Éxito de participación en las I Jornadas Jurídico Policiales celebradas en el Metropole

Las Palmas de GC, 24 de junio de 2011 | Jurídico - Policiales | Gabinete de Prensa.

Las primeras Jornadas Jurídico Policiales tuvieron un gran seguimiento en las instalaciones del Club Natación Metropole. Esta iniciativa está impulsada por el secretario general de la Unión Sindical de la Policía Canaria, Víctor García, y por Martín González, presidente de la Asociación Profesional de Directores y Consultores de Seguridad (Aprodise) y también directivo de la entidad metropolista.

Los conferenciantes fueron dos invitados de excepción. Entre ellos figuraban estaban la juez Virginia Peña y el fiscal Carlos Seijo. Las distintas ponencias versaron sobre la identificación, la detención y las detenciones por violencia de género y por alcoholemias.

Al final de las jornadas se abrió una mesa redonda con turno de preguntas por parte de más de los 150 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad presentes. Estuvieron representadas todas las policías: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Autonómica y Policías Locales de diversos municipios de Gran Canaria. Esta iniciativa, que según los organizadores tendrá continuidad en el tiempo, resultó de gran interés para los asistentes.

Valoración del Centro Jurídico Tomás Moro ante el “día Internacional por la Vida”

Bajo el lema de "Sí a la vida" miles de personas nos hemos manifestado en el «Día Internacional por la Vida» que se ha celebrado en Madrid, marchando desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol.


Más de 120.000 corazones han latido al unísono en el corazón de Madrid para defender el único derecho verdaderamente universal y acultural: el derecho a la vida.

Madrid, 27 de marzo de 2011 | Jurídico | Gabinete de Prensa.

Según ha declarado el vicepresidente del Centro Jurídico Tomás Moro, don Carlos María Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna, la manifestación “ha demostrado que hoy por hoy es la sociedad civil la única que está defendiendo la libertad y los derechos naturales positivizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los políticos son los responsables de una importante crisis moral, al igual que fueron los responsables de la gran crisis económica. Ahora bien, hay una diferencia entre ambas crisis, pues la sociedad civil si tiene la solución y el remedio a la crisis moral: volver a considerar al ser humano como centro de la política, aislado de ideologías, y de idolatrías materialistas”.

Igualmente, nuestro vicepresidente ha mostrado su optimismo, pues considera que “la presencia de tantos jóvenes y de tantas familias, no sólo en la manifestación de Madrid, sino en las manifestaciones desarrolladas en todas las provincias españolas, pone en evidencia al poder político, y manifiesta el poder real de una sociedad civil que cada vez tiene mayores esperanzas en el triunfo de la verdad y la libertad, verdad y libertad, que en un día como el día Internacional por la vida, pasan por reconocer la vida como un derecho natural absoluto, que se ha de imponer necesariamente a todos los legisladores del mundo”.

Desde este Centro Jurídico valoramos y felicitamos al pueblo español por el ejemplo de civismo al manifestarse rotundamente a favor de la vida, y en contra de todo tipo de violencia.

El Centro Jurídico Tomás Moro, recibe Auto de inadmisión del Recurso de Amparo frente a la Ley del Aborto.

Madrid, a 8 de octubre de 2010 | Tribunales | Gabinete de Prensa - Redacción.

En días pasados, este Centro Jurídico ha recibido Auto de inadmisión del recurso de Amparo planteado en defensa del derecho a la vida y a la igualdad, en propio nombre, y en representación de las asociaciones Fundación Talita Aragón, RedMadre, Foro Español de la Familia, Projusticia y del ginecólogo, doctor don Esteban Rodríguez Martín.

Consideremos que la resolución judicial, procedente de la Sala Segunda, Sección Tercera del Tribunal Constitucional (formada por los magistrados don Guillermo Jiménez Sánchez, don Eugenio Gay Montalvo y don Pascual Sala Sánchez), es sumamente restrictiva de los derechos ciudadanos y frontalmente contraria al derecho a la vida.

Lo primero que cabe resalta, es la existencia de una mínima fundamentación jurídica de la inadmisión del amparo, pues en este tipo de resoluciones el Tribunal suele argumentar su decisión de forma aún más breve, no obstante, consideramos que dicha argumentación adolece de numerosos errores.

Efectivamente, se menciona que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no ha configurado un Recurso de Amparo directo contra las leyes. Pues bien, sin querer entrar al fondo del asunto, pues el texto de nuestro recurso es generoso en argumentación jurídica, es necesario recordar que si bien dicha posibilidad no está rigurosamente contemplada, no está sin embargo ni prohibida, ni explícitamente rechazada, circunstancias que hubiera permitido al Tribunal Constitucional, en aplicación de su propia doctrina, admitir el Recurso de Amparo.

