede dar lugar el reglamento de precios de entrada, sino que negocia un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos sin haber resuelto previamente los fallos del régimen de importación en vigor", criticó.
"Creo que ahora es un momento oportuno para que la Comisión Europea empiece a investigar dónde se producen los fraudes y pida eventualmente la recuperación de los derechos aduaneros impagados", remachó.
Rechazo al nuevo acuerdo
Ante la respuesta insatisfactoria del Ejecutivo comunitario y la posición de algunos grupos políticos -como los eurodiputados socialistas españoles- de enterrar el caso y de dar por hecho la ratificación del nuevo acuerdo agrícola, Esther Herranz advirtió que "sin que se hayan resuelto esos problemas es impensable que el Parlamento Europeo de luz verde al nuevo acuerdo".
Con el acuerdo en vigor, según explicó el eurodiputado Gabriel Mato, Marruecos se beneficia de un precio de entrada para sus tomates en la Unión Europea que incumple de forma reiterada desde 2007 hasta ahora. A ello se suma el hecho, añadió, de que los productores de tomates españoles tienen que competir con los marroquíes en unas condiciones discriminatorias, al verse obligados a asumir unos costes de producción mucho más elevados como consecuencia de la exigente normativa europea en lo que a estándares de calidad, seguridad alimentaria, laborales o limitaciones fitosanitarias y que no se exigen a las producciones procedentes de terceros países.
Tanto Gabriel Mato como Esther Herranz consideraron "insuficiente" el argumento esgrimido desde la Comisión Europea de que la vigilancia compete a los Estados miembros y recordó que, si existe un incumplimiento de las obligaciones por parte de estos últimos, “la Comisión tiene que actuar”. "No se puede tolerar que se vulneren los volúmenes de tomates importados de Marruecos sin pagar las tasas aduaneras correspondientes" afirmó el eurodiputado canario.
"El objetivo no es frenar la firma de acuerdos con países terceros como Marruecos, sino de garantizar que dichos acuerdos no perjudican gravemente los intereses de las producciones europeas. Y en lo que respecta al nuevo acuerdo con Marruecos, el sector de frutas y hortalizas español sólo pedía garantías para el cumplimiento efectivo de las medidas acordadas y ello sólo es posible a través de la revisión del régimen de precios de entrada", declaró Esther Herranz.
jueves, 3 de febrero de 2011
Estrasburgo pide a España que no expulse a Marruecos a 13 saharauis
Estrasburgo (Francia), 3 feb 2011 - Derechos - ASSOPRESS / Efe
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido aplicar el artículo 39 de su Reglamento para pedir a España que suspenda provisionalmente la orden de expulsión de 13 saharauis, decretada por la Audiencia Nacional, según informó hoy a Efe el Gabinete de Prensa de la Corte.
La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) había solicitado al Tribunal de Estrasburgo en los últimos días que aplicara esta medida urgente por los problemas que tendrían los expulsados con las autoridades marroquíes, debido a su origen étnico.
Se da la circunstancia de que es la primera vez que Estrasburgo pide a España la aplicación de medidas provisionales en un caso de expulsión de ciudadanos saharauis.
El artículo 39 del Reglamento del Tribunal de Estrasburgo sólo se adopta ante "un riesgo inminente de daño irreparable" que suponga una amenaza contra la vida o malos tratos.
Los 13 ciudadanos saharauis llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero y pidieron asilo político, demanda que fue denegada. La Audiencia Nacional autorizó después la expulsión, que ahora queda en suspenso. EFE
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Rosa Estarás pide a la Comisión Europea que investigue el posible abuso de posición dominante de Thomas Cook en España
Los eurodiputados del PP Rosa Estarás y Gabriel Mato consideran que la fusión de los tour-operadores europeos de los últimos años está produciendo un oligopolio de hecho
Estrasburgo (Francia), 22 de septiembre de 2010 | Politica | Gabinete de Prensa PP - Redacción.
Los eurodiputados del PP, Rosa Estarás y Gabriel Mato, reclamaron hoy, miércoles, a la Comisión Europea que investigue un posible abuso de posición dominante del tour-operador Thomas Cook por su decisión unilateral de aplicar a los hoteles españoles un descuento del 5% a todos los contratos y facturas que estuvieran pendientes de pago y de las que se generen hasta el próximo 30 de octubre.
Los eurodiputados del PP ha presentado una interpelación urgente al Ejecutivo comunitario para que verifique si esta empresa está violando las normas de libre competencia, abusando de su posición en el mercado turístico español y también para que se pronuncie sobre si el proceso de concentraciones y fusiones de tour-operadores en los últimos años no han creado una situación de "oligopolio de hecho" que alteraría la libre competencia en el sector turístico.
El operador británico Thomas Cook comunicó hace pocos días a los hoteles españoles una rebaja del 5% en todos sus contratos y facturas pendientes de pago y en las que se generen hasta el próximo 30 de octubre, con el argumento de paliar las pérdidas ocasionadas durante la nube del volcán islandés que obligó a suspender miles de vuelos en toda Europa.
