Madrid (España), 17 de junio de 2013 / Educación - Debate / Gabinete de Prensa.
“La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no busca sólo intervenir, desfavorablemente, en el sector educativo, sino que también debilita el modelo de administración autonómica y la cohesión social del Estado del bienestar”. Esta reflexión fue expuesta por el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, durante su participación hoy en la mesa redonda sobre el ‘Estado Autonómico y Educación’ celebrada en el Senado.
“A través de esta ley, el Gobierno central deja claro que quiere menos estado autonómico y menos solidaridad”, expresó el vicepresidente y consejero en el acto desarrollado el marco del II Foro de las Autonomías, organizado por el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación Manuel Giménez Abad.
El reparto de competencias entre las administraciones central, autonómicas y locales establecido en la Constitución está “seriamente amenazado” por la LOMCE y el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, señaló.
Recordó las advertencias al Ministerio de Educación sobre “la inoportunidad de cualquier reforma estructural” y las consecuencias negativas de “unos cambios que sólo defiende el Partido Popular” y que, en su opinión, demuestran poca capacidad de diálogo y entendimiento por parte del Ejecutivo central, que no ha tenido en cuenta que la educación es la materia de gestión política más necesitada de consensos generales, “porque su éxito se mide por generaciones y no en legislaturas”.
El representante canario calificó la LOMCE como “un proyecto regresivo que apenas entiende de matemáticas”, explicando que con el actual modelo de financiación su implantación será imposible y apuntando a las contradicciones que emanan desde el propio Gobierno central.
“Nos están pidiendo una cosa y su contraria. Wert nos exige lo contrario que Montoro. Por un lado, hablan de reducción del déficit público y, por otro, de que las comunidades financien una reforma que dificulta el acceso universal a la educación e impone nuevas cargas a unas administraciones asfixiadas por el cumplimiento de los dictados impuestos por este Gobierno. Nuestra capacidad de inversión actual es menor que en cualquier momento de nuestra historia reciente ”.
“El ministro Wert propone que gastemos que gastemos 900 millones de euros para unos cambios estructurales innecesarios y cuyo efecto será negativo, ya que reducirá la equidad del sistema educativo, castiga a las familias más desfavorecidas y aumentará las desigualdades entre las comunidades, sin mejora significativa de los resultados y esto lo plantea en un contexto impuesto de racionalización del gasto público en educación que va más allá del año 2016 y sin que la Administración central se comprometa a asumir ningún coste derivado de la consolidación de la reforma educativa”.
El Real Decreto de racionalización del gasto público en educación ha supuesto para Canarias un recorte de más de 300 millones de euros “y esto sólo ha sido un anticipo de la reforma”, puntualizó. “Ahora sabemos que en el nuevo sistema educativo la ratio profesor/alumno será de 30 alumnos y el horario del profesorado será el que fijó el Real Decreto”.
El ministro José Ignacio Wert se comprometió en la última conferencia sectorial de educación a crear una comisión de trabajo para estimar los costes de implantación y consolidación de la LOMCE que, hasta el momento, no ha sido convocada.
Autonomías
José Miguel Pérez destacó los logros educativos alcanzados en los últimos tiempos en Canarias, como la significativa reducción de la tasa de abandono escolar temprano y el nivel de equidad alcanzado, relacionándolo con la capacidad competencial de las autonomías en esta materia.
“Hasta ahora, las comunidades hemos desarrollado políticas que adaptan el sistema educativo a las singularidades de nuestra sociedad. Reducir la capacidad autonómica para planificar la oferta educativa, no contribuirá a mejorar la atención educativa”.
En palabras del consejero, el modelo autonómico puede ser mejorado, pero no necesita ser modificado. “Bastaría con fortalecer la cooperación entre las comunidades y dotar a la conferencia sectorial de educación de una mayor capacidad operativa”.
Durante los últimos cinco años todos los indicadores del sistema educativo han mejorado sustancialmente y se ha demostrado que las diferencias de resultados entre el alumnado de un mismo centro es mayor que la diferencia de resultados entre el alumnado de distintas comunidades, por lo que, “el sistema educativo es mucho más homogéneo en sus resultados de lo que el Ministerio pretenden hacernos creer”.
La educación, defendió, no es un gasto, sino una inversión. Mantener un “suelo mínimo de inversión pública en educación, garantizado por el Estado y que nunca debería ser inferior al 5% del PIB, resulta muy pertinente en estos momentos”. Destacó, igualmente, la necesidad de implantar un adecuado patrón de inversión para predecir la mejora de los resultados educativos.