De igual forma, cabe destacar la incongruencia de esa primera manifestación (vertida en el tercer párrafo del Auto), con lo manifestado posteriormente en la propia resolución (cuarto párrafo). Efectivamente, el Tribunal Constitucional resulta incoherente al manifestar que no cabe Recurso de Amparo directo, para después argumentar que la ley del aborto carece de carácter autoaplicativo. Es decir, que el propio tribunal acoge la tesis mantenida por este Centro Jurídico en el sentido de posibilitar los Recursos de Amparo directo frente a normas autoplicativas. Ahora bien, en clara pugna con la verdad y la justicia, el propio tribunal dice que la ley del aborto no es recurrible directamente pues “por si misma no limita, ni prohíbe, ni faculta y que requiere por tanto, para producir efectos de un acto de aplicación”.

Necesariamente hemos de discrepar de la interpretación del alto Tribunal, pues la ley del aborto limita de forma clara el derecho a la vida, prohíbe la protección integral del nasciturus, faculta para el ejercicio del nefando infanticidio, y efectivamente, requiere de una acto de aplicación: la muerte de un inocente, muerte irreparable si no se interviene con carácter previo.

Por todo ello, consideramos que otra vez más, se ha manifestado el alto déficit democrático español, al no permitirse a diferencia de otros países, impugnar directamente una ley que agrade el derecho primero de toda persona: el derecho a la vida.

Otra vez más, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar  en profundidad la Constitución y los órganos constitucionales, para que estos estén al servicio de la sociedad y del bien común, y no al servicio de ideologías liberticidas.


Archivos adjuntos:

Ver auto de inadmisión: http://www.tomas-moro.org/archivos/otras-actuaciones/INADMISI%C3%93N280910TCTALITA0001.pdf?attredirects=0&d=1

Ver recurso de amparo: http://www.tomas-moro.org/archivos/otras-actuaciones/RECURSOAMPAROTCLEYDELABORTOD.pdf

SEMINARIO SOBRE COMUNICACIÓN EN EL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES

Madrid, 5 de octubre de 2010 | Laboral | Gabinete de Prensa - Redacción.

Siguiendo con la programación del ciclo 2010 de Seminarios de Comunicación que Unión Profesional ha organizado durante todo este año, ha tenido lugar en la sede del Consejo General de Graduados Sociales una conferencia con el título “ Comunicación con colegios y colegiados. La experiencia del Consejo Superior de Cámaras de Comercio”  impartida por D. Ramón Yánez, Coordinador de los responsables de Comunicación de las Cámaras de Comercio del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Con esta conferencia se ha pretendido hacer una comparación por la propia semejanza de estructuras existentes entre el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y los Consejos Generales de Colegios Profesionales.

La reforma en marcha, fruto del proceso de transposición de la Directiva de Servicios, pone en entredicho el status quo de las organizaciones colegiales. El resultado de este proceso dependerá en parte de cómo se explique a nuestros Colectivos, nuestra visión de la reforma y los retos que se nos presentan. 

Ramón Yáñez, trabaja en el Departamento de Comunicación desde hace 12 años, siendo coordinador de los 100 responsables de Comunicación que trabajan en los 65 departamentos existentes en  las Cámaras de Comercio. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, posee amplia formación en el ámbito de la Comunicación en todos sus ámbitos, desde la relación con medios, la comunicación interna y la comunicación en situaciones de crisis, hasta formación de portavoces, nuevas tecnologías, protocolo y responsabilidad social corporativa, entre otras materias.

En unos días se publicará en nuestra página web y será enviado por mail, un resumen con las conclusiones de la Jornada.

Este acto estuvo presidido por D. Francisco Rueda, Vicepresidente de esta Corporación y por Dña. Marina Pacheco, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cantabria y miembro de la Comisión Permanente del CGCOGSE, que junto a D. Gonzalo Muzquiz, Secretario Técnico de Unión Profesional dieron la bienvenida a todos los asistentes.

CSI-F RECURRIRÁ LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD DE 29 DE JULIO DE 2010, POR LA QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Canarias, 24 de septiembre de 2010 | Sindica | Gabinete de Prensa - Redacción.

La Orden que establece disposiciones de aplicación de módulos y bases de compensación económica de asistencia jurídica gratuita publicada el pasado 30 de julio, tiene su origen en el acuerdo firmado el pasado 7 de junio de 2.010 por la Viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Dña. Carolina Déniz de León, y los Decanos de los Ilustres Colegios de Abogados de Las Palmas, Lanzarote y La Palma y que no fue suscrito por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Tenerife, que se negó desde un principio a la firma del mismo por estar en total desacuerdo con las reducciones propuestas, ya que consideran que va en detrimento del ciudadano y de sus colegiados.

