MUCHO MÁS QUE GRANDES NEGOCIOS

Las Palmas de GC, 31 de mayo de 2012 / Artículo de Opinión / Xavier Aparici Gisbert.(*)

El Banco Financiero y de Ahorros, comercialmente conocido como Bankia, fue fundado, tras recibir la autorización del Banco de España, por las entidades Caja Madrid y Bancaja, empezando a operar el 1 de enero de 2011. Con la adhesión de La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia se procedía a conformar un gigante financiero, el principal banco español por negocio doméstico. El pasado 9 de mayo el gobierno central procedía a su nacionalización para evitar la quiebra.

Las circunstancias en torno a la creación de esta macroentidad bancaria, su desarrollo y su intervención, ponen de manifiesto hasta qué punto nuestro “Estado social y democrático de Derecho” y “la soberanía nacional” del pueblo español (Artículo 1; apartados 1 y 2 de la Constitución) están conculcados por las continuadas corruptelas y prácticas fraudulentas de las elites de los poderes institucionales y fácticos. El estallido de la “burbuja del ladrillo” aconteció en el año 2007. A día de hoy, las autoridades políticas y administrativas del Estado ni han averiguado hasta dónde llegan los fallidos en el sector bancario nacional, ni han exigido responsabilidades a los dirigentes de las entidades, ni han procedido a sanear el sector.

En el escandaloso caso de Bankia, que amenaza con comprometer al conjunto del sistema financiero, nadie con atribuciones habla de sanciones administrativas, civiles o penales ni para los dirigentes del la entidad, ni para los altos cargos del Banco de España, ni para los presidentes de los ejecutivos centrales y autonómicos implicados. Por lo visto, este fiasco nos ha caído del cielo. Y de que los accionistas de la empresa matriz de Bankia pierdan su inversión y se cierre el negocio, como ha ocurrido en las miles de empresas que han desaparecido desde que los bancos al cortar la financiación colapsaron la economía, eso, ni pensarlo. Mientras se aplican traumáticos recortes en los servicios públicos fundamentales que arrojan a la precariedad y a la exclusión socioeconómicas a millones de ciudadanos y ciudadanas y a sus familias, sostener el sector financiero con caudales públicos, pese a quién pese, es un dogma incuestionable para las fuerzas políticas neoliberales, mayoritarias en las instituciones públicas.

Esta mayúscula irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos y de los diferentes organismos del Estado es el requisito de las injustificables ventajas que los grandes conglomerados empresariales en el país consiguen, de la frecuencia con que incumplen los preceptos mercantiles y de la impunidad con que eluden sus responsabilidades tributarias. Las inmensas deudas financieras que acumulan, sobretodo, los partidos políticos con poder ejecutivo, las desaforadas condonaciones de créditos de las que se benefician periódicamente y a las abultadas donaciones que reciben para las campañas electorales explican, en buena medida, el por qué de esa extrema docilidad de los distintos ejecutivos con los más ricos.

Por ello, las prácticas abusivas y las comisiones ilegales de las grandes empresas, a pesar de las múltiples quejas ciudadanas y de las recriminaciones de la Unión Europea, hace ya mucho que se volvieron norma. Y así, los sucesivos informes de la asociación de inspectores de Hacienda sobre la gigantesca evasión de impuestos que se atribuye a las mayores empresas, caen sistemáticamente “en saco roto”. Tanto cuando gobiernan las cúpulas del partido “socialista”, como cuando gobiernan las del partido “popular”.

Por si fuera poco, desde principios de 2011, los presidentes de las 17 grandes multinacionales españolas (Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola) y el Instituto de la Empresa Familiar se han constituido en un grupo de presión empresarial, el Consejo Empresarial para la Competitividad. Su presidente ha calificado el Consejo de grupo de reflexión con un amplio conocimiento de las prioridades sobre las que se debe actuar para restaurar la confianza en el potencial de nuestra economía. ¡Lo que nos faltaba!.

(*) Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.

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CÁRITAS: CARA Y CRUZ (I)

Las Palmas de GC, 28 de febrero de 2012 / Artículo de Opinión / Xavier Aparici Gisbert (*)

Cáritas es el nombre que se da la confederación de entidades de acción caritativa y social de la iglesia católica en España. Instituida por la conferencia episcopal, tiene por misión la de “ser iglesia pobre y para los pobres. La dignidad inviolable de la persona y la total oposición a todas las formas de pobreza, opresión, injusticia y desigualdad social son los principios dirigentes de la labor de Cáritas Española”. Y, así, su lema es “Trabajamos por la justicia”.