Para los eurodiputados del PP esta "imposición unilateral supone un incumplimiento de los contratos firmados y se ha producido sin posibilidad alguna de negociación" sin que existan causas justificadas para que un mayorista rompa de esta forma y, además, con carácter retroactivo.
"Teniendo en cuenta el gran tamaño de este tour operador y el volumen de pasajeros que trae a España, su decisión puede suponer un abuso de posición dominante y consecuentemente una vulneración de las normas de competencia", advierte la interpelación presentada por los eurodiputados del PP y que deberá contestar en el plazo de varias semanas el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.
Estrasburgo (Francia), 22 de septiembre de 2010 | Politica | Gabinete de Prensa PP - Redacción.
Los eurodiputados del PP, Rosa Estarás y Gabriel Mato, reclamaron hoy, miércoles, a la Comisión Europea que investigue un posible abuso de posición dominante del tour-operador Thomas Cook por su decisión unilateral de aplicar a los hoteles españoles un descuento del 5% a todos los contratos y facturas que estuvieran pendientes de pago y de las que se generen hasta el próximo 30 de octubre.
Los eurodiputados del PP ha presentado una interpelación urgente al Ejecutivo comunitario para que verifique si esta empresa está violando las normas de libre competencia, abusando de su posición en el mercado turístico español y también para que se pronuncie sobre si el proceso de concentraciones y fusiones de tour-operadores en los últimos años no han creado una situación de "oligopolio de hecho" que alteraría la libre competencia en el sector turístico.
El operador británico Thomas Cook comunicó hace pocos días a los hoteles españoles una rebaja del 5% en todos sus contratos y facturas pendientes de pago y en las que se generen hasta el próximo 30 de octubre, con el argumento de paliar las pérdidas ocasionadas durante la nube del volcán islandés que obligó a suspender miles de vuelos en toda Europa.
Para los eurodiputados del PP esta "imposición unilateral supone un incumplimiento de los contratos firmados y se ha producido sin posibilidad alguna de negociación" sin que existan causas justificadas para que un mayorista rompa de esta forma y, además, con carácter retroactivo.
"Teniendo en cuenta el gran tamaño de este tour operador y el volumen de pasajeros que trae a España, su decisión puede suponer un abuso de posición dominante y consecuentemente una vulneración de las normas de competencia", advierte la interpelación presentada por los eurodiputados del PP y que deberá contestar en el plazo de varias semanas el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.
El Parlamento Europeo aprueba una resolución en favor de aumentar las ayudas a las islas para compensar sus problemas de competitividad
Gabriel Mato pide que el marco financiero de la UE a partir de 2013 tenga en cuenta las desventajas competitivas de las Islas
Estrasburgo (Francia), 22 de septiembre de 2010 | Politica | Gabinete de Prensa PP.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy, miércoles, una resolución consensuada entre los principales grupos políticos de la cámara en la que exige el desarrollo de una política de apoyo a las islas, regiones de montaña y zonas escasamente pobladas para tener en cuenta las desventajas competitivas que genera su peculiar situación geográfica.
La resolución también reclama que en el próximo marco financiero de la UE a partir de 2013 se fijen criterios más flexibles para que estas regiones puedan recibir ayudas a través de programas de desarrollo regional específico, más ajustados a sus peculiaridades.
El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato, que participó en la elaboración de la moción, manifestó durante el debate que, si bien la UE tiene los fundamentos jurídicos para ayudar a las regiones en los artículos del Tratado de Lisboa "es necesario pasar de las palabras a la acción” y que las nuevas perspectivas financieras (marco financiero plurianual) a partir del 2013 tengan en cuenta la peculiaridad de estos territorios.
Mato insistió en que todas estas regiones "están unidas por la desventaja del coste adicional del transporte", que en el caso de Canarias, además de suponer un coste adicional importante, repercute en la competitividad de todo el tejido empresarial y de servicios.
Recordó las dificultades y problemas que afectan a estas zonas, buena parte de ellos provocados por sus desventajas naturales y sus hándicaps estructurales e insistió en la importancia de abordar cómo se pueden eliminar esos obstáculos que dificultan su desarrollo.
Para el eurodiputado canario, aspectos como “la mejora de la conectividad, una adecuada política de vecindad y la estabilidad en las políticas y en los fondos estructurales son cuestiones que debemos abordar sin complejo”, sobre todo por el efecto que ello puede tener en la creación de vías de expansión en estas zonas geográficas. Para ello, recordó que hay reivindicar la defensa de dos grandes premisas, como son la cohesión territorial y el principio de solidaridad.
Gabriel Mato apuntó que la clave para propiciar el desarrollo de dichas áreas se encuentra en convertir dichas desventajas en oportunidades y defendió que para ello se deben diseñar estrategias que apoyen iniciativas que permitan garantizar la evolución de estos territorios en unas condiciones similares a las del resto del continente.