Este acuerdo perjudicará a los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita que verán disminuidas notablemente las prestaciones, la calidad, la eficiencia y la rapidez de actuación que requiere el detenido, el menor, el incapacitado, el extranjero, o la víctima de violencia de género que no tengan ingresos para pagarse un abogado particular, toda vez que el servicio que se prestaba hasta ahora, con escasos medios y
bajas retribuciones, las cuales no habían sido actualizadas desde hace varios años, se ha visto, con la firma del mencionado acuerdo, notablemente reducido sobre todo en el número de letrados de guardia para asistir a detenidos, menores, extranjeros y mujeres víctimas de violencia de género, que con la firma del convenio ha pasado a ser de 40 a 24 letrados de guardia en toda la isla de Gran Canaria y la de Fuerteventura, de lunes a viernes, y de 24 a 18 letrados de guardia en el mismo marco territorial los fines de semana y festivos, lo que supone una disminución del 40% de los abogados destinados diariamente al turno de oficio y un 25% los fines de semana.

En los partidos judiciales de San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Santa María de Guía y Puerto del Rosario las guardias de servicio para víctimas de violencia de género pasan a ser asistenciales lo que obliga a que un letrado que el día señalado para su guardia esté veinticuatro horas con plena disponibilidad y perfectamente localizado, así como preparado para acudir con carácter de urgencia a la comisaría, al juzgado, o al centro médico, o a recibir en su despacho a la víctima de violencia de género asignada para su defensa pero no cobrará indemnización o prestación alguna a menos que alguna mujer tenga la desgracia de tener que denunciar maltratos, o sus herederos el fallecimiento de la misma a manos de su agresor. Es necesario para la víctima o sus herederos el estar bien informados en los distintos lugares donde haya de acudir para denunciar, declarar, o personarse en el procedimiento de que tiene todo el derecho, en base al artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a ser asistida, desde el primer momento en que decide denunciar a su agresor, por un letrado del turno de oficio especializado en dicha materia, el cual además, en virtud de la protección que la antedicha ley le concede a la víctima, la asesorará y se encargará de todo procedimiento judicial que se desprenda del maltrato sufrido, no precisando solicitar para cada procedimiento un letrado diferente con el problema que ello conlleva. Para que todo ello sea gratuito para la víctima sólo tendrá que acreditar con posterioridad
insuficiencia de recursos para litigar.

Igualmente, la Sección Sindical muestra su desacuerdo con las cláusulas de la Orden que pretende que el abogado de oficio se convierta en fiscalizador de la capacidad económica del solicitante de justicia gratuita cuando se trata de una labor que corresponde al Gobierno de Canarias y al Colegio de Abogados.

Cabe destacar que el acuerdo inicial fue firmado unilateralmente por el Colegio de Abogados de Las Palmas, en contra de la opinión de la mayoría de los letrados adscritos al turno de oficio que asistieron a la reunión convocada por el Colegio el pasado 20 de abril de 2010, sin ofrecer la información necesaria a los afectados de manera transparente, y ocultando el desarrollo de las negociaciones. Además la orden de la Consejería que tiene vigencia para todos los letrados del turno de oficio de Canarias, se aprobó sin que fueran informados previamente los compañeros del turno, de los borradores previos de la mencionada Orden, como así se hizo por parte del Colegio Oficial de Abogados de Tenerife. Por tal motivo, esta Sección Sindical considera que estos actos son una actuación antidemocrática y desleal con sus colegiados, cuyos derechos e intereses deberían defender a toda costa.

Se ha de tener en cuenta, que esta sección sindical se encontraba próxima a convocar una junta extraordinaria en estos días (contando con más de 500 firmas que avalaban dicha convocatoria con más de 10% de abogados ejercientes, según se faculta en los estatutos del Colegio de Abogados para convocar dicha junta) con el objeto de revocar el convenio suscrito por parte de la consejería y el colegio de Abogados de Las Palmas, y nombrar una comisión para negociar otras condiciones más favorables para
los letrados adscritos al turno, que ha quedado sin objeto al aprobarse la mentada orden de la consejería y el colegio de Abogados de Las Palmas, y nombrar una comisión para negociar otras condiciones más favorables para los letrados adscritos al turno, que ha quedado sin objeto al aprobarse la mentada orden de la Consejería. Asimismo por parte de esta sección sindical se procedió en su día a la impugnación del Convenio de fecha 7 de junio de 2.010, habiéndose agotado la vía administrativa, con el resultado de haber sido desestimada la petición realizada por esta sección. Esta sección anuncia mediante el presente comunicado que se procederá a la impugnación de dicha orden, así como a la continuación de la tramitación en vía contenciosa de la impugnación del convenio iniciada en su día.