Esa determinación de ser “iglesia pobre” conlleva que la mayor parte de los recursos de Cáritas Española provenga no de la propia institución religiosa, si no, principalmente, de donaciones y fondos privados y, también, de aportaciones públicas, en especial, de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas. Tiene en marcha un amplio conjunto de programas de acción. En concreto, la acogida, atención primaria y atención de base en las Cáritas Parroquiales - con más de 5.000 equipos de voluntariado-, forma la red de ayuda más extensa y poderosa de asistencia a personas en situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

Desde el año 1965, Cáritas también impulsa la fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) para conocer la situación social del país. El Informe Foessa de 2012, hecho público recientemente, es el primero en el que se aborda con perspectiva completa la actual situación de crisis. El documento, en su Editorial, recuerda que en el anterior Informe de 2008 ya se constataba que “ El intenso crecimiento acaecido en España entre 1995 y 2007 no se había traducido en una distribución más equitativa de la renta, ni en una disminución de la pobreza. Es decir, el crecimiento de esa etapa no estuvo acompañado de distribución, ni de una protección social más intensa, ni de soluciones a los graves problemas de integración social”.

En este informe también se afirma que “Es necesario afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión como un reto estructural, algo que ya venía siendo exigido por la «crisis social anterior a la crisis económica»”.

Cabe recordar que desde 1996 a 2004 la política general del estado estaba en manos de gobiernos del Partido Popular, con José Mª Aznar de presidente, y que, desde 2004 hasta noviembre de 2011, fueron gobiernos del PSOE, con José Luís Rodríguez Zapatero a la cabeza, quienes tuvieron las responsabilidades ejecutivas. Y que, ni unos ni otros gobiernos, se preocuparon por redistribuir los recursos económicos, ni por mejorar la situación de la población excluida para aminorar su empobrecimiento.

Los datos que se recopilan en informe, coincidentes con lo denunciado en otros ámbitos, son demoledores:

-la renta media de la población española ha descendido, añadiéndole la evolución de los precios, en un 9% entre 2007 y 2010. En ese mismo periodo, la distancia entre la renta del 20% más rico y del 20% más pobre, pasó a un valor del 6,9, casi cinco veces mayor que el de la media de la UE-15.

-la proporción de hogares por debajo del umbral de pobreza (7.800 euros al año, para una persona sola) es cercana al 22%, sólo superada en Europa por Rumanía y Letonia. El riesgo de pobreza está concentrado territorialmente en el suroeste peninsular y en Canarias.

-la tasa de desempleo de 2011, del 23%, más que duplica la de los 27 Estados de la UE. Aún así, los indicadores de gasto social, la inversión de recursos que favorecen la igualdad social, tanto en términos de PIB como per cápita, es 15 puntos inferior a media de los demás países del euro.

Ante esta notabilísima indefensión social ¿qué sería de nuestra ciudadanía más desfavorecida si no existiera el asistencialismo paliativo de Cáritas?

(*) Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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CONCIENCIA Y ACTITUD PERSONAL

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2012/ Opinión / Xavier Aparici Gisbert (*)

El término conciencia, procede del latín conscientia, que significa “conocimiento compartido”. Así pues, este concepto expresa algo más que el darse cuenta psicológico, el mero estar consciente. En su dimensión personal, la conciencia se refiere al auto conocimiento, a la facultad inteligente que nos posibilita tomar decisiones acertadas, hacernos cargo de nuestros actos y responsabilizarnos de sus consecuencias.

Con todo, saber lo que es beneficioso y perjudicial para nuestros modos de ser y nuestros objetivos vitales, es un asunto muy complejo y así se refleja en la historia cultural. Para cubrir el anhelo de los seres humanos de encontrar sentido a nuestras vidas y a nuestro mundo, sobretodo en la antigüedad, se elaboraron diferentes mitologías y credos religiosos y, más tarde, en la modernidad, se conjeturaron diversos sistemas ideológicos. El pretendido carácter sobrenatural y consolador de las concepciones transcendentes y la supuesta comprensión totalizante de las ideologías, aún perdurando, han ido perdiendo apoyo y fuerza en las culturas donde se valoran más el pensamiento crítico y el conocimiento experimental. Así, frente al “más allá” y las explicaciones “ideales” de los fenómenos humanos, han surgido nuevos modos de certidumbre mucho más modestos, pero bastante más intersubjetivos, es decir, más acordes con las facultades y capacidades comunes a todos los seres humanos.

Aún así, continuamos desarrollando nuestras personalidades insertos en conceptos y valores culturales, en muchos aspectos, convencionales y contradictorios. Y aunque, ciertamente, las actuales sociedades de nuestro entorno cultural se mueven -empleando los términos de Kant- hacia la “ilustración”, todavía permanecen lejos de ser “ilustradas”, si es que ello llegará a alcanzarse alguna vez.