En este sentido, reclamó que la resolución aprobada ayer por el Parlamento Europeo se convierta en una prueba del compromiso de la Eurocámara con estas regiones, máxime en un momento económico especialmente complicado como el actual, y que acciones como ésta se conviertan en revulsivo para que la Comisión Europea se insista en la tramitación de políticas dirigidas de forma específica hacia el desarrollo de estos territorios.
La resolución aprobada por amplia mayoría exige la puesta en marcha de una "estrategia europea para el desarrollo económico y social de regiones de montaña, islas y zonas escasamente pobladas" y reclama el desarrollo del artículo 174 del Tratado de Lisboa, que establece que se debe prestar especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas como, por ejemplo, las regiones insulares y desarrollar medidas concretas destinadas a superar las desventajas y explotar las posibilidades de la insularidad.
Los eurodiputados piden, además, que aunque el PIB sea el criterio principal para determinar el nivel de las ayudas, se busquen otros indicadores, como la población, la tasa de paso, la densidad de población o el nivel de educación para que se puedan redistribuir los fondos entre regiones teniendo en cuenta los atributos específicos de cada una.
Por otra parte, la resolución pide que no sólo se apoye a las regiones insulares a través de la política de cohesión, sino también a través de otras políticas comunitarias que tengan un impacto importante sobre su desarrollo, como por ejemplo la Política Europea de Vecindad o las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT).
Estrasburgo (Francia), 22 de septiembre de 2010 | Politica | Gabinete de Prensa PP.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy, miércoles, una resolución consensuada entre los principales grupos políticos de la cámara en la que exige el desarrollo de una política de apoyo a las islas, regiones de montaña y zonas escasamente pobladas para tener en cuenta las desventajas competitivas que genera su peculiar situación geográfica.
La resolución también reclama que en el próximo marco financiero de la UE a partir de 2013 se fijen criterios más flexibles para que estas regiones puedan recibir ayudas a través de programas de desarrollo regional específico, más ajustados a sus peculiaridades.
El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato, que participó en la elaboración de la moción, manifestó durante el debate que, si bien la UE tiene los fundamentos jurídicos para ayudar a las regiones en los artículos del Tratado de Lisboa "es necesario pasar de las palabras a la acción” y que las nuevas perspectivas financieras (marco financiero plurianual) a partir del 2013 tengan en cuenta la peculiaridad de estos territorios.
Mato insistió en que todas estas regiones "están unidas por la desventaja del coste adicional del transporte", que en el caso de Canarias, además de suponer un coste adicional importante, repercute en la competitividad de todo el tejido empresarial y de servicios.
Recordó las dificultades y problemas que afectan a estas zonas, buena parte de ellos provocados por sus desventajas naturales y sus hándicaps estructurales e insistió en la importancia de abordar cómo se pueden eliminar esos obstáculos que dificultan su desarrollo.
Para el eurodiputado canario, aspectos como “la mejora de la conectividad, una adecuada política de vecindad y la estabilidad en las políticas y en los fondos estructurales son cuestiones que debemos abordar sin complejo”, sobre todo por el efecto que ello puede tener en la creación de vías de expansión en estas zonas geográficas. Para ello, recordó que hay reivindicar la defensa de dos grandes premisas, como son la cohesión territorial y el principio de solidaridad.
Gabriel Mato apuntó que la clave para propiciar el desarrollo de dichas áreas se encuentra en convertir dichas desventajas en oportunidades y defendió que para ello se deben diseñar estrategias que apoyen iniciativas que permitan garantizar la evolución de estos territorios en unas condiciones similares a las del resto del continente.
En este sentido, reclamó que la resolución aprobada ayer por el Parlamento Europeo se convierta en una prueba del compromiso de la Eurocámara con estas regiones, máxime en un momento económico especialmente complicado como el actual, y que acciones como ésta se conviertan en revulsivo para que la Comisión Europea se insista en la tramitación de políticas dirigidas de forma específica hacia el desarrollo de estos territorios.
La resolución aprobada por amplia mayoría exige la puesta en marcha de una "estrategia europea para el desarrollo económico y social de regiones de montaña, islas y zonas escasamente pobladas" y reclama el desarrollo del artículo 174 del Tratado de Lisboa, que establece que se debe prestar especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas como, por ejemplo, las regiones insulares y desarrollar medidas concretas destinadas a superar las desventajas y explotar las posibilidades de la insularidad.
Los eurodiputados piden, además, que aunque el PIB sea el criterio principal para determinar el nivel de las ayudas, se busquen otros indicadores, como la población, la tasa de paso, la densidad de población o el nivel de educación para que se puedan redistribuir los fondos entre regiones teniendo en cuenta los atributos específicos de cada una.
Por otra parte, la resolución pide que no sólo se apoye a las regiones insulares a través de la política de cohesión, sino también a través de otras políticas comunitarias que tengan un impacto importante sobre su desarrollo, como por ejemplo la Política Europea de Vecindad o las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT).
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