Por parte de CSI-F, se anuncian movilizaciones y acciones en defensa de los derechos de los beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita y de los letrados del turno de oficio.

Los jueces de lo social asumirán todos los litigios que afecten al ámbito laboral

Madrid, 10 de septiembre de 2010 | Derecho | Gabinete de Prensa - Redacción.

Los Juzgados de lo Social asumirán todos los litigios que afecten al ámbito laboral y que hasta ahora se tramitaban en los juzgados civiles o contencioso-administrativos, según el contenido del Anteproyecto de Ley Reguladora del Procedimiento Judicial que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, adelantó hoy en un encuentro con los medios de comunicación algunos de los cambios de la futura regulación que dotará de contenido a la Ley Reguladora del Procedimiento Judicial aprobada en 1995 sin modificar su estructura actual.

Campo destacó la necesidad de "unificar en el orden social todo aquello que afecta al ámbito laboral" con el objetivo de eliminar "el peregrinaje de jurisdicciones" y "dar una respuesta judicial integral, especializada y más ágil" a los conflictos laborales, dada la "exigencia actual" del entorno socio-económico.

En este sentido, los jueces de lo social tramitarán íntegramente las demandas relativas a la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, las prestaciones públicas, así como los conflictos de vulneración de derechos en el ámbito laboral.

El secretario de Estado de Justicia adelantó que "no habrá ningún cambio" en los artículos que regulan la responsabilidad del empresario en caso de accidente laboral, ya que la doctrina jurídica sobre esta materia "está consolidada" por el Tribunal Supremo.

En este sentido, Campo recordó que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad del trabajador y, en caso de accidente, demostrar ante el juez que adoptó todas las medidas de seguridad exigidas.

Dentro de dichas medidas, el empresario está obligado a prever la falta de diligencia del trabajador pero no responderá cuando la negligencia del empleado sea elevada. "No se modifican los artículos de imputación de responsabilidad del empresario", matizó Campo.

Por otro lado, la jurisdicción social también asumirá el trámite de los casos de acoso sexual o laboral. La futura Ley establecerá que, en caso de que el infractor sea un empleado, la víctima podrá elegir si demanda directamente al trabajador o se dirige contra el empresario.

Por último, Campo aseguró que la unificación de los litigios laborales en los Juzgados de lo Social cuenta con el voto favorable de la mayoría de los jueces españoles de esta jurisdicción, la cual, consideró, es "la mejor y la más preparada" para tramitar en materia laboral.

DIEZ & ROMEO INICIA UN PLAN DE EXPANSIÓN PARA SU IMPLANTACIÓN DEFINITIVA EN CANARIAS

• Su presencia en Las Palmas de Gran Canaria es el inicio de un proceso de consolidación en Canarias.


• El personal elegido bajo criterios de mérito y capacidad será adecuado a la filosofía de la firma: profesionalidad, firmeza y determinación.

Madrid, martes 31 de agosto de 2010 | Gabinete de Prensa.

Tras las vacaciones veraniegas, en la primera reunión de los miembros de la Junta Directiva de la firma, se ha decidido iniciar un plan de expansión para la implantación de ubicaciones físicas en Canarias. Una de ellas ya en funcionamiento en la calle León y Castillo nº 91, de Las Palmas de GC. Para ello se prepara una dotación presupuestaria que permita contar con el equipamiento de 2 dependencias y la contratación de 4 profesionales además de los que serán destinados desde Madrid.

La idea es establecer en Canarias, desde sedes físicas, una oferta permanente de servicios legales exclusivamente centrados en el sector Audiovisual y de las Telecomunicaciones con la amplitud y profundidad precisadas. Por otro lado, se pondrá a disposición de las empresas y administraciones públicas la experiencia en Nuevas Tecnologías y Redes Sociales que ha atesorado el bufete en estos años. Las plataformas digitales jurídicas más prestigiosas, como Martindale-Hubbell y Legal OnRamp, aportarán valor diferencial a Diez & Romeo en el proceder jurídico del día a día.

El personal a incorporar será seleccionado bajo los criterios de mérito y capacidad, preferentemente entre profesionales canarios, para integrarse en el equipo destinado a Canarias desde Madrid. Misión: implementar la protección de sus clientes bajo los parámetros de la firma.

De este modo, radios, televisiones, productoras, agencias de noticias y publicidad, empresas de software, editoriales, plataformas digitales y entidades que apuesten por el uso de las TIC, tendrán en su comunidad una firma cuyo epicentro se basa en el Derecho de Medios, Entretenimiento y Tecnología. También denominado entorno MET.