Por lo demás, “tomar conciencia” requiere de algo más que inteligencia. Porque los seres humanos siempre somos –tanto en los aspectos biológicos, como en los sociales- con los demás y para los demás, nos desarrollamos en estrecha vinculación con otras personalidades con las que debemos pactar vías compartidas de “vida buena”. Y este es el ámbito de la ética.

La conciencia personal, para ser completa, requiere del ejercicio perseverante de las facultades intelectuales y de la práctica coherente de la sensibilidad moral. Estas destrezas son las que nos permiten prosperar hacia una comprensión clara e integral de nuestra condición y llegar a ser sujetos tan autónomos, como solidarios.

Por el contrario, la lucidez y la compasión, por separado o mal complementadas, tienden a extraviarse mutuamente y a crear monstruos de falso conocimiento y de entrega tramposa. Los expertos de las organizaciones llamadas “tanques de pensamiento”, mercenarios al servicio de grupos de presión antisociales, representan la indignidad de quienes instrumentalizan técnicas y saberes, desvinculándolos de sus responsabilidades públicas. Los activistas de la caridad y el socorro que no atienden a las causas del desposeimiento de los empobrecidos, muestran a las claras, las contradicciones de los asistencialistas miopes. “La verdad y el bien”, en asuntos humanos, no se dan desligados.

La conciencia auténtica y comprometida se empodera cuando se expresa en actitudes apropiadas. “La actitud es […] cierta forma de motivación social que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. […] la actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad humana.” (Wikipedia). Es decir, no toda conciencia “sabe”, no toda ética “quiere”, ni toda actitud “sirve”. Hay que cuidar los contenidos, los sentimientos y las formas, para conocer, amar y crear con coherencia y eficacia. A uno mismo y a los demás. Todo un reto, toda una misión, toda una obra. Pero ¿hay algo mejor en que emplear el tiempo en que estamos vivos?

(*) Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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¿NEOLIBERALISMO? NO, GRACIAS

Canarias, 14 de noviembre de 2011 | Opinión | Xavier Aparici Gisbert (*)

“La primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio estado democrático. Eso, en esencia, es el fascismo, la propiedad del estado por parte de un individuo, de un grupo, o de cualquier otro que controle el poder privado.” Esta reflexión política, aún resultando de plena vigencia en la actualidad, no es reciente: fue realizada en 1938 por Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945.

Roosevelt perteneció a la generación que tuvo que afrontar el Crack de 1929, el estallido bursátil del capitalismo “liberal” que provocó el hundimiento económico en Norteamérica y en buena parte de los países ricos de la época. Para salir de la inmensa ruina provocada por la primera gran crisis financiera del mundo moderno, este dirigente gubernamental optó por orientar las políticas públicas a la preeminencia de lo estatal en la economía, a la asistencia social, a la creación de empleo masivo y al control de la concentración financiera y empresarial, siendo sus gobiernos pioneros en procurar condiciones generales de bienestar a la población trabajadora estadounidense.

No obstante, su pretensión de definir como fascismo a la usurpación de la democracia por parte de intereses privados es válida solo como acepción genérica, no como descripción histórica. En ese contexto valorativo, resulta adecuado considerar, asimismo, que la dictadura neoliberal de los mercados es también fascista, es decir, es un autoritarismo antidemocrático al servicio de intereses privados, aunque, esta vez, la escala sea planetaria ¿De qué otra manera se puede definir la situación política actual en que la Comisión Europea y el conjunto de organizaciones políticas, económicas, bancarias y comerciales internacionales se imponen a gobiernos democráticos y constitucionales de Estados soberanos?

Los dirigentes del órgano rector de la Unión Europea, del Grupo de los 20, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio no están legitimados democráticamente pues no son elegidos en elecciones libres y directas por la ciudadanía de los países a los que representan. Estas entidades tampoco tienen fines democráticos, pues no son sus prioridades el bienestar del conjunto de la ciudadanía en su ámbito de influencia. Y en las últimas décadas se han ido coordinando de forma taimada hasta conformar un frente –pretendidamente todopoderoso- de imposición de las ideologías políticas y los intereses económicos propicios a las élites de poder internacionales, redes sociales privilegiadas que con sus enormes parcelas de poder fáctico pugnan -a la vista está- por objetivos profundamente clasistas y antisociales.

Tras los escaparates mediáticos y más allá de la propaganda y la retórica, el Neoliberalismo no tiene nada de nuevo, solo es el remoce amplificado y actualizado del liberalismo reaccionario: todo el poder de opresión social y toda la capacidad de explotación laboral al servicio del nudo dominio y del enriquecimiento materialista de los más ricos sobre el conjunto de sus semejantes en naturaleza y dignidad. Nada de democracia sustancial; nada de solidaridad económica; nada de proveer para el conjunto de los seres humanos, ni de prever la sostenibilidad en el futuro.

Hoy como nunca la cuestión es democracia auténtica o fascismo reeditado, solidaridad o barbarie.

La dignidad viene de la ciudadanía de a pié, que quiere vivir y dejar vivir, que está dispuesta a compartir los esfuerzos y los frutos; la brutalidad viene de los de arriba en la pirámide de poder, que pretenden mandar sin tino y poseer sin mesura. Como siempre.

(*) Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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LA POLÍTICA, ENTRE EL BIEN COMÚN Y EL CAMBALACHE.

Canarias, 28 de septiembre de 2011 | Opinión | Xavier Aparici Gisbert (*)

Empieza oficialmente la precampaña para las elecciones generales del próximo 20 de Noviembre. La casi totalidad de las organizaciones políticas que desean concurrir a las mismas, por no tener representación institucional en la legislatura que termina, se ven obligadas por la nueva reforma de la ley electoral, a afanarse en conseguir entre los y las ciudadanas electores, apoyos y firmas hasta llegar al porcentaje que ahora se exige en este Estado para poder participar en elecciones, supuestamente, “libres y democráticas”. Por ello, quienes creamos que la democracia se funda en el reconocimiento del pluralismo y en la igualdad de oportunidades de su expresión social, también estamos de precampaña, llamados a facilitar la participación de alguna de las opciones que lo precisen, aunque no vaya a ser nuestra elección política.

Mientras, los partidos políticos que han tenido cargos electos en el periodo que concluye, libres de ese requisito, inician sus estrategias mediáticas. El PSOE y el PP, en particular, vuelven a repetir su esperpéntica escenificación de la política democrática centrándose en provocar la adhesión emocional, acrítica y revanchista de la ciudadanía; en reducir el debate de ideas y estrategias a un “culebrón” de dimes y diretes y de “tú más que yo”. Y también volverán a procurar que el resto de las opciones políticas -muy inferiores en recursos, pero igual de legítimas- no entren en el “baile a dos” a que pretenden reducir las multiplicidad de las visiones de gobierno en liza, información que convendría que conociera la ciudadanía soberana para ejercer su elección con pleno conocimiento. Nada de eso: los actos públicos, la información general y la propaganda mediática estarán copados, por los de siempre, los cuales, repetirán el cambalache de pretender ser los más centrados de la izquierda y de la derecha y los únicos que saben lo que hay que hacer, aunque la reiterada experiencia de sus prácticas de gobierno lo niegue.

Así las cosas, el asunto de a quién votar resulta harto difícil. Pero no imposible. Por ejemplo, empezando por a quién no votar, quienes creamos que la ley que obliga a recoger el apoyo de los y las electores a unos sí y a otros no, es contraria a la ética democrática, con averiguar qué partidos la aprobaron ya tenemos un criterio. Quienes, creamos que el bipartidismo es contraproducente para la Democracia, ya tenemos otro. Quienes creamos que la reciente reforma de la Constitución es contraria a nuestro Estado social o que, en todo caso, se debería haber realizado una consulta de ratificación popular, pues ya podemos descontar a quienes la han votado y a quienes no han apoyado la iniciativa parlamentaria de pedir el referéndum ciudadano.

Pero, sobre todo, quienes nos consideramos demócratas, deberemos votar. Decidir, olvidándonos del voto “de castigo” y del voto “útil”. Simplemente, no dando nuestro apoyo a quién -según el criterio de cada uno- no se lo merezca y apoyando a quién -al parecer de cada cual- pudiera representar a la ciudadanía en la Administración de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Habrá que moverse del sillón, apagar la televisión y buscar donde nos podamos informar de las distintas alternativas en competencia. Y quien, después de eso, crea que lo que debe hacer es votar “en blanco” o votar “nulo”, para mostrar así su apoyo al sistema y su desinterés por la concurrencia, pues que lo haga.

Pero hay que participar, hay que pronunciarse, aunque nos dirán que votar así no sirve para nada. Es mentira: sirve para ejercer de demócrata. Lo otro es dar nuestro apoyo como lo hacen casi todos los políticos que nos gobiernan, por pura conveniencia. Y esto no va de elegir entre los que mandan, sino del interés general; ni de “hacer bulto”, más bien, de “una persona, un voto”. En fin, de democracia, aunque sea representativa.

(*) Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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